Cristina Kirchner se convertirá el próximo miércoles 18 de junio en la primera presidenta de Argentina presa por corrupción con una condena confirmada por la Corte Suprema. “Me presentaré en Comodoro Py [sede de los tribunales federales] para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, anunció el viernes en un largo mensaje publicado en sus redes sociales. El peronismo organiza para entonces una gran manifestación de apoyo. Es de esperar que la convocatoria esté a la altura de las circunstancias, con presencia de sindicatos, movimientos sociales y militantes de a pie.
La intención de la expresidenta es que su detención sea a la vez una demostración de fortaleza política tanto hacia afuera como hacia dentro del peronismo. El partido, que está dividido, ha encontrado ahora motivos para unirse tras el rechazo a la condena de su dirigente más influyente. Kirchner estará seis años detenida y no podrá ser nunca más candidata, porque perdió sus derechos políticos. Pero ahora no hay dudas de quién manda en ese espacio amplio y heterogéneo que hoy es la oposición a la ultraderecha de Javier Milei.
A más tardar el martes se sabrá si los jueces que la condenaron por corrupción envían a Kirchner a una cárcel común o le conceden arresto domiciliario. La expresidenta explicó en un largo escrito por qué se considera merecedora del beneficio. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal“, escribió.
La ley argentina establece además que los mayores de 70 años —la expresidenta tiene 72— pueden solicitar el cumplimiento de una condena en su casa cuando no hay riesgo de fuga. Los jueces del tribunal ya recibieron un informe técnico que consideró “apto” para la detención el piso en el que Cristina Kirchner vive en estos momentos en Buenos Aires. Desde que la Corte Suprema ratificó su condena el martes, la residencia de la exmandataria está rodeada por militantes peronistas que ella saluda desde un balcón a intervalos regulares.
Todo indica que los jueces aceptarán el pedido de la expresidenta. Kirchner dijo que no puede ir a una cárcel común porque necesita custodia permanente. “Fui presidenta durante dos periodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida. Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, dijo. La custodia está a cargo de la Policía Federal. Por ese mismo motivo, la defensa de la expresidenta pidió que no se le coloque tobillera electrónica. “Deviene completamente innecesario”, argumentaron sus abogados.
La cuestión de la seguridad es la que puede inclinar la balanza a favor de Kirchner. Ella misma recordó a los jueces que el 1 de septiembre de 2022, cuando era vicepresidenta de Alberto Fernández, intentaron asesinarla en la puerta de su casa. Sobrevivió al atentado porque el arma homicida se trabó y la bala quedó en la recámara.
“Fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como Vialidad, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió”, dijo, en alusión “la bala que no salió” aquel día. Fernando Sabag Montiel, el autor del magnicidio fallido, está detenido. El kirchnerismo reclama que se avance sobre los autores intelectuales del atentado, sin que la justicia haya encontrado aún pruebas que contradigan la hipótesis de que Montiel actuó solo, apoyado por su novia y un cómplice.
La Corte Suprema rechazó el martes todos los pedidos de Kirchner, la última chance que tenía para evitar la cárcel. Según los tres magistrados del máximo tribunal argentino, considerado por la expresidenta un “triunvirato títere”, la decena de jueces que la investigaron en la llamada Causa Vialidad cumplieron con todas las normas legales durante el proceso.
La investigación se remonta a sus años como presidenta de Argentina, entre 2007 y 2015. La justicia la declaró culpable de perjudicar al Estado argentino al conceder de manera irregular medio centenar de obras públicas a un empresario amigo, Lázaro Báez, en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. Según los tribunales, Báez retribuía “los beneficios indebidamente obtenidos” mediante negocios espurios con “las empresas familiares de la expresidenta”.
La atención política estará puesta ahora en el régimen de detención de Kirchner. Si va a una cárcel común, solo podrá recibir visitas dos veces por semana y bajo un estricto control de ingresos. Si finalmente se queda en su casa, su libertad de acción tendrá apenas restricciones. Podrá convertir su piso en Buenos Aires en una rémora de Puerta de Hierro, la casa madrileña desde la cual Juan Domingo Perón hacía y deshacía los destinos del peronismo durante sus 18 años de exilio y proscripción política.
