Los esfuerzos continuos del presidente estadounidense, Donald Trump, por controlar el petróleo de Venezuela se basan en la suposición de que Estados Unidos puede “gobernar” con éxito un país que duplica en tamaño a Irak. Sin embargo, en lugar de proyectar fuerza en el extranjero, esta extralimitación militar revela la creciente vulnerabilidad de un presidente cuyo control, antes firme, sobre la política estadounidense se está debilitando.
En este contexto, la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, marcó el comienzo de un cambio hacia un mercado energético global más militarizado. También pone de manifiesto las consecuencias de desestabilizar deliberadamente una economía dependiente del petróleo. Lejos de resolver la crisis actual de Venezuela, las acciones de Trump amenazan con empeorarla aún más.
Es poco probable que el cambio de régimen en Venezuela termine con un claro momento de “misión cumplida”. Solo Irak requirió al menos nueve años de intervención sostenida de Estados Unidos, lo que sumió al país en una guerra civil, se cobró la vida de más de 100.000 civiles iraquíes y les costó a los contribuyentes estadounidenses, aproximadamente, dos billones de dólares —un gasto que Estados Unidos difícilmente pueda permitirse hoy en día—.
La intervención de Trump plantea dos preguntas fundamentales: ¿quién gobernará Venezuela? ¿Y quién se beneficiará, al menos a corto y mediano plazo, de su riqueza petrolera? En los Estados petroleros, estas preguntas son inseparables, dado que la supervivencia de sus regímenes —ya sean democráticos o autoritarios— depende de su capacidad para captar los beneficios generados por las exportaciones de petróleo y distribuirlos entre los principales grupos de interés.
La actual crisis venezolana sienta varios precedentes preocupantes en materia de política exterior. En particular, es la primera intervención militar estadounidense que prescinde por completo de justificaciones humanitarias y de seguridad en favor de una apropiación explícita de recursos.
También es la primera incursión militar estadounidense en el continente sudamericano. Si las intervenciones pasadas en Centroamérica y el Caribe sirven de guía, es probable que dé lugar al surgimiento de un régimen criminal y a nuevas oleadas de migración. Al igual que en otros países ricos en recursos como Irak, Libia y Afganistán, las vastas reservas de petróleo no protegerán a Venezuela de un destino similar.
La destitución de Maduro ha dejado a Venezuela sin buenas opciones. Su oposición dividida puede buscar un acuerdo para compartir el poder o elecciones, pero es poco probable que un Gobierno civil liderado por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado sobreviva mucho tiempo.
Por eso, la Administración de Trump podría buscar la continuidad del régimen mediante un acuerdo negociado con los elementos más poderosos de la coalición chavista. Dicho acuerdo dejaría intactas las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y las milicias civiles. Los altos mandos militares, generosamente recompensados por preservar el statu quo, probablemente seguirían profundamente arraigados en sectores clave como la construcción, la distribución de alimentos y el petróleo.
Un segundo escenario, más peligroso, es que la destitución de Maduro cree un vacío de poder, lo que alimentaría la fragmentación política y militar, y desencadenaría luchas territoriales entre grupos armados enfrentados y organizaciones criminales.
Una lucha violenta por el territorio y los mercados ilícitos podría transformar a Venezuela de un país plagado de corrupción, pero relativamente estable, en un campo de batalla fracturado parecido a la Libia contemporánea. Con sus selvas, montañas, densos centros urbanos y fronteras porosas, Venezuela es particularmente adecuada para la guerra de guerrillas.
La fragmentación política y los combates prolongados convertirían al país en un centro de inestabilidad regional, lo que tal vez arrastraría a Estados Unidos a otra “guerra eterna” que las fuerzas aéreas y navales no podrían contener. Y el atractivo de ganar el control de las reservas petroleras de Venezuela probablemente mantendría a más grupos armados en la lucha durante más tiempo.
Estas reservas —mayores que las de Arabia Saudí y más de cinco veces superiores a las de Estados Unidos— representan un enorme potencial, especialmente para una economía relativamente pequeña con una población numerosa y dispersa. Pero la palabra clave es potencial. Incluso durante su anterior periodo democrático, el sector petrolero de Venezuela se vio paralizado por ineficiencias crónicas. Desde 1998, la producción se ha desplomado un 75% debido a una mezcla tóxica de precios bajos del petróleo, sanciones estadounidenses, corrupción y mala gestión económica.
Entonces, ¿quién se beneficiará de lo que queda de la industria petrolera venezolana? Trump ha anunciado que Venezuela transferirá hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que los ingresos permanecerán bajo su control personal. También ha instado a las principales empresas petroleras estadounidenses a entrar —o volver a entrar— al país, prometiendo reembolsarles los miles de millones de dólares necesarios para reparar su infraestructura dañada. Según él, estas inversiones le permitirían a Venezuela recuperar su condición de gran exportador en un plazo de 18 meses.
Pero este plazo es pura fantasía, ya que la reconstrucción de la industria petrolera venezolana requeriría una inversión estimada de 100.000 millones de dólares durante un periodo de siete a 10 años.
Ahí radica el dilema de los petroestados. El exceso de oferta global, los precios bajos del petróleo y la escasez de capital invertible significan que la estrategia de Trump supone un riesgo existencial para cualquier Gobierno venezolano. Incluso sin Maduro, la coalición chavista sigue unida por el acceso a las rentas petroleras, las redes criminales, los sistemas de clientelismo, la amenaza de represión y la emigración de casi ocho millones de disidentes potenciales.
Dado que el núcleo ideológico del chavismo es el nacionalismo petrolero, la retórica de Trump podría unir a los venezolanos contra lo que se percibe ampliamente como el saqueo de los recursos naturales de su país. Esa reacción ya es evidente, y tanto los opositores como los aliados de Maduro condenan a Estados Unidos por igual.
El asombroso colapso social y económico de Venezuela durante el mandato de Maduro subraya los peligros de la estrategia de Trump. Entre 2013 y 2021, la economía del país se redujo a una cuarta parte de su tamaño anterior; se prevé que la inflación supere el 680% en 2026; y el 80% de la población vive en condiciones de pobreza extrema. Desviar los ingresos petroleros venezolanos a Estados Unidos privaría necesariamente a cualquier Gobierno de los fondos necesarios para hacer frente a esta crisis.
En teoría, Trump podría declarar victoria y abandonar su intento de apoderarse del petróleo de Venezuela. Por supuesto, este resultado es poco probable. Trump vino por el petróleo y está decidido a conseguirlo. Pero, contrariamente a sus expectativas, la destitución de Maduro puede alejar aún más ese objetivo, desestabilizando la región y acelerando el propio declive interno de Trump.
