¿Cómo pueden las democracias liberales hacer frente al malestar social, la polarización política y al auge del autoritarismo? Si tuviésemos una respuesta, al menos, a las causas socioeconómicas del malestar, podríamos esperar que las batallas culturales que alimentan la polarización y el autoritarismo se hicieran más manejables.
Los economistas y los responsables de la política económica acostumbran a creer que la respuesta al malestar es el crecimiento económico y la productividad. Le atribuyen la virtud de traer buenos empleos, salarios elevados y mejores condiciones de vida. Esta visión fue válida durante los “treinta gloriosos” años que siguieron a la segunda guerra mundial. La economía industrial de esa época creó buenos empleos de clase media. Lo vi en mis padres, trabajadores en las factorías de la ría de Vigo. Unos empleos estables y unos salarios que, aunque no les permitieron hacerse ricos, sí fueron suficientes para, con mucho esfuerzo, construir una vida de clase media. Con esos buenos empleos, llegaron las amplias clases medias. Y con ellas, la democracia liberal.
En la etapa neoliberal de las últimas décadas, los organismos económicos internacionales y los gobiernos —conservadores y socialdemócratas— vendieron la promesa de que la hiperglobalización y los mercados libres traerían prosperidad para todos. Fue una promesa fallida. Las economías de las democracias liberales han crecido y aumentado la productividad, pero sus beneficios ya no alcanzan a toda la población. Los salarios reales se han desplomado, el trabajo se ha precarizado, las clases medias se han jibarizado, el malestar social ha explotado, y el apoyo a la democracia liberal se ha desplomado. Se ha roto el puente entre el crecimiento económico y la prosperidad compartida.
En nuestro país, este puente también está dañado. La evidencia nos la ofrece la Memoria socioeconómica y laboral 2024 elaborada por el Consejo Económico y Social de España (CES), institución que tengo el honor de presidir. Desde el punto de vista de la economía y el empleo, 2024 ha sido un año para recordar. El crecimiento fue mayor que el de las grandes economías europeas. Se creó más empleo y de mejor calidad. A diferencia de anteriores expansiones, ahora el crecimiento es más sano: viene acompañado de una mejora de los equilibrios macroeconómicos (balanza de pagos, déficit y deuda pública, inflación, endeudamiento). La productividad también mejora. Y las exportaciones tienen un mayor valor añadido. La economía española ha dejado de ser maníaco-depresiva: crece de forma más equilibrada y sostenible, y las crisis son menos profundas. Esta es la buena noticia.
La mala es que el crecimiento no se ha traducido en prosperidad para todos. El lector interesado puede encontrar en el capítulo III la evolución de todas las dimensiones que afectan a las condiciones de vida, protección e inclusión social: educación, salud, sanidad, cobertura desempleo, pensiones, pobreza, desigualdad de género, cuidados. La mayoría de esas dimensiones han mejorado, pero no de forma suficiente como para modificar las condiciones de vida en los hogares con menores ingresos. Además, dos aspectos vitales han empeorado de forma dramática: la pobreza infantil y el acceso a la vivienda.
Si el crecimiento por sí solo ya no mejora las condiciones de vida de todos , ¿qué podemos hacer para reparar el puente entre crecimiento y prosperidad? La Memoria del CES identifica tres aspectos en los que se puede incidir para repararlo.
El primero es buscar un crecimiento de mayor calidad. El malestar viene del paro y de los malos empleos. La economía tiene que crear buenos empleos para toda persona que, queriendo trabajar, esté en condiciones de hacerlo. ¿Qué actividades pueden crear buenos empleos? En el pasado fue la industria. Pero ahora la base de la economía ya no es la industria, sino los servicios (turismo, comercio minorista, salud, cuidados y otros). Representan más del 80% del PIB y del empleo. La industria sigue siendo estratégicamente importante, pero la mayor parte de los buenos empleos que necesitamos tendrán que venir de los servicios. Necesitamos una política industrial para los servicios. Transformarlos en actividades capaces de mejorar su productividad y crear buenos empleos. Mejorar la reputación y el atractivo para trabajar en ellos. En este sentido, las empresas han de invertir más en la formación del talento que necesitan. Un reciente Informe del CES demuestra que la formación dual es la “celestina” capaz de emparejar la necesidad de tener buenos empleos con la necesidad de las empresas de disponer de buenos trabajadores. Es eficaz tanto para la formación profesional como para la universitaria y, especialmente, para las políticas activas de empleo.
El segundo frente es mejorar las capacidades del Estado. No es suficiente con aprobar nuevas políticas y programas. Hay que tener capacidades administrativas de gestión e implementación de lo aprobado. La ejecución de los grandes fondos europeos Next Generation ha tenido en esto su punto débil. Sucede lo mismo con otras políticas sociales innovadoras. Por ejemplo, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, y del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Sólo benefician a un porcentaje muy reducido de las familias que lo necesitan. Esto hace que la pobreza infantil española sea la mayor de toda la UE. Algo impropio de un país como el nuestro. Una indecencia de la democracia española.
El tercer frente para reparar el puente entre crecimiento y prosperidad es la vivienda. La vivienda no es solo un cuello de botella que impide la movilidad de los trabajadores y frena el crecimiento y la creación de empleo; es también un enorme agujero negro que absorbe la mejora de ingresos que producen la economía y las prestaciones sociales. De nada vale que mejoren los salarios y las prestaciones sociales si la vivienda absorbe una gran parte de esos ingresos. Además, la falta de vivienda asequible cronifica la pobreza de la infancia y retrasa la emancipación de los jóvenes, con efectos devastadores para su tejido moral y su futuro. Por todo esto, la Memoria del CES, además de valorar las medidas orientadas a suavizar los costes del alquiler, defiende la necesidad de actuar por el lado de la oferta de vivienda. Para ello, propone un pacto de Estado centrado en la colaboración público-privada, el aumento de la oferta de suelo y la eliminación de la inseguridad jurídica en la que hoy se mueven la ordenación urbanística y las licencias para construcción de nueva vivienda.
Hoy, lo urgente es reparar el puente entre el crecimiento económico y la prosperidad compartida. Sólo así las democracias liberales podrán eliminar las causas socioeconómicas del malestar social y ganar la batalla a las nuevas formas de democracia autoritaria que se avistan en el horizonte.
