El Gobierno ha puesto en manos de la Fiscalía el primer intento de un grupo ultra por contraprogramar los actos oficiales con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en X que el Ejecutivo ha puesto en conocimiento del ministerio público un manifiesto con las firmas del ex teniente coronel golpista Antonio Tejero, el presidente del pseudosindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernad, y varios jueces y militares retirados, en el que estos se mostraban como “españoles agradecidos con Franco”. Para Torres, el escrito y el grupo que lo impulsa, Plataforma 2025, vulneran la Ley de Memoria Democrática. Entrañan “descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”, ha resaltado el ministro, que entiende las acciones de Plataforma 2025 y su propia existencia constituyen “acciones de exaltación de la sublevación militar, de la guerra y de la dictadura” proscritas por la norma.
En el escrito del Gobierno, dirigido a la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se denuncia que los hechos podría ser constitutivos de delitos por “tener encaje en el artículo 510 del Código Penal [delitos de odio], por tratarse de actos que supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, entrañando descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”. Sostiene el Gobierno que la Plataforma se ha creado en este cincuentenario “recordando y honrando la memoria de Franco”.
Sobre el manifiesto, con el título “Ni olvidamos ni callamos”, el Ejecutivo entiende que no es sino “una loa enaltecedora de la figura de Francisco Franco”, a quien se presenta como un “soldado heroico”, y que el texto ensalza también la sublevación militar que comandó contra la Segunda República, “calificada de Cruzada de Liberación”, además de la Guerra Civil y la victoria de las tropas del bando nacional. El texto al ministerio fiscal prosigue asegurando que los denunciados exaltan también el “régimen dictatorial”, que en él los ultraderechistas aseguran que “extirpó el odio y parasitismo de izquierda” y que “propició la verdadera reconciliación entre los españoles”.
El escrito a la Fiscalía pone también en su conocimiento la intervención de un diputado de Vox en el Parlamento de Baleares este martes, 1 de abril, en el que el parlamentario, Sergio Rodríguez, comenzó una intervención en el pleno evocando el triunfo de Franco en la Guerra Civil. “Yo que soy muy bien mandado, obedeciendo al Gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez, en su año de celebración, yo el primero de abril les deseo un feliz Día de la Victoria”, aseguró Rodríguez en referencia a la fecha en la que Franco dio por “cautivo y desarmado” al bando republicano. La oposición recordó que el enaltecimiento del franquismo está vetado por la Ley, pero el presidente de la Cámara, el también ultra Gabriel Le Senne se negó a retirar las palabras por considerarlas “una broma”.
Desde el Gobierno, y en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía acciones de exaltación de la sublevación militar, de la guerra y de la dictadura.
👉Por un lado, la Plataforma 2025, constituida para reivindicar el legado de…
— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) April 3, 2025
La plataforma ultra pretende llenar este 2025 de charlas y eventos de homenaje para contrarrestar un centenar de actos organizados por el Gobierno con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador y el inicio de la transición a la democracia. El grupo asegura haber recogido más de 1.200 adhesiones, desde aristócratas y hombres y mujeres con antecedentes policiales y penales, a militares retirados, sacerdotes, profesores y hasta jueces.
El Gobierno entiende que la plataforma y su escrito atentan contra el artículo 38.1 de la Ley de Memoria Democrática, que proscribe “actos efectuados en público” que desacrediten las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y recalca que esa norma obliga a “las autoridades competentes” a ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal. Y para justificar que lo denuncia, el Ejecutivo cita también el artículo 62 de la norma, que considera infracciones muy graves “la falta de adoptación de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”, y las convocatorias de “actos, campañas de divulgación o publicidad que, por cualquier medio de comunicación pública (…) inciten a la exaltación personal o colectiva” de los golpistas o el régimen dictatorial que engendraron. El escrito se cierra aludiendo al Código Penal y su definición de delitos de odio.
Además de Tejero y Bernad, firmaron el manifiesto de Plataforma 2025 el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Juan Chicharro; el general retirado Blas Piñar Gutiérrez, hijo del fundador de Fuerza Nueva y firmante, en 1981, del Manifiesto de los 100 en apoyo a los golpistas del 23-F; José Luis Roberto, presidente de la organización ultra España 2000; seis miembros de la familia del ministro franquista Utrera Molina, así como Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú, bisnieto de Franco, y otros nietos del dictador; También lo suscribe José Yusti, magistrado ya jubilado que intentó paralizar el traslado de los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros; Ramiro Grau Morancho, exfiscal condenado por corrupción de menores; otros falangistas y el gerente del bar Una, Grande y Libre, el chino Chen Xianwei.
