Hacienda ha puesto el ojo en los creadores de contenido —los conocidos como influencers— colocándolos como objetivo prioritario. Las sociedades instrumentales, la deslocalización fiscal mal resuelta y la dispersión de ingresos digitales son los tres ejes del mapa de riesgos que los expertos trazan para este colectivo.
El BOE publicó el pasado 12 de marzo el Plan de Control Tributario 2026, con una mención explícita a los creadores de contenido como colectivo de atención preferente. Hacienda no improvisa: los influencers llevan años en el radar de la Agencia Tributaria, pero ahora la vigilancia se especializa con herramientas tecnológicas más precisas. Para quienes viven de monetizar su presencia en redes, el mensaje es inequívoco: el tiempo de operar en la penumbra fiscal ha terminado.
El plan identifica los modelos de negocio surgidos en las redes sociales como ámbito de actuación prioritaria. El marketing de influencia —publicaciones patrocinadas, colaboraciones con marcas o royalties— genera flujos económicos que resultan complejos de rastrear. “La actividad de contenido digital tiene un perfil propio de riesgo, ya que hay personas que piensan que estas actividades son más difíciles de controlar por Hacienda”, señala José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Esa falsa sensación de impunidad es la que ha alentado comportamientos irregulares que el plan de 2026 se propone corregir.
Javier Martín, catedrático del sistema Financiero y Tributario y abogado, encuadra la novedad: “Una de las nuevas tipologías de negocio surgidas del auge de las redes sociales es el marketing de influencia, que generan los influencers. Y debido a que se trata de un sector en auge y cada vez más consolidado, pero algo complejo a efectos del control, debe verificarse su correcta tributación”. El experto añade que “este especial seguimiento motivará el fomento del cumplimiento voluntario, revelando la dimensión disuasoria del plan”.
Los abogados identifican tres gateras principales: la dispersión de ingresos por plataformas internacionales, el uso de sociedades para canalizar rentas personales y la deslocalización fiscal mal ejecutada. El primer riesgo deriva de la propia naturaleza del negocio. Un creador puede cobrar de YouTube en Irlanda y, de marcas españolas y de plataformas de suscripción en el mismo ejercicio. Marta Espejo, abogada fiscalista de Ontier, advierte de que estas fuentes de ingresos “generan en ocasiones dudas en su calificación y en su tratamiento fiscal, especialmente en entornos transfronterizos, y eso provoca incertidumbre tanto para los contribuyentes como para la propia Administración”.
El segundo foco es el uso de sociedades para canalizar los ingresos y el pago de impuestos. Tributar por el impuesto sobre sociedades en lugar de por el IRPF —cuyo tipo marginal alcanza el 47%— es práctica habitual entre profesionales con ingresos elevados. El problema surge cuando la sociedad carece de sustancia real. “Las sociedades no pueden ser pantalla para evitar la tributación. Han de contar con medios personales o materiales y su retribución debe ser calculada a valor de mercado”, subraya Martín. Marta Espejo precisa: “Cuando la sociedad actúa como mero instrumento para canalizar ingresos personales, la Administración puede recalificar la operación y atribuir las rentas al contribuyente”. El portavoz de la asociación de inspectores es directo: “La facturación a través de sociedades es uno de los fraudes más típicos para rebajar los impuestos a pagar”.
Fuga a Andorra
El tercer riesgo es la deslocalización. Influencers conocidos protagonizaron hace meses una fuga a Andorra, que sedujo a otros creadores. Sin embargo, esa vía se ha complicado: en enero de 2026. Andorra aprobó una reforma que exige una inversión mínima de un millón de euros en activos del país. Además, la Agencia Tributaria litiga contra quienes declaran residencia en el exterior, pero conservan en España sus clientes y sus vínculos. Peláez es tajante: “El simple traslado físico durante unos días no impide que esas personas sigan siendo residentes fiscales en España, cuando aquí conservan sus centros de interés económicos o tengan aquí su vivienda y sus principales relaciones familiares”.
Lo que cambia con el Plan de 2026 no es la ley, sino la precisión con que se aplica. Espejo lo resume: “La decisión de Hacienda responde al uso de los instrumentos ordinarios de control previstos en nuestro ordenamiento. Más que un cambio en la Ley General Tributaria, lo que se observa es una aplicación focalizada de instrumentos ya existentes sobre un colectivo que potencialmente presenta mayores riesgos de incumplimiento”. La abogada de Ontier reconoce que “el sistema tributario español no presenta un vacío normativo en sentido estricto, pero sí evidencia una adaptación incompleta” en materia de ingresos digitales. Por su parte, Javier Martín apunta que “la solución no es nada fácil ante la dificultad de fijar el punto de conexión con el territorio español”.
Los expertos no aconsejan renunciar a estructuras legítimas, sino dotarlas de sustancia real. La planificación correcta, recuerda el catedrático Javier Martín, “se funda en el principio de autonomía de la voluntad y produce un ahorro fiscal no contrario a derecho”. “Los creadores de contenido encajan en un perfil de riesgo caracterizado por la movilidad internacional, el peso de los intangibles y el frecuente uso de sociedades”, advierte Marta Espejo. Los especialistas recomiendan acreditar la residencia fiscal, garantizar que las sociedades tienen actividad real y contar con asesoramiento especializado. El portavoz de los inspectores de Hacienda apela a una reflexión más honda: “Sería deseable que todos los ciudadanos estuvieran concienciados respecto de la necesidad de pagar los impuestos que financian nuestro bienestar social”.
Más plantilla y competencias
El sindicato Gestha, que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, ha remitido al nuevo ministro del ramo, Arcadi España, un paquete de reivindicaciones para que se amplíen sus competencias. Gestha advierte que el bloqueo de sus capacidades desde 2010 ha provocado un desplome del 87% en las denuncias por delitos fiscales. El colectivo pide además que los equipos de inspección orienten su actividad hacia grandes empresas y altos patrimonios, y que se cubran las vacantes, cuya ausencia ha cargado el mayor peso del control tributario en autónomos y pymes.
