Los tentáculos del crimen organizado se extienden como un reguero de pólvora por todo el planeta alimentados por los crecientes conflictos bélicos, las crisis y por un contexto en el que las democracias están sometidas a presión. No hay país que se libre de ellos, de hecho, casi el 83% de la población vive hoy en naciones con altos niveles de violencia, según el centro de investigación Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés). Desde los densos bosques del Amazonas y los ciberespacios de Europa del Este, hasta los bulliciosos puertos y zonas de libre comercio del Golfo o los paraísos financieros ocultos del triángulo dorado del Mekong, traficantes de personas, falsificadores, narcotraficantes y cibercriminales actúan como los nuevos actores financieros y capitalistas de riesgo que configuran unas economías ilícitas con un peso creciente en la economía global. Así lo sostiene David Luna, director ejecutivo del ICAIE (Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas con sede en Washington) y exdiplomático y funcionario de seguridad nacional de Estados Unidos. “Es un mundo oscuro que tiene enormes consecuencias sobre nuestras vidas. El crimen y la violencia están incrustados en la sociedad y lastran el crecimiento, frenan la inversión y provocan más desigualdad”, resume.
Hay evidencias sobre esos efectos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desveló el año pasado en un informe sobre América Latina que cuando los homicidios aumentan un 10%, la actividad económica local disminuye un 4%. Aunque no sólo los hechos consumados repercuten en la economía, las percepciones también importan, como sucede en la Bolsa. Y si crecen un 10% las noticias relacionadas con la delincuencia, la producción industrial se contrae un 2,5%. El miedo tiene un precio y condiciona las decisiones financieras.
No existen demasiados estudios que sirvan para determinar el coste económico que origina el crimen en el mundo. La economía ilícita es harto difícil de cuantificar precisamente por su naturaleza oculta. Pero sí se han hecho aproximaciones y sus resultados son apabullantes. Naciones Unidas estimó que los costes anuales que genera la corrupción sumaban 3,6 billones de dólares en 2018. El centro de investigación Integridad Financiera Global cuantificó en un montante de entre 1,6 y 2,2 billones de dólares los ingresos producidos por el crimen organizado en 2017. Y la ONU concluyó que el dinero que se blanquea cada año rebasa los dos billones de dólares —una cifra que supera con creces al conjunto de los bienes y servicios producidos el año pasado en España y Portugal juntos—. Representaba el 2,7% del PIB mundial en 2021, un porcentaje que el FMI establecía entre el 2% y el 5% unos años antes.
Son unas cifras fabulosas que, a falta de actualización, ponen de manifiesto la magnitud del problema. Eso sí, las fuentes hablan de un fenómeno infravalorado dadas las dificultades para su medición —las estadísticas son limitadas porque no todos los países aportan datos, en muchos casos no son fiables ni evalúan los mismos ilícitos—. “En ningún país del mundo se mide con precisión la delincuencia, hay una delincuencia oficial, que es la que cuantificamos, y otra parte que nadie conoce: la cifra negra. Y las representamos como un iceberg”, indica gráficamente José Becerra, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. Por ello, los cálculos nunca pueden resultar conclusiones contundentes, agrega.
Ascenso sorprendente
Además, “las crecientes guerras que asolan el mundo y el incremento de las políticas que elevan la desigualdad social derivadas del ascenso de los partidos populistas incrementan la criminalidad”, según Riccardo Ciacci, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Esta ha seguido creciendo a una velocidad sorprendente, tal y como indica el último informe de Iniciativa Global.
El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su informe de 2017 sobre el impacto económico del crimen en América Latina, la región más violenta del mundo atendiendo al número de homicidios, el indicador más fiable, y a las encuestas de confianza política y de valores ciudadanos, explica por videoconferencia Santiago Pérez-Vicent, coordinador del estudio. El organismo concluyó que el efecto de las redes ilícitas en la economía alcanzaba el 3,4% del PIB latinoamericano, el equivalente al 78% del presupuesto para educación, el doble del dedicado a asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo. Y muy por delante del promedio de la OCDE, que se sitúa por encima del 2%, aclara Pérez-Vicent. Después de observar un descenso del 0,2% respecto al informe anterior, el analista considera que, actualmente, la situación no ha cambiado sustancialmente.
