El tiempo corre y los intereses crecen mientras Argentina acumula un revés tras otro en la causa abierta en el sistema de justicia estadounidense por la expropiación de la petrolera YPF. Este lunes, un juzgado de primera instancia rechazó el pedido hecho por la defensa y mantuvo en pie la orden de transferir el 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado argentino a los fondos buitre que demandaron al país y obtuvieron un fallo favorable. El Gobierno de Javier Milei tiene un plazo de tres días para conseguir un acuerdo con los demandantes o entregarles las acciones de YPF.
La privatización de facto dictada por la jueza sería parte del pago de 16.100 millones de dólares al que fue condenado en 2023 el Estado argentino por no ofrecer el mismo trato a todos los accionistas en la nacionalización de la petrolera en 2012. De no ceder las acciones, el Estado argentino se arriesga a ser declarado en desacato. El Gobierno de Javier Milei ya ha apelado la decisión a la Corte de Apelaciones, pero no se sabe si se pronunciará antes de las 72 horas concedidas por la jueza Loretta Preska.
Preska, jueza del Tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, se pronunció este lunes contra Argentina por considerar que “no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el tribunal” en su fallo de dos semanas atrás. La Procuración del Tesoro, el organismo a cargo de la defensa argentina, había pedido que quedase en suspenso la orden de entregar las acciones con el argumento de que se produciría un daño irreparable, pero Preska subrayó en su escrito que “cualquier supuesto daño surge directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”.
El escaso margen concedido por Preska ponen a Argentina contra las cuerdas. Este martes hay prevista una reunión entre los abogados defensores y los de los fondos buitre, pero los expertos ven muy difícil que lleguen a algún acuerdo pese a la presión creciente de la Justicia contra el Estado argentino.
En el momento de la estatización en 2012, el 57,5% de YPF estaba en manos de Repsol, el 25,5% era de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía —dos sociedades españolas del grupo de la familia argentina Eskenazi— y el 17% estaba repartido entre inversores minoritarios. En 2014, el Estado argentino acordó pagar 5.000 millones de dólares a Repsol por el 51% de las acciones que le había expropiado.
Burford Capital, un fondo que se dedica a la compra de derechos de juicios de empresas quebradas para llevar a cabo denuncias por grandes sumas, compró en España gran parte de las acciones de YPF en manos de las sociedades insolventes del Grupo Petersen y se presentó ante la Justicia de Estados Unidos junto a Eton Park, uno de los accionistas minoritarios.
En 2023, Preska sentenció a Argentina a pagar 14.385 millones de dólares a Burford Capital y otros 1.714 millones a Eton Capital por considerar que el Estado argentino tendría que haber ofrecido el mismo trato que dio a Repsol al resto de los accionistas en el momento de la expropiación, tal y como establece el estatuto de YPF. De cobrar la indemnización, Burford se quedaría con el 70% de su parte y el otro 30% iría a las sociedades de la familia Eskenazi.
Preska dejó fuera del litigio a la petrolera, que conserva el 49% de las acciones en manos privadas. Eso significa que es el Estado quien debe asumir el pago si el fallo queda firme. A la cifra dictada por la jueza se le suman cuantiosos intereses, que se incrementan en dos millones de dólares por día.
El Gobierno argentino no está en condiciones de cumplir con la sentencia. No solo porque sus reservas internacionales están en numeros rojos, también porque la ley de estatización de YPF prohíbe al Ejecutivo transferir las acciones expropiadas sin previa autorización del Congreso.
Apelar hasta la última instancia
Los argumentos de las sucesivas defensas de Argentina —que han cambiado con cada uno de los tres presidentes de la última década— se han estrellado contra el muro de la Justicia estadounidense en primera instancia. El Estado demandado depende ahora de la Cámara de Apelaciones, pero ha anticipado que recurrirá al Tribunal Supremo si obtiene otro fallo desfavorable.
Argentina critica el monto de una indemnización que más que triplica el pago realizado a Repsol por el 51% de sus acciones e incluso supera el valor bursátil total de la compañía. Otro de los argumentos desestimados tiene que ver con el supuesto origen corrupto de las acciones por las que se pretende indemnizar a Argentina. Esta sospecha derivó en una denuncia ante la Justicia argentina en 2012 que nunca ha sido investigada y que apunta a la poderosa familia Eskenazi y a sus vínculos con los Kirchner, el matrimonio presidencial que gobernó Argentina durante 12 años: Néstor Kirchner entre 2003 y 2007, y su esposa, Cristina Kirchner, los ocho siguientes.
Los Eskenazi, dueños de negocios en el sector de la construcción y bancario, se hicieron con el 15% de YPF en 2008 y con un 10% adicional en 2011 sin hacer ningún desembolso por esas operaciones, ya que se aceptó que pudiesen pagar con los dividendos que cobraban de la misma compañía.
Si el ingreso de los Eskenazi a YPF hubiese sido irregular, la compra posterior que hizo el Fondo Burford estaría viciada de nulidad. La Justicia no ha mostrado interés por esclarecerlo: la denuncia lleva más de una década dormida en los tribunales argentinos. Solo ahora, cuando el tiempo apremia, ha comenzado a despertar: el fiscal Ramiro González ha solicitado medidas de prueba.
“Como mínimo hubo impericia en todo el proceso, sino estafa”, advierte el exsecretario de Energía Daniel Montamat, quien cree que tiene que ser objeto de una investigación exhaustiva por parte de la Justicia argentina. Montamat, que presidió la petrolera argentina a finales de los ochenta, dice que le llamó la atención que Repsol se dejase presionar para vender parte de sus acciones al grupo Petersen y fue muy crítico con la posterior expropiación, que acentuó la desconfianza de los inversores hacia Argentina.
La causa judicial en Estados Unidos ha desencadenado una dura disputa política a pocos meses de las elecciones legislativas. Milei acusó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, de ser el responsable directo del fallo adverso porque era el ministro de Economía en el momento de la nacionalización. Kicillof contraatacó al insinuar que Milei tiene vínculos con Burford y advertir que YPF no puede ser privatizada por un juez extranjero. El Gobierno argentino tiene pocas opciones. Por más que la Justicia estadounidense presione, necesita el apoyo del Congreso nacional para transferir esas acciones.
