Durante la tercera diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla, se han extraído más de cien fragmentos óseos, una botella y restos posiblemente humanos hallados debajo de un supuesto memorial, informaron integrantes del Colectivo de Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla.
Sin embargo, persisten dudas sobre la confiabilidad de las muestras genéticas, lo que podría impedir que las víctimas alcancen justicia.
Estas fosas, situadas dentro del panteón municipal “Pedro Amaro”, fueron utilizadas por la Fiscalía de Morelos para inhumar cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas por sus familiares.
A pesar de que el proceso de exhumación fue ordenado judicialmente, la intervención se realizó de manera irregular, sin respetar el Protocolo de Exhumación, lo que ha generado alarma entre los colectivos de búsqueda.
La intervención en las fosas comenzó en 2017, luego de la presión de los colectivos de víctimas y una orden judicial, pero fue hasta el pasado 6 de noviembre cuando la Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezada por Uriel Carmona, reinició los trabajos de exhumación, sin la participación de otras instituciones, lo que encendió las alertas entre los colectivos de víctimas, quienes exigieron la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional en el proceso.
Foto: Estrella Pedroza
Además, pidieron una audiencia con la gobernadora Margarita González Saravia, quien, hasta el 15 de noviembre, no había concedido una reunión con las familias afectadas; en su lugar, ha sido la subsecretaría de gobierno la encargada de atender a las buscadoras, comprometiéndose a garantizar la transparencia del proceso.
A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en el sitio, según Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao —un joven secuestrado y asesinado cuya desaparición permitió el hallazgo de las fosas de Tetelcingo—, aún no se ha tomado ninguna muestra genética en el campo de exhumación, lo que complica la identificación de las víctimas.
Además, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) aún no ha definido qué laboratorio se encargará de realizar los perfiles genéticos, un paso crucial para la justicia.
Uno de los principales cuestionamientos de los colectivos es la falta de personal especializado; a la fecha, no se ha incorporado un equipo de antropólogos que certifique si los restos encontrados corresponden a seres humanos, lo que es fundamental para evitar posibles contaminaciones del proceso de identificación.
Los colectivos denunciaron que la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos ha enviado personal sin el perfil académico adecuado, como abogados, periodistas y contadores, quienes han tenido acceso a la zona cero, lo que representa un riesgo para el proceso de exhumación.
Foto: Estrella Pedroza
A pesar de estas irregularidades, los restos encontrados están siendo embalados con la cadena de custodia correspondiente; sin embargo, las instituciones involucradas no han logrado avanzar en la obtención de las muestras genéticas necesarias.
Hernández mencionó que se ha solicitado la colaboración del Centro de Identificación Humana de Coahuila para obtener las muestras genéticas y los perfiles correspondientes, pero la participación de esta institución aún no ha sido concretada.
En cuanto a los hallazgos, Hernández informó que el trabajo realizado en los primeros días se centró en el área de la fosa que quedó inconclusa en 2022.
A pesar de la insistencia por parte de los colectivos, no se han realizado excavaciones en otras áreas del sitio.
Foto: Estrella Pedroza
Los fragmentos encontrados han sido principalmente pequeños, aunque uno de los hallazgos más relevantes fue una parte de un cráneo localizada debajo de una tumba, aunque ya dañada por el paso del tiempo.
Lo que más ha llamado la atención es el hallazgo de una botella con un número de carpeta anotado en su interior y restos presumiblemente humanos debajo de un supuesto memorial.
Este hallazgo fue documentado por el notario y la Comisión de Derechos Humanos, pero ha generado preocupación sobre posibles irregularidades en el proceso.
Hernández señaló que este tipo de prácticas podría mostrar cómo la Fiscalía está manejando el caso y a pesar de estos hallazgos, los colectivos siguen sin poder realizar un control directo del proceso, lo que ha generado más incertidumbre.
Foto: Estrella Pedroza
Hernández explicó que, anteriormente, las muestras genéticas se tomaban directamente en el campo de excavación y se anunciaba públicamente cada hallazgo.
Ahora, el proceso se ha centralizado, lo que ha retrasado el avance y aumenta la desconfianza.
“Lo único que tenemos es un listado de lo que está saliendo en las excavaciones, y este listado se ha generado gracias a la presión”.
El impacto de la falta de transparencia y la gestión inadecuada del proceso es profundo para las familias de las víctimas, que temen que los restos encontrados no sean identificados adecuadamente.
Además, Hernández señaló que el caso de Jojutla podría tener implicaciones internacionales, ya que se ha identificado a una persona de otro país entre los restos de las fosas.
Esto subraya la urgencia de contar con un proceso de identificación eficiente y la necesidad de cooperación internacional en estos casos.
Hernández hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y aseguren un proceso transparente.
“Mi llamado es a la máxima autoridad de otro poder aquí en el estado: la gobernadora. Ella debe instruir a asesores jurídicos o encontrar la manera de enlazarse con alguna institución que pueda observar de manera objetiva el trabajo que se está realizando”.
Además, destacó la importancia de la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), especialmente después de que la Fiscalía argumentara que la denuncia presentada en 2022 reactivó el proceso de exhumaciones.
La participación activa de los colectivos nacionales también fue enfatizada por Hernández, quien insistió en que la colaboración de estas organizaciones es crucial para garantizar la justicia para las víctimas.
“No podemos permitir que la participación quede limitada a los grupos locales, que han sido claramente influenciados, por eso es imponente que lleguen colectivos de otras entidades porque ya se tiene evidencia que podrían estar personas de otras entidades y no solo de Morelos”.
Finalmente, reiteró la importancia de la intervención de la gobernadora para no politizar el asunto y atender el dolor de las víctimas