El BID mide los impactos directos del crimen, es decir, el gasto relacionado con su prevención, contención y consecuencias (costes para el sistema de salud, el judicial y el de seguridad). Los gastos en seguridad de las empresas privadas son cada vez más voluminosos. También hay que tener en cuenta el creciente gasto público para prevenir el crimen y la pérdida de capital humano (tiempo de producción perdido por los delitos). Pero estos conceptos solo representan “una parte de la carga que la violencia impone en el bienestar de los países de la región. Los costos indirectos pueden exceder en gran medida los directos”, admite el documento.
Sin embargo, el Instituto de Economía y Paz (IEP por sus siglas en inglés) en su Índice Paz Global 2024 calcula también los costes indirectos —impactos a largo plazo como la pérdida de productividad derivada de los efectos físicos y psicológicos y la influencia del delito en la percepción de seguridad de la ciudadanía— y su efecto multiplicador —los beneficios que se generarían al desviar, por ejemplo, el gasto de las cárceles hacia alternativas más productivas—. El think thank con sede en Sidney cuantificó en 19,1 billones de dólares el impacto de la violencia en la economía mundial en 2023, una cifra que supera de largo el PIB actual de la eurozona y también de China, la segunda economía del planeta. Y equivale al 13,5% de la riqueza global o, lo que es lo mismo a 2.380 dólares per cápita.
Esa cantidad ha escalado desde los 17,2 billones registrados en 2008, sobre todo como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por los conflictos armados y el aumento generalizado del gasto militar. Las repercusiones de la violencia en términos reales son un 7,4% mayores que en 2008, según el informe del IEP, que sostiene que entre 2010 y 2012 se produjeron mejoras sustanciales, tras lo cual el aumento ha sido constante. El impacto del conflicto armado ha aumentado considerablemente —en 2022 había 92 contiendas en el mundo, la cifra más alta desde 2008— y es mayor en África subsahariana, Oriente Próximo y Norte de África y América del Sur. Mientras que el coste de la violencia y la violencia interpersonal y autoinfligida —homicidios, agresiones violentas y sexuales, suicidios y costos de encarcelamiento— han crecido moderadamente, según el análisis.
En los diez países donde el crimen tiene un mayor peso en la economía —Ucrania, Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Colombia, República Centroafricana, Sudán, Chipre, Burkina Faso y Palestina—, la afectación media fue del 37,4% del PIB en 2023. En cambio, entre los diez países más pacíficos, la media fue inferior al 3% —por ejemplo, en Madagascar, Indonesia, Irlanda o Tanzania—.
Nadie está a salvo de las redes ilícitas. Y aunque se ceban principalmente con los países más vulnerables, con los que tienen un Estado de derecho menos desarrollado y donde la relación entre el poder criminal y el político es más estrecha, lo cierto es que el crimen organizado campa a sus anchas por todo el mundo. De hecho, un reciente informe de la Europol señala que sólo un minúsculo 2% de los activos ilícitos que maneja son recuperados por las autoridades. En la UE casi el 70% de las redes delictivas usan el blanqueo de capitales y el 60% se apoyan en la corrupción como factor facilitador clave. Porque, al final, los delitos están interconectados entre sí y habitualmente son de carácter transnacional, destaca por videoconferencia Claudia Helms, directora para Latinoamérica y el Caribe del think thank Integridad Financiera Global con sede en Washington (GFI por sus siglas en inglés).
