Las infraestructuras son necesarias para los ciudadanos y críticas para la competitividad de las empresas. Su análisis puede abordarse desde dos perspectivas. La tradicional, que incluye las infraestructuras de transporte —carreteras, ferrocarriles, puerto y aeropuertos—, hidráulicas y urbanas. Por su parte, las infraestructuras tecnológicas consideran el hardware, software, redes de comunicación y centros de datos y almacenamiento. Desde la perspectiva internacional, España está bien dotada en las primeras, pero muy retrasada en las segundas, con la excepción de las redes de comunicación. En lo que sigue nos centraremos únicamente en las primeras.
Las infraestructuras tienen efectos positivos sobre el crecimiento por varias vías. Las de transporte facilitan el comercio y la movilidad al reducir los costes logísticos y de desplazamiento. Ello permite a las empresas acceder a nuevos mercados y aumentar su competitividad, además de favorecer la inversión directa extranjera y el turismo tan relevante para la economía española. También mejoran la conectividad entre regiones, lo que fomenta el comercio interregional y contribuyen al desarrollo económico equilibrado. Las infraestructuras hidráulicas se responsabilizan del abastecimiento de agua, el riego, la generación de energía y el control de inundaciones. Por último, las urbanas cumplen funciones esenciales para el mantenimiento de las ciudades como garantizar la movilidad de personas y mercancías, el abastecimiento de agua o el drenaje y gestión de aguas residuales.
En España, las inversiones en infraestructuras las llevan a cabo las administraciones públicas y otros organismos cuasipúblicos como Aena, Adif, las confederaciones hidrográficas, o los puertos del Estado. La Fundación BBVA y el Ivie actualizan anualmente esta información hecha pública esta semana. Las series comienzan en 1964 y finalizan en 2024 para el total nacional, y 2021 para las comunidades autónomas y provincias. Las dotaciones de capital de las que disponen las economías son el resultado de la acumulación de las inversiones realizadas en ese periodo y los anteriores con una duración que depende de su vida útil y una vez deducida la depreciación que haya sufrido como resultado del uso y la obsolescencia. El capital del que se dispone aumenta con las inversiones totales realizadas, y se reduce cuando estas no llegan a cubrir la depreciación.
La evolución de las inversiones en infraestructuras en España desde 1964 es interesante: casi se doblaron entre ese año y mediada la década de los años setenta. Desde entonces, y hasta mediados los años ochenta, la inversión se contrajo como resultado de las dos crisis del petróleo. Tras la entrada en la CEE en 1986, las inversiones aumentaron de forma notable gracias a los fondos FEDER y todavía más con la entrada en el euro. En el año 2008, la inversión en infraestructuras era casi ocho veces la de 1964. A partir de esa fecha, las inversiones se desplomaron: en 2024 no llegaban a la mitad (41%) de las de 2008.
Las consecuencias de esta caída sobre las dotaciones de capital fueron distintas según tipos y regiones. En España, las aeroportuarias fueron las más castigadas entre 2008 y 2024 (-18,9%), y las ferroviarias las más beneficiadas (+25,4%). Al distinguir por comunidades autónomas, Madrid fue la única que experimentó pérdidas en el capital agregado entre 2008 y 2021. En viarias solo tres, destacando Navarra (-11%); en ferroviarias destacan Canarias (-29%) y Aragón (-22%); en aeroportuarias, Castilla-La Mancha (-55%), Madrid (-34%), Cataluña (-29%), Murcia (-29%) y Castilla y León (-20%), y en portuarias, Asturias (-23%).
Dos tipos de infraestructuras han ganado, desgraciadamente, relevancia con los recientes desastres. En infraestructuras urbanas, nueve comunidades habían perdido capital como consecuencia del recorte de inversiones tras la inicial respuesta expansiva a la crisis. En hidráulicas, la Comunitat Valenciana fue la que más perdió (-8%) con la crisis financiera, por lo que la dana la encontró en una situación vulnerable. Esto debería hacernos reflexionar sobre el precio humano y económico de hacer recaer en estas inversiones el coste de ajuste ante las crisis en la presunción de que no tendrá consecuencias, especialmente electorales.
