Una red de 191 ONGs criticó las ‘devastadoras’ consecuencias de la ‘extirpación contra las drogas’, como el encarcelamiento de más de dos millones de personas en el mundo por delitos relacionados con estupefacientes, y demandó cambios en las políticas antinarcóticos de la ONU.
Esta red de ONGs y organizaciones de 75 países, agrupada bajo el nombre de Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), difundió hoy un referencia que evalúa los cinco primeros abriles de la flagrante logística internacional contra las drogas, que será revisada en 2029.
En 2019 los Estados de la Comisión de Estupefacientes de la ONU adoptaron en Viena una revelación que promovía ‘una sociedad rescatado del desmán de drogas’ y se comprometieron a seguir trabajando para eliminar el cultivo, producción, tráfico y consumo de estupefacientes hasta 2029, cuando revisarán el progreso conseguido.
Las propias estimaciones de la ONU señalan que ese objetivo está más allá que nunca adecuado a que el mercado de las drogas, tanto las tradicionales como las sintéticas, está ahora en máximos históricos, hay más consumidores y más muertes relacionadas con su consumo.
Ann Fordham, directora ejecutiva de IDPC, criticó la poca importancia que los gobiernos le han donado al compromiso.
Estamos a porción de camino de la flagrante logística mundial de diez abriles sobre drogas, y aún no hubo ningún esfuerzo por parte de los gobiernos para realizar una evaluación seria. Los gobiernos no pueden seguir rehuyendo décadas de fracaso y deben corregir urgentemente el rumbo.
El documento del IDPC, titulado Fuera de curso: Crónica rotativo para la revisión de porción de período de la Manifiesto Ministerial de 2019 sobre drogas, utiliza datos de la ONU, estadísticas estatales y estudios académicos, para mostrar que el número de consumidores de estupefacientes ha pasado de 271 a 296 millones en cuatro abriles.
Por otra parte, las muertes relacionadas con el uso de drogas llegaron a 494 mil en 2019, con un aumento significativo en los fallecimientos por sobredosis, sobre todo en Estados Unidos adecuado al fentanilo, un potente opioide sintético.
Fentanilo decomisado por Estados Unidos. | Foto: Cuartoscuro
El referencia asimismo revela un incremento del 213% en las ejecuciones por delitos de drogas entre 2019 y 2022, y un aumento en el número de personas encarceladas por delitos relacionados con estupefacientes, que superó los 2 millones.
El reporte señala que el número total de personas encarceladas en el mundo ha seguido creciendo en los últimos cuatro abriles, pasando de unos 10 millones en 2019 a 11.5 millones en 2023.
Más de uno de cada cinco reclusos está encarcelado en el mundo por un delito relacionado con drogas y, adicionalmente, se estima que hasta 500 mil personas están sometidas a alguna forma de internamiento obligatorio por drogas y decenas de miles son retenidas contra su voluntad en centros privados de ‘rehabilitación’.
El referencia destaca adicionalmente la disparidad en la disponibilidad de medicamentos controlados, con más del 82% de la población mundial teniendo llegada a menos del 17% de la anestésico del mundo. Los países desarrollados son los que consumen la inmensa mayoría de la anestésico para cuidados paliativos y contra el dolor.
Por otra parte, sólo uno de cada cinco drogodependientes tiene llegada a tratamiento y existe una gran disparidad en la producción de atención médica entre países ricos y pobres.
Según el referencia, el fracaso de las políticas antidrogas de la ONU está generando un cambio en la percepción entero sobre la prohibición de las drogas y desde 2019 se ha duplicado el número de personas que pueden obtener legalmente a drogas controladas internacionalmente para uso no médico.
En los últimos abriles varios países como Uruguay, Canadá, Luxemburgo, Malta y 23 estados de EU han legalizado la saldo de cannabis con fines recreativos y otros países, como Alemania, tienen planes de regular asimismo su consumo.
Diego García-Sayán, exministro de Equidad y de Exteriores de Perú, denunció en el referencia.
A lo desprendido de mi carrera como abogado, árbitro y ministro, he manido de primera mano cómo las leyes sobre drogas han impulsado la violencia y el encarcelamiento en masa, especialmente de mujeres, minorías raciales y étnicas, y personas que viven en la pobreza.
‘Este referencia debería sentar las bases para un proceso de reforma profunda que abandone el ejemplo punitivo entero y proteja la sanidad, el bienestar y los derechos humanos’, concluyó.
(Con información de EFE)