Cibercrimen
El delito financiero es el principal mercado criminal, de acuerdo con el último índice de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional de 2023. Es el delito predominante en el mundo y ha aumentado considerablemente en muy poco tiempo pues la tecnología permite realizarlo a golpe de clic y con una capa extra de impunidad, según Helms, gracias a activos virtuales como las criptomonedas o los tokens, que sirven para financiar el terrorismo. Este tipo de delincuencia, que incluye desde la evasión fiscal y la malversación de fondos, hasta formas más complejas de desfalco y fraude, está especialmente globalizado y ha tenido una fuerte influencia en el 70% de los países de la ONU.
Además, ha desplazado a la trata de personas como primer mercado criminal, aunque esta sigue creciendo a ritmos del 0,39% anual. Igual que el comercio de cannabis y el tráfico de armas, tercero y cuarto mercados criminales más extendidos por el planeta —por delante del tráfico de drogas sintéticas, de cocaína, de las falsificaciones o los delitos medioambientales y contra la fauna o la flora—.
“El crimen organizado no se mueve solo. La trata de personas se relaciona con el tráfico de drogas y con la corrupción, que hace posible que los flujos financieros fluyan”, indica indica Marcela Hernández, directora de programas de GFI.
Esos tres ingredientes son precisamente los que más pesan en el mercado delictivo español, donde recientemente se han cometido homicidios que parecen salidos de una película, como el del expolítico ucraniano Andriy Portnov, acribillado a tiros por unos sicarios en una zona acomodada de Madrid. Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior recogen un incremento de las muertes violentas cercano al 10% entre 2022 y 2023.
España y el narco
“España es un país donde existe mucho narcotráfico que entra por el comercio internacional, por los puertos de Barcelona y Valencia, y también viaja por rutas desde África hacia las costas de Andalucía. Y donde la trata de personas es muy relevante, al ser un territorio puente; igual que el blanqueo de capitales por la existencia de infinidad de restaurantes y casinos”, explica Laura Zúñiga, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca.
Sin embargo, buena parte de estos ilícitos no se contabilizan entre las magnitudes que mide el INE para valorar las actividades ilegales en las cuentas nacionales desde 2014 por recomendación de Eurostat. “La contribución directa del crimen en el PIB de 2023 es del 0,91%, una cifra muy pequeña”, estima Omar Rachedi, profesor de Esade. En Italia (su país de origen) se estima en torno al 2%, pero hay quien la sitúa alrededor del 10% de la riqueza, como el escritor Roberto Saviano. “La economía criminal está muy infravalorada”, aprecia Rachedi, consciente de que “las organizaciones ilegales distorsionan el dinamismo empresarial, la competencia, que es clave para la productividad, y esta a su vez es fundamental para el crecimiento del país”.
Para abordar el problema del crimen organizado no solo hace falta un marco normativo acorde sino que las instituciones sean partícipes de manera activa en la elaboración y aplicación de las leyes, al igual que de las acciones preventivas internacionales, considera Claudia Helms. Se necesita interconexión de las instituciones. Y alianzas público-privadas, que son multiplicadores de fuerza para combatir los mercados ilícitos y la convergencia de delitos conexos, promover el comercio limpio y fomentar un sistema internacional basado en normas, añade David Luna.
Dedicar más recursos a las políticas públicas de prevención y de educación de la ciudadanía y fortalecer las instituciones son las principales recetas de los organismos multilaterales para contener la economía oculta. No son soluciones fáciles.
Y, en función del dinero que muevan las redes delictivas, explica Riccardo Ciacci, se puede intervenir sobre la oferta o la demanda. Por ejemplo, endurecer las penas máximas de delitos como la droga tiene menos efecto que actuar desde la demanda, aumentando la formación del ciudadano para que sea consciente de los efectos del fentanilo y esto ayude a reducir su consumo y, por tanto, a rebajar los precios y, al ser menos atractivos, reducir el narcotráfico. En cambio, con la trata de personas y la explotación sexual (que están íntimamente unidas), una ley más restrictiva, que favorece la igualdad de género, ha reducido en torno a un 6% la prostitución en EE UU; igual que sucedió cuando se aprobó la ley del divorcio en ese país, que la rebajó entre un 5% y un 10%, asegura.
