Mientras trabajó llevando pasajeros para Lyft, Elías salía a manejar sin saber cuánto dinero ganaría. Tenía dos opciones: ponerse la meta de hacer ocho horas y conformarse con lo que sea que hubiera ganado en ese tiempo, o ponerse la meta de recaudar, por ejemplo, 100 dólares durante el día, sin importar cuántas horas le tomara. No tenía ninguna garantía. Ni de salario, ni de seguro médico, ni de protección contra los accidentes. Y menos de que volvería a su casa sin que lo detuviera inmigración. “Eso era lo peor”, dice. “Tú sales a trabajar y cualquier cosita puede ser el final. Un bombillo fundido, una curva mal dada, y ya te para la policía. Si no tienes papeles, te puedes joder la vida por cien pesos”.
Elías tiene 32 años, es cubano y llegó a Texas mediante el parole humanitario. Cuando la Administración Trump eliminó los beneficios que tenían las personas que entraron al país por esta vía, Elías perdió su permiso de trabajo y su licencia de conducir. Como muchos inmigrantes en situaciones similares, decidió ganarse la vida con una cuenta rentada en la app de Lyft, sin estatus legal, con miedo. “Las aplicaciones esas no te dan nada. Son una trampa. Pero es lo que hay”, dice.
Aunque no hay cifras exactas, se estima que entre 3,5 y 4,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos trabajan con aplicaciones como Uber, DoorDash o Lyft. Datos del Pew Research Center y McKinsey aseguran que un 45% de quienes trabajan en estas plataformas son inmigrantes. En Nueva York, la cifra puede llegar al 90%, según el Independent Drivers Guild. Este tipo de empleo se conoce como gig economy. Muchos lo toman como una manera de obtener ingresos extra. Otros, como forma de supervivencia.
Ahora, además, la política antiinmigrante que promueve el presidente Donald Trump, les pone un grado extra de vulnerabilidad. Varios choferes latinos cuentan a EL PAÍS que se sienten más expuestos a ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras trabajan para estas aplicaciones que si estuvieran en un centro laboral común.
“Yo estaba haciendo eso porque no tenía otra cosa. Era mi única entrada. Pero no se puede vivir así, el día entero en la calle sabiendo que si te para la policía te pueden deportar”, señala Elías, quien pidió ocultar su nombre real por miedo a las autoridades de inmigración. De hecho, todos los repartidores entrevistados para este reportaje pidieron que se protegiera su identidad por temor a represalias.
“Tienes que manejar de tal forma que más o menos pases desapercibido”, opinó un venezolano de 21 años. “Estás todo el tiempo a riesgo de que te cojan”. Otra venezolana de 25 años afirmó que dejó de hacer Uber Eats por el temor: “Conozco gente que han deportado porque los pararon manejando. A mí no me han parado nunca, pero es mejor no arriesgarse”.
La culpa la paga el trabajador
Según el Pew Research Center, en 2021, un 16% de los adultos estadounidenses había ganado dinero alguna vez mediante estas aplicaciones, y al menos un 9% lo había hecho durante ese año. La flexibilidad es una de las razones más comunes que atrae a la gente a este tipo de trabajos, aunque en realidad ofrecen beneficios limitados. De acuerdo con el estudio, el 23% de los trabajadores de estas plataformas asegura que dependen de ellas para cubrir sus necesidades básicas. Mientras, el 35% las considera una fuente importante de ingresos, aunque no necesariamente la única.
La gran mayoría de ellos hacen el trabajo bajo condiciones deplorables. “No tienes vacaciones ni días libres ni nada. Y si le pasa algo al pasajero, tú eres el responsable. La aplicación no responde por eso”, asegura Elías.
Un informe reciente de Human Rights Watch señala que empresas como Amazon, Flex, Uber y Lyft imponen condiciones de trabajo opacas, desiguales y, muchas veces, abusivas. Los trabajadores, clasificados como “contratistas independientes”, no cuentan con garantías fundamentales como el salario mínimo, el seguro médico o la compensación por accidentes laborales.
Antonio, un colombiano que reparte paquetes en Amazon Flex desde hace dos años, cuenta que una vez, mientras trabajaba, se le rompió el carro. “Tuve que llamar a la grúa y pagar el arreglo y pagarlo todo. Lo único que me dijo el soporte técnico fue que entregara los paquetes al día siguiente antes de las 10 de la mañana. Me pagaron como si hubiese entregado el bloque en tiempo. Pero no me dieron ningún apoyo”.
