La Cámara de Diputados ha aprobado este martes en lo general la reforma a la Ley de Amparo promovida por la presidenta, Claudia Sheinbaum, gracias a la mayoría aplanadora morenista y a sus aliados parlamentarios, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pese a las acusaciones de “fraude” de la oposición. La controvertida iniciativa ha salido adelante, a la espera de que los legisladores presenten sus reservas ―y algunas se anticipan controvertidas, como la reescritura de la cláusula de retroactividad―, con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones. En este último grupo se encuentra una diputada de la propia bancada oficialista y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, que en la misma línea que los expertos advirtió la tarde anterior de que la redacción de la nueva norma, en su opinión, “restringe el acceso a la justicia constitucional”. A pesar de las numerosas resistencias, la reforma del oficialismo está un paso más cerca de la meta final.
El visto bueno de la Cámara revisora, no obstante, no llegará hasta que se hayan votado las reservas particulares, que auguran los mismos choques que los escenificados en el Senado. A última hora, los diputados oficialistas han sembrado una triada de cambios ―dos en el cuerpo del articulado y uno entre los artículos transitorios― que se alistan para aprobar en la discusión en lo particular. Estas modificaciones vuelven a tocar el proyecto en puntos esenciales y reviven en esencia lo aprobado por la Cámara alta, es decir, la polémica cláusula de retroactividad que fue introducida, con el mismo mecanismo que planean ahora, por el senador morenista Manuel Huerta. El artículo transitorio había sido desechado por las comisiones del Senado y forzó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, que conminó a la Cámara Baja, encargada de la revisión, a enmendar la redacción, contraria al artículo 14 de la Constitución.
La Cámara de Diputados anunció que volvería al planteamiento inicial de Sheinbaum, que dictaba que los asuntos en trámite se regirían por la normativa vigente al momento de su inicio y no por la nueva reforma, como quedó establecido en la reserva de Huerta. Así se aprobó este lunes en comisiones y así lo ha votado el Pleno este martes, pero la polémica que parecía solventada vuelve al centro de la discusión. El diputado morenista Hugo Eric Flores ha inscrito una propuesta de cambio en la redacción del precepto de la discordia que recupera la sugerencia que hizo el asesor jurídico de la presidenta Arturo Zaldívar y que busca aplicar la nueva norma a los actos nuevos de procesos ya iniciados.
De acuerdo con los expertos, este galimatías abriría la puerta a la interpretación para aplicar a voluntad la retroactividad. Desde la Consejería Jurídica de la presidencia, que dirige Ernestina Godoy, han iniciado un tira y afloja “para quitarle lo barroco” a la propuesta de modificación y evitar que se preste a suspicacias e interpretaciones, de acuerdo con legisladores cercanos a las negociaciones. En las antípodas políticas, la oposición le ha puesto nombre y apellido a la voltereta que ha dado el oficialismo al proyecto. “Se trata de una chicanada legislativa”, se escucha desde la bancada panista. Al cambio más importante le siguen dos más, no menos importantes, que tienen que ver con el otorgamiento de permisos y concesiones y con la definición del interés social.
Mientras tanto, el debate sobre el dictamen que aprobaron este lunes las comisiones de la Cámara Baja ha seguido su curso ajeno al huracán que se avecina de nuevo con las reservas. El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, ha defendido la iniciativa como una respuesta a “las nuevas realidades del país, a un Estado que debe ser fuerte para garantizar derechos y a una sociedad que exige transparencia, eficacia y acceso digital a la justicia”.
En su intervención, Moreno ha deslizado que el “Poder Judicial debe actuar con prontitud y sin obstáculos artificiales”, ilustrando el choque entre lo que el oficialismo considera un impedimento u “obstáculo” y lo que la oposición y los especialistas consideran que es el corazón del recurso de amparo, la herramienta con la que los ciudadanos se defienden de los abusos de las autoridades: por un lado, la amplia consideración de la noción de interés legítimo, que permite a colectivos presentar demandas frente a la visión más restrictiva que promueve la iniciativa y, por otro, la potestad del juez para suspender los actos reclamados en el juicio de amparo mientras se resuelve su fondo, habida cuenta de que el impacto puede ser irreversible.
Desde el opositor PAN, Germán Martínez Cázares ha calificado la reforma de “fraude parlamentario a la verdad y a la justicia con consecuencias internacionales”. “Ahora buscan ablandar la defensa de los derechos humanos. Acusar el interés legítimo y restringir el acceso a la suspensión del acto autoritario es una estafa”, ha dicho con dureza, un tono que también ha empleado el diputado priista Jericó Abramo Masso, que ha acusado al oficialismo de parecerse “al peor momento de control autoritario de la historia moderna de México”. “Se están pareciendo más a las mayorías de los 70 y los 80 que a las mayorías democráticas que deberían representar”, ha lanzado.
Las audiencias públicas convocadas por sendas Cámaras, de mayoría oficialista, no le han ahorrado a Morena las acusaciones de autoritarismo y de recurrir a la apisonadora legislativa, a veces con técnicas poco transparentes, como la de las reservas a los dictámenes, que son discutidos y votados con una redacción solo para ser modificados a última hora con apéndices que no estaban contemplados en los textos sometidos a la discusión previa, más pausada. Los especialistas consiguieron arañar algunos cambios en los foros que convocó el Senado, aunque no los suficientes como para satisfacer sus demandas o ahuyentar sus mayores temores. Los foros de la Cámara Baja no han tenido ninguna consecuencia real, pues el objetivo de la reforma es claro y el oficialismo no va a renunciar a ningún punto que lo aleje de él.
Sheinbaum necesita encontrar nuevas fuentes de recaudación que le permitan mantener a flote los programas sociales que vertebran su proyecto político sin implementar una reforma fiscal de la que reniega. Hay dos billones de pesos atorados en los tribunales por casi 200.000 créditos firmes impugnados. Esta reforma busca poner fin a las técnicas dilatorias que han llevado a ese atoramiento. La presidenta lo ha explicitado en cada conferencia mañanera y esta tarde le ha sido devuelto en forma de reproche desde la bancada del PRI. “Es una reforma fiscal encubierta en una reforma de amparo para hacer que se incremente la hacienda pública debido al gran boquete financiero heredado del pasado sexenio. Eso no es para afectar a los poderosos, es para afectar al 75% de las empresas ―micro, pequeñas y medianas― de nuestro país”, ha espetado Abramo Masso. La Cámara de Diputados imprimirá este martes su sello a la reforma, que le será devuelta al Senado para su aprobación final. Mientras tanto, el oficialismo sigue devolviéndose la pelota internamente y autoenmendándose la plana con cada paso.