MÉXICO
Homicidio y extorsión, los monstruos de la economía
CARMEN MORÁN BREÑA
México está catalogado por diversas organizaciones como el país más violento e inseguro del mundo sin estar en guerra. Si el conflicto en Gaza suma ya más de 61.000 muertes, en México se contabilizan cada año alrededor de 26.000 homicidios debido en gran medida al crimen organizado, pero no solo. La violencia de género, por ejemplo, deja un promedio de 11 víctimas diarias. Todo ello tiene un reflejo inmediato en la economía, por lo que se gasta en la prevención y control de la violencia y por lo que se deja de ingresar. El Instituto para la Economía y la Paz calcula que al país le cuesta 4,5 billones de pesos, equivalente al 18% del PIB nacional, con un aumento en la última década de un 32%. La actividad económica local está fuertemente atravesada por el crimen organizado y la inversión extranjera también acusa las dificultades que supone implantar una empresa en este país.
La extorsión a los negocios tiene un nombre propio en México: “pagar el piso”, siguiendo las mismas pautas que la mafia italiana, con la exigencia de una cuota que merma los beneficios obtenidos. Entre los delitos comunes, ocupa el tercer lugar, tras el fraude y el robo y es el que menos se denuncia por miedo a los agresores, pero también por la enorme desconfianza en la policía y en la justicia, que presenta índices de impunidad cercanos al 90%. Nadie ha calculado con precisión los miles de millones de pesos que dejan de ingresar los gobiernos debido al impuesto criminal que recaudan las mafias. La mitad de la economía mexicana está en la informalidad: millones de puestos callejeros donde lo mismo se venden cordones de zapatos que pescado, gafas de sol o fruta, ropa, perfumes o artesanías, todos ellos pagan su cuota al crimen. Los recaudadores pasan en moto o a pie a recaudar lo suyo, y ay de quien no lo pague. Las pistolas en este país son muchas y de gatillo fácil. Los locales formales, bares, restaurantes, taquerías o cualquier otro, tampoco se libran de su mordida, que a veces les asfixia hasta el cierre.
La repercusión sobre la economía tiene tantas modalidades como las formas de violencia y estas mordidas acaban influyendo en la inflación, porque repercuten directamente en productos básicos, como los limones, el aguacate o el pollo. El narcotráfico, que se extiende por amplias zonas rurales del país, ha sembrado tal estado de terror que muchos pueblos acusan una sangría poblacional, la gente huye a Estados Unidos a buscar una vida pacífica y rentable y las consecuencias sobre el campo son millones de hectáreas abandonadas. En México, el cambio climático no es el único factor del declive agrícola. La ganadería también sufre su parte de infierno. En algunos Estados de mayor violencia ciertos mercados venden los pollos o los corderos que proveen los delincuentes y al precio que ellos fijan. Y de tarde en tarde, el que no quiere pasar por ese aro acaba muerto a las puertas mismas de su negocio, en crímenes tan numerosos que ya ni salen en los periódicos, también ahogados por las amenazas. De modo que el consumidor indefenso engorda las arcas de los criminales, lo mismo si bebe una cerveza que si compra melocotones. Para impedir que lo que se paga por los productos domésticos vaya a parar al crimen habría que irse al mar con una caña a pescar la comida diaria, suele decir Luis Astorga, uno de los grandes estudiosos del crimen y sus consecuencias en la Universidad Nacional Autónoma de México.
La violencia atraviesa la vida diaria en México y la economía se resiente. Hay estudios que miden la incidencia criminal por el consumo eléctrico: en una guerra entre cárteles, el uso del sistema eléctrico en algunos municipios cayó entre un 4% y un 7% per cápita como promedio. Aunque no se conozcan cifras precisas, México sabe lo que le está costando el terror desatado tanto en paz como en bienestar económico.
