Vivimos tiempos convulsos que alteran el centro de gravedad de la economía, exigiendo una enorme capacidad de adaptación por parte de la política económica. Lo inesperado acaba por ocurrir –el estallido del conflicto entre Israel e Irán siendo el episodio más reciente en el plano internacional— de modo que los Estados deben conservar un margen de maniobra para afrontar la sucesión de shocks. En este sentido, nos preocupa que dicho margen de acción se esté reduciendo drásticamente.
Existe un barómetro que detecta en tiempo real si un país tiene capacidad de actuación: el coste de financiación de la deuda, es decir la rentabilidad que exigen los mercados para adquirir sus bonos públicos. Cuando ésta se dispara, como nos pasó en la crisis financiera, el Estado pierde su autonomía funcional y se ve abocado a realizar ajustes traumáticos. A la inversa, durante la pandemia o tras el estallido de la guerra de Ucrania, los tesoros públicos pudieron apelar cómodamente a los mercados para financiar un gasto económico y social que facilitó la posterior recuperación.
En los últimos tres años, la rentabilidad del bono norteamericano a 10 años, referencia mundial, se ha más que duplicado hasta rozar el 4,5% en la actualidad. La tendencia es similar en Europa, si bien el punto de llegada es más favorable: el bono cotiza en el entorno del 3,1% en España y al 2,5% en Alemania.
La mayor remuneración exigida por los ahorradores para comprar deuda pública puede reflejar una expectativa de subidas futuras de tipos de interés por parte de los bancos centrales, motivadas por la necesidad de controlar la inflación. Sin embargo, este no parece ser el caso al menos en Europa, ya que la inflación está más o menos controlada, como lo avalan tanto las cifras como los propios mercados (el diferencial de rentabilidad entre el bono de referencia y su equivalente “indexado” se mantiene en el entorno del objetivo de inflación del BCE del 2%). En EE UU la imposición de aranceles tensiona los precios, pero tampoco esta parece ser la principal causa del incremento del coste de la deuda.
La verdadera explicación se encuentra en la pérdida de confianza por parte de los mercados en la sostenibilidad de la hacienda pública. Ante un contexto plagado de incertidumbres, los ahorradores se muestran más inclinados a acumular liquidez o títulos de deuda con vencimientos cortos, como las letras del Tesoro.
Además, los Estados son cada vez más dependientes de los mercados para financiar sus desequilibrios presupuestarios, ya que los bancos centrales se están deshaciendo de los bonos públicos que tienen en cartera, exacerbando la apelación a los mercados. En todo caso, el FMI prevé un incremento del 30% de los pasivos de las administraciones del conjunto de las economías avanzadas de aquí a 2030, de modo que la ratio de deuda sobre PIB escalará hasta el 113%, cinco puntos por encima de los valores ya de por sí elevados alcanzados el año pasado. Y estas previsiones no tienen plenamente en cuenta los recortes de impuestos prometidos por Trump, todavía en fase de tramitación, ni los planes de gasto en defensa europea: ambos programas amenazan con agravar los déficits más de lo anticipado, sin que se vislumbre un estímulo equivalente para la actividad económica.
El fuerte crecimiento de la economía española registrado estos últimos años, junto con la inflación, han facilitado una contención de los desvíos, incluso con presupuestos prorrogados. Los mercados lo reconocen, tal y como se refleja en la reducción de la prima de riesgo. Pero la guerra comercial amenaza con debilitar el ciclo expansivo, erosionando las bases recaudatorias, al tiempo que los Estados compiten entre sí para colocar cantidades crecientes de deuda. Una nueva estrategia fiscal es necesaria para mantener el espacio de soberanía económica de nuestro país.
Petróleo
El ataque perpetrado por Israel sobre Irán ha tensionado los mercados de hidrocarburos, encareciendo el barril de Brent desde el entorno de 65 dólares durante los días anteriores al estallido del conflicto, hasta 75 dólares. La inflación es la variable más directamente impactada desde el punto de vista económico. Si la cotización del crudo se mantuviera en torno a sus niveles actuales, consistente con un conflicto persistente en Oriente Próximo, el IPC se incrementaría un 2,8% en términos medios este año. Esto es cuatro décimas por encima de la inflación esperada si el repunte fuera transitorio.
