En México, la ley reconoce que el acceso a las playas debe ser libre y gratuito, pues son bienes nacionales destinados al uso común. Sin embargo, en la práctica, este derecho se vulnera en forma sistemática: se documentan accesos bloqueados, cobros indebidos y ocupaciones por parte de desarrollos turísticos que, mediante distintos mecanismos, limitan el uso colectivo de las costas. Por ello, recientemente presenté una iniciativa para cerrar estos vacíos normativos y garantizar que el principio constitucional de acceso público se cumpla de manera efectiva, estableciendo reglas claras, la obligación de habilitar accesos funcionales, la prohibición expresa de cobros y mecanismos de vigilancia que permitan a la ciudadanía ejercer plenamente su derecho a disfrutar del litoral.
Un problema actual
Aunque el acceso libre y gratuito a las playas es un tema que preocupa a todo el país, en algunos destinos turísticos se ha vuelto un problema más evidente. Un claro ejemplo es Tulum, en el estado de Quintana Roo, que se convirtió en un símbolo de esta situación: espacios que antes estaban abiertos para todas y todos hoy se encuentran sujetos a cobros y barreras físicas que limitan su uso. La disputa no es menor, pues está en juego decidir si los espacios naturales, que por ley pertenecen a toda la nación, deben seguir siendo accesibles para todas las personas o si es válido restringir su ingreso en beneficio de desarrolladores turísticos que, en muchos casos, incluso utilizan en forma indebida argumentos ambientales para justificar controles y barreras que terminan excluyendo a amplios sectores de la población.
Durante los últimos años, Tulum pasó de ser un destino emergente para convertirse en un punto central del turismo internacional. Este proceso vino acompañado de una acelerada expansión inmobiliaria, la llegada de megaproyectos turísticos, un aumento desproporcionado en el valor del suelo y una creciente presión sobre los territorios costeros. En este escenario, las playas se convirtieron en uno de los espacios más disputados. Lo que antes eran zonas accesibles y de uso común hoy están cercadas por hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, complejos habitacionales cerrados que, amparados en argumentos de conservación o gestión, han impuesto tarifas y barreras al libre tránsito.
Naturalmente, lo que ocurre en Tulum no es un caso aislado. Situaciones similares, con sus particularidades, se repiten en distintas zonas costeras del país. En estados como Baja California, Veracruz, Yucatán y Oaxaca se observan patrones de exclusión cada vez más frecuentes: playas privatizadas de facto, accesos bloqueados por desarrollos turísticos o inmobiliarios y restricciones arbitrarias.
Así, en los últimos meses se han documentado casos que evidencian abusos relacionados con esta problemática. El pasado mes de mayo se llevó a cabo la liberación de tres accesos a las zonas costeras: dos en El Pescadero y uno en Cerritos, en La Paz, Baja California Sur. En estos puntos se había detectado el bloqueo con piedras y otros objetos, además de la instalación de una caseta que buscaba cobrar por el acceso a la playa.
De manera similar, en la comunidad de Santa María Colotepec, Oaxaca, se presentó el caso de una mujer que intentó bloquear el acceso a la playa El Tomatal, colocando postes de concreto en un camino público, con el fin de delimitar su terreno. En San Carlos, Sonora, otro destino turístico, algunos concesionarios implementaron un cobro de entre 50 y 100 pesos a las personas visitantes, para poder acceder a las playas, argumentando que los caminos que permiten su ingreso atraviesan terrenos de propiedad privada.
Nayarit constituye otro caso reciente de reportes ciudadanos sobre restricciones al acceso libre a playas y las denominadas “ventanas al mar”. Un ejemplo específico se presentó en Playa Litibú, en el municipio de Bahía de Banderas, donde un funcionario presenció un intento de obstrucción al área costera e intervino para impedir la acción abusiva.
En respuesta, distintos sectores de la población —residentes nacionales, trabajadores del sector turístico, colectivos ciudadanos y personas defensoras del territorio— han manifestado su inconformidad a través de protestas pacíficas y acciones organizadas. Exigen la reapertura gratuita de las playas y el respeto al derecho de libre acceso a la zona costera, tal como lo establece la Ley General de Bienes Nacionales desde 2020. No obstante, hasta ahora no se ha logrado una solución que restituya plenamente ese derecho tanto para la comunidad local como para las y los visitantes en general.
Un referente posible: la Ley de Costas española
Frente a un problema que, por cierto, no es exclusivo de México, la Unión Europea considera la protección del acceso público y gratuito a las playas un componente esencial en la gestión territorial de las zonas costeras. Este derecho no se limita a una cuestión social o turística, sino que se concibe como parte del patrimonio legal común, destinado a garantizar el uso colectivo y el disfrute equitativo de los bienes naturales por parte de toda la población. En este contexto, la Ley de Costas de España (Ley 22/1988) se destaca como uno de los marcos normativos más claros y avanzados en materia de regulación costera.