ITALIA
El precio invisible de las mafias
LORENA PACHO
Desde las colinas de Nápoles a los suburbios de Palermo, pasando por los macizos montañosos de Calabria o las costas de Apulia e incluso por el distrito financiero de Milán, el crimen organizado en Italia no es solo una herencia histórica, sino que se ha convertido en una economía paralela, con tentáculos en numerosos sectores relevantes. Las mafias —la ‘Ndrangheta calabresa, la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana o la Sacra Corona Unita pullesa— además de extorsionar sobre todo a empresarios, también hacen inversiones, blanquean dinero y alteran los mercados con un sistema de economía paralela ampliamente consolidado. Calcular el coste de esta actividad criminal es tan difícil como erradicarla.
Diferentes estudios del Banco de Italia, la Dirección Nacional Antimafia, el Instituto Demoskopika o la Asociación de Artesanos y Pequeñas y Medianas Empresas de Mestre coinciden en que el impacto económico de la criminalidad organizada en el país transalpino supera los 40.000 millones de euros anuales. Esta cantidad engloba tanto los ingresos ilegales (por actividades de narcotráfico, extorsión o contrabando) como el efecto indirecto en la economía global por las infiltraciones mafiosas en sectores clave para el país como el turismo, donde se cree que la mafia mueve 3.300 millones de euros al año, o las licitaciones públicas manipuladas por los clanes.
La facturación del crimen organizado supone el 2% del PIB italiano y convierte a la mafia en la cuarta industria más poderosa del país. “Si consideráramos el volumen de negocio de la delincuencia organizada como el de una empresa, ocuparía el cuarto lugar entre las grandes economías italianas. Sólo sería superada por gigantes como las multinacionales energéticas Eni (93.700 millones de euros), Enel (92.900 millones de euros) y el Gestore dei Servizi Energetici (Gse), con 55.100 millones de euros”, explica la Asociación de Artesanos y Pequeñas y Medianas Empresas de Mestre.
Los investigadores creen que en el país hay unas 150.000 empresas en la órbita de la delincuencia organizada que, de diversas formas, podrían estar controladas por grupos criminales de tipo mafioso o vinculadas a ellos. La extorsión sigue siendo uno de sus negocios más rentables y estables. En el sur aún hay muchas pequeñas empresas que se ven obligadas a pagar el “pizzo”, dinero a cambio de una presunta protección, que puede alcanzar hasta el 20% de sus ingresos, lo que encarece la actividad productiva. En el norte, la mafia es más invisible, pero está completamente insertada en el tejido económico. Por ejemplo, la ‘Ndrangheta ha trasladado parte de su negocio al blanqueo de capitales, la construcción y la industria agroalimentaria.
La Fundación ResPublica estima que en las regiones más afectadas por las infiltraciones mafiosas el PIB per cápita podría ser entre un 10% y un 20% más alto si los clanes no tuvieran tanta influencia.
RUSIA
Un nido de corrupción
JAVIER G. CUESTA
Es imposible medir el impacto del crimen en la economía rusa por muchos motivos. El Kremlin oculta gran parte de sus estadísticas y presupuestos por la guerra, y el país está bajo sanciones. Para eludirlas, el propio Gobierno ruso legalizó el contrabando desde 2022 bajo el eufemismo de “importaciones paralelas”. De puertas para afuera, estas acciones suponen una violación de la propiedad intelectual de los productos, pero dentro del país no solo son legales: son una pieza clave de su economía.
El presidente Vladímir Putin considera que la corrupción es uno de los problemas más graves para el crecimiento del país. “La corrupción obstaculiza el desarrollo de nuestra economía, de nuestra esfera social y de nuestro mercado laboral, y afecta negativamente al entorno empresarial y al clima de inversión. Se debe prestar especial atención a la prevención del robo de fondos presupuestarios durante la ejecución de las órdenes de defensa estatales y otros proyectos nacionales”, afirmó el líder ruso en marzo.
