El debate sobre la financiación autonómica ha vuelto a situarse en el centro del análisis territorial. Lo hace después de más de una década sin aplicarse la revisión quinquenal del Comité Técnico Permanente de Evaluación, prevista en la normativa para elevar posibles propuestas de modificación al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La favorable evolución de los recursos del sistema tras la salida de la crisis financiera —con un crecimiento medio anual del 4,5% en los ingresos autonómicos y un comportamiento muy dinámico pospandemia— ha contribuido a aplazar la negociación, siempre compleja, de una reforma reconocida como necesaria.
Aunque la viabilidad de la propuesta de Hacienda aún no está clara, el esquema introduce elementos que permitirían corregir algunas anomalías estructurales. La más relevante sería el avance hacia una mayor convergencia en los resultados de financiación por habitante ajustado, dado que el modelo actual mantiene diferencias significativas entre comunidades. Los mecanismos de nivelación propuestos permitirían atenuar las desigualdades persistentes y aumentar la homogeneidad en los resultados finales.
No obstante, permanecen cuestiones abiertas que condicionarán la negociación. Entre ellas, la definición de la recaudación normativa de los tributos cedidos. Las diferencias actuales entre recaudación normativa estimada y recaudación real podrían generar divergencias relevantes entre territorios si no se abordan con precisión técnica.
La experiencia acumulada en reformas anteriores muestra que los procesos negociadores suelen prolongarse y dar lugar a ajustes con beneficiarios diversos. En esta ocasión, el peso reducido de la población ajustada sitúa el foco de la negociación en la intensidad de la nivelación y en el diseño de los fondos adicionales.
Por otra parte, la futura negociación no debería desligarse del proceso de condonación de deuda, actualmente en marcha, que aliviaría parcialmente la presión sobre el gasto autonómico. Los intereses de la deuda quedan fuera del gasto computable sujeto a la regla de gasto, que constituye la base operativa del nuevo marco fiscal comunitario tras su reciente reforma.
En este contexto, el Programa Fiscal a Medio Plazo obliga a respetar las sendas de gasto primario establecidas y concluye en 2027, justamente el ejercicio en el que las comunidades autónomas empezarían a percibir el impacto positivo del nuevo modelo de financiación y la liquidación del sistema todavía vigente.
Ese mismo año, la Administración Central afrontará un escenario más exigente para sus cuentas públicas. A las obligaciones derivadas del nuevo marco fiscal se sumarán presiones crecientes sobre el gasto, entre ellas, la necesidad de incrementar de forma sostenida la inversión en defensa y el impacto de los cambios demográficos sobre el sistema de pensiones. Un contexto que condicionará la capacidad de maniobra del Estado precisamente en el momento en que debería acompañar la reforma del sistema de financiación autonómica.