En el caso de Amazon Flex, cada paquete tiene un código de barras que debe ser escaneado al recogerlo en el almacén. A Antonio le ha pasado que, al llegar al destino que le marca la aplicación, no tiene la caja que debe entregar. “En esos casos le avisas al soporte técnico y te lo quitan de la ruta. Pero el cliente puede decir que no recibió el pedido y ahí empieza el problema, porque te pueden poner un señalamiento y bajarte de categoría”, explica.
Uno de los puntos más preocupantes para Human Rights Watch es el uso de algoritmos que asignan tareas, fijan tarifas y penalizan comportamientos sin ninguna transparencia. Esta falta de información deja a millones de personas en una posición inestable, donde la culpa siempre la paga el trabajador.
Según Antonio, su calificación como chofer de la aplicación ha sufrido por razones fuera de su control. Ya no es “excelente”, sino “bueno”. “El día de mañana”, explica, “si tengo otro problema, me pueden bloquear. Y ya no puedo trabajar más en eso”. “Gente que conozco se han quejado de que les cancelaron la cuenta sin motivo, de que los penalizaron por cosas que no son culpa de ellos. Y siempre es uno el que sale perdiendo. El que siempre pierde es el chofer”, añade.
Para hacer frente a estas condiciones, un proyecto de ley presentado ante el Senado federal a finales de julio pasado propone que estas plataformas digitales emitan informes de pago cada semana, donde incluyan las horas trabajadas, el pago por hora, los descuentos aplicados y el porcentaje que retiene la empresa. También propone que se les obligue a entregar reportes públicos al Departamento de Trabajo. Por primera vez, el proyecto, llamado Ley de Empoderamiento de los Trabajadores Basados en Aplicaciones, establecería derechos y transparencia para quienes trabajan en estas aplicaciones. Sin embargo, dado el control que tiene el Partido Republicano en ambas cámaras, la propuesta tiene pocas posibilidades de salir adelante.
Un salario digno
Antonio vive en Texas y tiene 58 años. Lo despidieron de su antiguo trabajo porque no hablaba suficiente inglés, así que comenzó en Amazon Flex con la idea de establecerse su propio horario. Según cuenta, intenta completar dos tandas de entrega cada día, de aproximadamente cuatro horas cada una. Pero es difícil encontrarlas.
Se despierta a las cinco de la mañana para refrescar compulsivamente la aplicación, a ver si le cae una oferta donde le paguen, al menos, un dólar por cada milla recorrida. “No es tan sencillo”, explica. “Si tienes suerte, agarras un bloque de 120 o 130 dólares. Si no, te llevas el básico”.
En promedio, maneja ocho horas diarias. Eso le reporta, como mucho, 130 dólares por jornada. Pero no siempre es así. Hay días donde ni siquiera agarra un bloque. Además, “la aplicación no te deja trabajar más de 40 horas a la semana. Eso es lo máximo que puedes hacer, aunque quieras más”.
Al final, cuando descuenta gasolina, mantenimiento y rodamiento del carro, la ganancia que le queda es mucho menor.
Según una encuesta de Human Rights Watch, en Texas, los trabajadores de estas aplicaciones ganan, en promedio, 5,12 dólares la hora. “Aproximadamente un 70 % por debajo de un salario digno”, asegura la organización.
“En un día bueno yo me sacaba 120 dólares. Pero si calculas, lo que te queda es poco. Entre la gasolina, comer en la calle y todo eso, me salía en siete u ocho dólares la hora”, apunta Elías al respecto. “Yo trataba de buscar un dólar por milla. Pero casi nunca te daban eso. Te daban menos. Y también a veces aceptabas una carrera buena, y te la tumbaban por el camino. Te dicen que la va a coger otro chofer. Y tú ya gastaste gasolina y tiempo”.
Elías dejó Lyft hace unos meses por miedo a la actual política migratoria, aunque, según dice, le gusta llevar pasajeros y volvería a hacerlo si tuviera mejores condiciones. Por eso, dice que apoya el nuevo proyecto de ley en el Congreso, el cual, entre sus propuestas, establece que el trabajador debe recibir, al menos, el 75% de la tarifa pagada por el cliente. A Antonio también le parece buena idea, aunque no cree que vaya a cambiar nada en caso de que fuera aprobada. “Las plataformas siempre van a buscar la forma de seguir ganando más y pagando menos”, opina. “Como dije, al final quien siempre pierde es el driver. Somos los que ponemos el carro, el tiempo y todo. Y no tenemos ni a quién reclamarle”.