La corrupción está muy extendida por el sistema. En los centros de reclutamiento se paga desde 100.000 a 150.000 rublos -algo más de 1.600 euros- por figurar con una lesión o enfermedad incapacitante para el servicio militar, y no hay semana en la que un cargo público sea detenido por corrupción. Este lunes fue arrestado el alcalde de una ciudad importante, Krasnoyarsk, por supuestamente recibir ilícitamente 180 millones de rublos, unos dos millones de euros, por aprobar la construcción de unos baños públicos.
Sin embargo, la corrupción es también un arma en un régimen arbitrario como el ruso. Aparte de los delitos demostrados, Putin ha purgado todo el alto mando de su ejército y ha detenido políticos críticos con el Kremlin bajo la excusa de recibir sobornos. Los ayudantes del exministro de Defensa Serguéi Shoigú fueron arrestados después de la rebelión fallida del Grupo Wagner en 2023, y también algunos generales muy populares como el comandante Iván Popov, condenado a cinco años de prisión por supuestamente hacer negocio con la construcción de las barreras defensivas con las que paró la gran ofensiva ucrania de 2023.
De hecho, algunas organizaciones perseguidas, como el Fondo contra la Corrupción de Navalni o medios como The Insider, han revelado multimillonarias obras a beneficio de las autoridades. Entre ellas, el polémico palacio de Putin en la costa del Mar Negro.
Las cifras oficiales de corrupción no son fiables. El Comité de Investigación de Rusia, un organismo que combina funciones de fiscalía y policía a la vez, remitió más de 9.000 casos penales por corrupción en los primeros nueve meses de 2024, un 14,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La mitad eran sobornos y la cuantía del daño, unos 14.200 millones de rublos, apenas 152 millones de euros. Como comparación, el mismo organismo cifró en diez veces más, unos 1.600 millones de euros, el impacto de las estafas telefónicas y robos de datos bancarios entre los rusos.
El regreso de los combatientes de la dureza del frente es otro grave problema en el plano económico. El número de delitos cometidos por militares se ha disparado de unos 1.400 al año de media en el lustro previo a la guerra a 4.409 en 2023, incluidos asesinatos y violaciones, según el Tribunal Supremo. Cuanto más dure la guerra, la situación será peor, y el economista de Bloomberg Alexánder Isakov estima que los crímenes cometidos por militares podrían tener un impacto del 0,6% del PIB. Según sus cálculos, unos tres millones de rusos habrán combatido en total en Ucrania si la guerra acaba en los próximos años.
ASIA
El epicentro de los ciberataques
INMA BONET
La creciente sofisticación de las ciberestafas en Asia ha convertido al continente en el epicentro de una industria delictiva global que socava economías, erosiona la confianza institucional y deja una estela de víctimas que va mucho más allá de quienes pierden su dinero. Los delitos informáticos costarán al mundo 10,5 billones de dólares en 2025, según estimaciones de Cybersecurity Ventures. Es una cantidad que, si correspondiera al PIB de un país, lo situaría como la tercera mayor economía del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China.
Asia alberga a más de la mitad de los internautas del planeta (2.600 millones de personas) y 460 millones de esos usuarios digitales se concentran en el sudeste asiático. Organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime señalan que la combinación de conectividad masiva, infraestructuras digitales vulnerables, marcos legales poco exigentes y la escasa capacidad de supervisión por parte de las autoridades han facilitado la expansión de redes criminales en el sudeste asiático, donde las mafias han encontrado un entorno propicio para diversificar métodos, reducir costes y multiplicar el daño.
El fraude digital representa ya una amenaza estructural para las economías asiáticas: solo en 2024, los consumidores del continente perdieron unos 688.000 millones de dólares en engaños digitales de todo tipo, según el último informe sobre estafas en Asia elaborado por la Global Anti-Scam Alliance (GASA). El dato equivale a casi dos tercios del total mundial y pone de relieve el inmenso coste que estos timos suponen para los usuarios individuales.