Esa legislación española establece, en términos explícitos, que “el uso común de las playas será libre, público y gratuito”. Esta disposición no es un mero enunciado; sino un mandato legal con efectos vinculantes para todas las autoridades y actores que intervienen en la gestión del litoral. La ley define el litoral como un espacio público, inalienable y no susceptible de privatización, lo que garantiza que las playas permanezcan abiertas al disfrute general. Además, impone la obligación de conservar y proteger los accesos públicos, impidiendo que desarrollos inmobiliarios, concesiones o intereses privados limiten o condicionen la entrada de la ciudadanía.
Un aspecto destacado de esta ley es que integra la protección ambiental con el acceso social. El litoral español está sujeto a una zonificación que contempla la conservación de ecosistemas sensibles, pero sin que esta conservación se utilice como excusa para restringir injustificadamente el acceso público. Por el contrario, la ley establece criterios claros para que la gestión ambiental y la preservación ecológica convivan con el uso recreativo y el acceso libre. De este modo, se impulsa una gestión sostenible del litoral que no solo resguarda la biodiversidad, sino que también garantiza la función social y cultural de las playas.
La ley también ha jugado un papel fundamental para frenar la presión inmobiliaria y turística que, durante mucho tiempo, puso en riesgo el acceso libre a las playas. Mediante herramientas como la delimitación de la zona marítimo-terrestre y la declaración de dominio público marítimo-terrestre, se establecen límites claros para proteger estos espacios públicos frente a intentos de privatización. Cuando se detectan irregularidades, la ley contempla sanciones y la cancelación de usos indebidos, lo que fortalece la garantía del acceso libre para todas las personas.
En contraste, México aún enfrenta grandes desafíos en este tema. Aunque la Constitución reconoce que las playas son bienes nacionales de uso común, no existen leyes claras y efectivas que garanticen el acceso libre y gratuito para todas las personas. Esta insuficiencia legal, que requiere atención normativa, ha abierto la puerta a la exclusión y a la privatización encubierta de espacios que deberían ser patrimonio accesible para todas las personas.
Una solución equilibrada para México: acceso libre con regulación responsable
Frente a las crecientes barreras que limitan el acceso libre a las playas y a las áreas naturales protegidas en México, resulta urgente repensar el marco legal vigente. Por ello, considero necesario reformar tanto la Ley General de Bienes Nacionales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el propósito de incorporar principios claros y mecanismos eficaces que garanticen un acceso público, equitativo e incluyente a estos espacios que, por ley, pertenecen a todas y todos. La medida que he propuesto contempla tres acciones fundamentales:
- Reconocimiento explícito del derecho al acceso libre, gratuito y garantizado a las playas del territorio nacional. Es fundamental reafirmar que todas las personas, sin distinción de origen, nacionalidad o condición socioeconómica, tienen derecho a disfrutar de las playas sin enfrentar cobros, barreras físicas ni controles arbitrarios.
- Establecer la obligación de garantizar al menos un acceso público funcional por cada tramo de litoral. Dicho acceso no debe ser simbólico ni intransitable; debe contar con infraestructura adecuada, señalización visible y condiciones de seguridad, además de estar libre de cobros indebidos.
- Garantizar que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) bajo jurisdicción federal ofrezcan al menos un día a la semana de entrada gratuita. Se trata de una medida que busca equilibrar la preservación con el acceso social. Indudablemente, las ANP cumplen un papel central en la conservación del patrimonio natural del país, y su protección sigue siendo prioritaria. Por ello, la propuesta establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá garantizar al público general un acceso gratuito semanal, preferentemente los domingos o días festivos, con el propósito de fortalecer el uso social y comunitario de estos espacios, sin comprometer en ningún momento los objetivos de conservación. Así, la iniciativa no desconoce la necesidad de salvaguardar las ANP, sino que subraya que la protección no puede convertirse en un pretexto para privatizar o limitar el disfrute colectivo de bienes nacionales, ni en una excusa para excluir a quienes, por ley, deben tener garantizado el acceso a estos espacios.
Reforzar el acceso al litoral: acción necesaria
Las reformas que presenté buscan proteger los derechos de las comunidades locales, fomentar el turismo social y garantizar el acceso igualitario al patrimonio natural del país. No se trata solo de facilitar el esparcimiento, sino de reafirmar que los recursos naturales son bienes de la nación y que el Estado debe asegurar su disfrute en condiciones de equidad. Para ello, es indispensable contar con mecanismos legales e institucionales eficaces que aseguren su cumplimiento.
Actualizar el marco legal —en particular las dos leyes generales mencionadas— permitirá garantizar que estos bienes, por su carácter público, se mantengan accesibles y abiertos a todas las personas. Y sí, la intención es frenar la privatización encubierta del litoral, pero también establecer mecanismos claros de vigilancia, revisar ocupaciones irregulares y fortalecer el papel del Estado como garante del interés colectivo. Legislar en esta dirección significa reconocer que el acceso a esos espacios es un derecho que debe ser protegido, y avanzar hacia una relación más justa y sostenible entre la sociedad y su territorio.
