La inmigración se ha convertido en la piedra de toque de las democracias occidentales. Las percepciones y relatos sobre sus impactos negativos son el motor que impulsa el ascenso electoral de dirigentes políticos autoritarios. ¿Cómo podemos hacer frente a estos relatos xenófobos y prevenir a la democracia liberal de caer en el autoritarismo? Con una sociedad informada, que sepa discernir entre un discurso apoyado en hechos y datos objetivos de otro fundado en la xenofobia. Para ello, hay que medir, porque como dice el conocido aserto de Lord Kelvin, físico británico del siglo XIX, “Lo que no se mide, no se puede mejorar”.
Una contribución relevante a la medición de los flujos migratorios y sus impactos es el reciente Informe del Consejo Económico y Social de España (CES) —institución consultiva del Gobierno que tengo el honor de presidir— sobre La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas. A su calidad técnica, suma el valor añadido de que es el resultado del diálogo y el consenso entre los 60 consejeros y consejeras del Pleno del CES, que representan a las grandes organizaciones sindicales y empresariales, así como a las organizaciones agrarias, del mar, los consumidores y la economía social, además de seis consejeros independientes de reconocido prestigo. La extensión de esta columna no me permite recoger la riqueza de datos, análisis y conclusiones del informe. Permítanme, sin embargo, señalar algunos elementos a mi juicio relevantes.
Por su magnitud y rapidez, el proceso inmigratorio español no tiene parangón. A finales del siglo pasado éramos uno de los principales países exportadores de emigrantes, ahora somos uno de los principales importadores. Hemos pasado prácticamente de 0 a 10 millones de inmigrantes en apenas 25 años. Otros países europeos han tardado seis o siete décadas en este proceso. Tenemos porcentajes de inmigración superiores a Francia, Italia o Países Bajos, y similares a los de Alemania, países que tienen inmigración desde los años sesenta.
En los últimos años, los inmigrantes se han extendido por todo el territorio nacional. Pero se concentran especialmente en el área mediterránea y en Madrid, con porcentajes elevados, que en el caso de algunas ciudades y barrios alcanza niveles de saturación, superiores al 50% de la población. En general, la población inmigrante está en situación de regularidad administrativa de residencia, pero existe un número difícil de cuantificar en situación de irregularidad. Esta irregularidad tiene dos fuentes. Por un lado, las entradas por mar y tierra (Ceuta y Melilla). Por otro, la irregularidad sobrevenida como consecuencia de que los inmigrantes que entran como turistas prolongan su estancia más allá de 90 días o, en otros casos, por la dificultad que encuentran para renovar la residencia legal. La aparición de un mercado alegal de citas para regularización es un obstáculo añadido. El número de inmigrantes irregulares que han entrado por mar es ínfimo en relación con el de inmigrantes que entran como turistas, aun cuando los primeros atraen más atención pública y política. En este sentido, el informe del CES reconoce los efectos positivos que está teniendo el nuevo Reglamento de Extranjería de 2024 en el terreno de la reducción de la irregularidad, la introducción de nuevas figuras que favorecen la inserción laboral de los inmigrantes y la respuesta a las demandas de las empresas. Este esfuerzo tiene que conducir a cambiar el modelo de gestión de la inmigración, basado hasta ahora en la gestión de la irregularidad, a otro basado en la gestión controlada, segura y eficaz de los flujos inmigratorios.
La irregularidad es una fuente de precariedad de empleo, vivienda y pobreza, especialmente de pobreza infantil. Impacta especialmente en los inmigrantes procedentes de países de menor renta per cápita. La precariedad de los inmigrantes en situación de irregularidad, y los bajos salarios de los inmigrantes en situación de regularidad, contribuye a explicar el por qué el buen comportamiento de la economía española no es capaz de reducir los niveles de pobreza.
El informe analiza los impactos de la inmigración sobre la economía (crecimiento, PIB per cápita, consumo, ahorro, inversión, productividad), el mercado laboral (empleo, paro) y las prestaciones por desempleo y pensiones. Encuentra que, en general, estos impactos son positivos, en línea con los que ofrece la investigación académica sobre la economía de la inmigración en otros países.
Sin embargo, al pasar a la economía política de la inmigración, es decir, a las dimensiones relacionadas con la ciudadanía, integración, inclusión e interculturalidad el informe del CES identifica un giro reciente en las percepciones de la opinión pública sobre la inmigración. España ha sido tradicionalmente un caso excepcional en Europa, con una opinión pública más acogedora y menos temerosa de los efectos negativos de la inmigración. Esta excepcionalidad está desapareciendo. Es posible que se trate más de un cambio de percepciones que de realidades. Pero conviene recordar el presagio del teorema de Thomas, un científico social norteamericano del siglo pasado: lo que una persona percibe como realidad, tiene consecuencias reales sobre su conducta, tanto social como política.
En todo caso, si los impactos económicos y laborales son positivos, ¿cómo explicar este empeoramiento rápido de las percepciones de la opinión pública española sobre la inmigración? A mi juicio, una explicación es que el proceso inmigratorio español ha tenido un punto ciego. El aumento de la población inmigrante, de más de 9 millones en dos décadas, no ha venido acompañado de un paralelo aumento de recursos y planificación de los servicios públicos (educación, sanidad) y de vivienda. Este desequilibrio es más intenso en las ciudades y barrios donde se ha producido una elevada concentración y saturación de la población inmigrante. La presión sobre la demanda de servicios públicos puede estar provocando una huida de las clases medias del sistema educativo y sanitario público. Además, en el acceso a la vivienda, las clases medias aspiracionales se encuentran emparedadas entre, por abajo, la demanda de los inmigrantes de rentas bajas y, por arriba, por la demanda de inmigrantes ricos. De mantenerse estos dos procesos, sería letal para la cohesión social y la democracia. Por ello, es urgente dotar de recursos a los ayuntamientos para lograr una inclusión eficaz de los inmigrantes, a la vez que para mantener la cohesión social.
Aliviar esta situación no es sólo responsabilidad de las administraciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas tienen también una responsabilidad importante en la integración de los inmigrantes, tanto a través de la formación para el empleo de los inmigrantes como de la oferta de soluciones habitacionales. Ejemplos como el de la Fundación Laboral de la Construcción o de la Fundación Almería Tierra Abierta deben ser imitados por otros actores sociales y empresariales. En esta dirección, el informe del CES llama a alcanzar un acuerdo amplio para lograr un modelo inmigratorio controlado, seguro, humano y eficaz.