Buena parte de esas estafas –que normalmente se activan con un simple clic en un enlace malicioso– se realizan desde centros de operaciones establecidos en zonas económicas especiales o áreas fronterizas. Camboya, Myanmar, Laos y Filipinas albergan instalaciones controladas por redes criminales transnacionales desde las que se organizan campañas globales de fraude digital y blanqueo de capitales. La oficina de Derechos Humanos de la ONU calcula que hay más de 220.000 personas retenidas y trabajando forzadas en esos centros, muchas de ellas captadas con ofertas de empleo falsas y obligadas a estafar bajo coacción a víctimas de todo el mundo.
No se trata únicamente de un problema vinculado al crimen digital, sino también de una crisis humanitaria que incluye el tráfico de personas con fines de explotación. Las redadas más recientes han destapado con crudeza esa dimensión humanitaria: en los primeros meses del año, más de 7.000 personas de distintas nacionalidades (en su mayoría, ciudadanos chinos) fueron trasladadas desde Myanmar a Tailandia en espera de repatriación. La gestión de la crisis ha puesto bajo presión los recursos del país anfitrión y ha revelado el alcance transnacional del fenómeno, así como su capacidad para desbordar los sistemas de asistencia y protección de los Estados implicados. Según datos de la UNODC, cada operativo de repatriación puede costar entre 300 y 800 dólares por persona.
ÁFRICA
Tráfico ilícito y debilidad institucional
JOSÉ NARANJO
África es, después de Asia, el segundo continente con mayor criminalidad en el mundo, según el Índice Global de Crimen Organizado de Iniciativa Global. Factores como la desigualdad y la pobreza, la rápida y muchas veces caótica urbanización, el enorme peso de la población juvenil, con un alto porcentaje de desempleo, y la debilidad de los propios estados con su corrupción asociada contribuyen a ello. Además, viejos conflictos como el de Congo o más recientes como los de Sudán y el Sahel generan el ambiente propicio para la actividad de grupos criminales. De hecho, según el Instituto Economía y Paz, el epicentro del terrorismo se ha desplazado de Oriente Próximo y Norte de África a África subsahariana, especialmente en la región central del Sahel. Todo ello impacta negativamente sobre los negocios, la inversión y el desarrollo, según los expertos.
Sudáfrica es un buen ejemplo. Está entre los 10 países con mayor criminalidad del mundo, con una tasa anual de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el informe del Banco Mundial Primero la seguridad; el coste económico del crimen en Sudáfrica de noviembre de 2023. El estudio estima dicho coste en aproximadamente un 10% de su PIB (pérdidas turísticas, temor a la inversión, gastos sanitarios o seguridad privada, robos en empresas, entre otros). Mientras tanto, en Nigeria, la otra gran potencia económica regional, la inseguridad se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Los secuestros de empresarios y hombres de negocios son ya una auténtica industria criminal, las ciberestafas se han generalizado y bandas de delincuentes atemorizan a los ciudadanos por los estados del norte, lo que provoca un freno al desarrollo de estas regiones.
En toda África occidental y el Sahel, los tráficos ilícitos han aumentado a lomos de la conflictividad, según recogen las evaluaciones anuales de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC). “Las redes criminales transnacionales aprovechan la debilidad institucional para anclar mercados ilícitos en África Occidental y el Sahel, desde nodos de transbordo masivo de cocaína y laboratorios incipientes de metanfetamina, hasta desvío de armas y piratería de combustible. Estas economías ilícitas se refuerzan entre sí, socavan la autoridad estatal y erosionan la seguridad y el desarrollo regional”, asegura Amado Philip de Andrés, representante de la UNODC para África occidental y central.
La inseguridad jurídica derivada de la corrupción tampoco ayuda a los negocios. Según el índice mundial elaborado por Transparencia Internacional el pasado mes de febrero, la mitad de los 20 países más corruptos del mundo son africanos. El Banco Africano de Desarrollo estima que estas prácticas ilícitas suponen pérdidas por valor del 25% del PIB de todo el continente y asegura que la corrupción “socava las perspectivas de crecimiento y desarrollo de África y la gobernanza, frena la inversión y aumenta la desigualdad”
