Claudia Sheinbaum ha anunciado este sábado la creación de una comisión presidencial para poner en marcha los trabajos de la reforma electoral, cuyo encargado será el actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. La comisión tendrá que diagnosticar primero el estado en que se encuentra el actual modelo electoral y de partidos, según un comunicado publicado por el Gobierno, y después diseñar un nuevo sistema “que ponga al frente la democracia y el pueblo”, dice la nota. Los integrantes de dicha comisión serán presentados en los próximos días y su misión será coordinarse con los legisladores, académicos, expertos y ciudadanía para llegar a un análisis de la mejor representación popular y mecanismos de participación social.
Gómez es experto en esta materia, ha sido consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y artífice de otras reformas en esta materia ”para allanar el camino hacia la democracia” en México, se señala en el comunicado. El actual jefe de la UIF -oficialmente no se ha comunicado aún que deje ese puesto- es un hombre de trayectoria democrática arraigada en las luchas universitarias, en las revueltas del 68 fue detenido en Tlatelolco y pasó en la cárcel hasta 1971. Solo después acabó su licenciatura de Economía en la UNAM. Aquellos principios ideológicos le unen a la presidenta, que hasta la fecha le ha mantenido en el puesto para el que le nombró Andrés Manuel López Obrador.
Fue también el anterior presidente quien proyectó una reforma electoral que no contó con el visto bueno de la oposición. Se necesita modificar la Constitución para ello y por entonces los morenistas no alcanzaban por sí solos la mayoría calificada que se precisa para eso, por lo que fue imposible que saliera adelante. El presidente trató de aprobarla con mayoría simple, pero la Corte invalidó esa opción. Aquella reforma tenía dos puntos principales, la eliminación de los candidatos plurinominales, quienes no necesitan presentarse a las urnas, y una reducción de la financiación de los partidos, dos asuntos sensibles para los que no hay consenso, tan siquiera entre las formaciones aliadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde.
En previsión de una batalla legislativa que pudiera perder, Sheinbaum inicia los cambios desde abajo, con la creación de esta comisión presidencial y una consulta abierta a expertos y ciudadanía. Los aliados, imprescindibles para alcanzar el techo de votos, esperan que esta reforma salga por consenso, no por la imposición del grupo mayoritario en las Cámaras. Lo mismo solicita la oposición, descontenta igualmente con la eliminación de plurinominales y la rebaja en la financiación. La reducción del presupuesto del INE es otra de las amenazas que perciben los partidos tras el nuevo diseño del sistema electoral.
El partido oficialista acaba de pasar un fuerte desgaste con su reforma judicial, en virtud de la cual se ha celebrado la primera votación popular de jueces, cuya polémica pervive todavía hoy. Levantar otra polvareda política por la reforma electoral sería contraproducente para Morena con el horizonte de las elecciones intermedias de 2027. Y también para la presidenta, cuyo empuje partidista se mirará con lupa en esos comicios. En ese escenario se encuadra esta comisión presidencial que se plantea establecer debates previos a la presentación oficial de un texto legal.
Tocar el INE ha sido siempre fruto de grandes discrepancias y un elemento que ha unido fuertemente a los partidos de la oposición, aunque no lograron capitalizarlo en las pasadas elecciones de junio de 2024, en las que Morena se alzó con un enorme poder en todo el país. Pero la autonomía de este organismo y su presupuesto, que ha dado solidez a la democracia mexicana reciente, es un elemento que podría desencadenar el descontento de una buena parte de la ciudadanía y nuevas bazas a la oposición si no se alcanzan consensos previos.
Lo mismo ocurriría con otros puntos de la reforma planteados, como la eliminación de los puestos plurinominales, que se crearon para extender la representación popular en las Cámaras más allá de las ideologías partidistas, aunque el resultado no haya sido el deseable. Estas curules han servido en muchos casos para colocar a políticos a dedo cuyo arrastre electoral estaba en entredicho o servirse de los votos que proporcionaban algunas minorías sociales o religiosas. Aunque muchos están de acuerdo en ese diagnóstico, no comparten la eliminación de los plurinominales, sino que abogan por una modificación que devuelva el sentido original a estos puestos. En ese sentido se ha manifestado recientemente el diputado Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas en la Cámara baja.
Los partidos más pequeños temen también perder financiación, porque entienden que su salida de meta sería desventajosa. Antes de reducir los plurinominales, dicen en el Verde, es necesario resolver la equidad en la contienda electoral y esto pasa por ajustar la financiación. “Que un partido como Morena reciba 2.000 millones de pesos y uno como el nuestro, 800 millones supone una desventaja brutal en los recursos económicos”, criticó recientemente Arturo Escobar, líder histórico del partido Verde. Y también plantean mayor igualdad en los tiempos publicitarios a los que tienen derecho en radio y televisión.
Los recelos de los partidos parten de la reforma presentada en su día por López Obrador, en la que se incluía la extinción del INE para sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, organismo que se encargaría de forma centralizada de todos los comicios en el país, pero con la intervención del Gobierno, como ocurría antes de que el INE ganara su plena autonomía. Todo ello pone los pelos de punta a la oposición, que pasa sus horas más bajas. Aunque todos abogan por el consenso como elemento imprescindible, el primero que tendrá que ganar Sheinbaum será el de sus propios aliados, y el PT no está en las mejores relaciones con Morena, debido a su alianza en las elecciones que no se tradujo después en un reparto justo de los puestos obtenidos, según han criticado en numerosas ocasiones.
En ese río revuelto tendrá que navegar Pablo Gómez con esta nueva encomienda presidencial para que la reforma no choque de frente con propios y ajenos y dé pie a enfrentamientos que pueda aprovechar la oposición.
