Terminó el curso judicial del Supremo, pero no la racha de victorias que este está brindando a Donald Trump. La última llegó este lunes, cuando el alto tribunal permitió su Administración proceder con los despidos masivos de funcionarios del Departamento de Educación, y con estos, al desmantelamiento de la agencia, una vieja aspiración del presidente de Estados Unidos y una de las promesas de la campaña que lo trajo de vuelta a Washington.
Lo que la mayoría conservadora resolvió es levantar la medida cautelar de un juez federal, que se opuso a esos despidos mientras llegaba la decisión definitiva. Se trata de un fallo de emergencia, que se resolvió con un 6-3, y como tal, no era obligatorio que incorporase argumentación.
Las tres juezas liberales, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, sí se reservaron el derecho a la protesta ante la decisión de sus compañeros conservadores, tres de los cuales nombró Trump en su primer mandato.
La resolución, considera Sotomayor en representación de las tres magistradas, es “indefendible”. “La mayoría, o bien ignora voluntariamente las implicaciones de su fallo o bien es ingenua, pero en cualquier caso, la amenaza a la separación de poderes de nuestra Constitución es grave”.
El Supremo lleva así la contraria al juez federal de distrito de Massachusetts Myong Joun, que dictaminó en mayo que Trump necesitaba la autorización del Congreso para que el despido de unos 1.400 funcionarios, ordenado en marzo, fuera legal. El fallo de este lunes no resuelve de manera definitiva el asunto de fondo, pero sí permite echar a esos trabajadores mientras el proceso sigue su curso. Es muy posible que muchos de esos empleados ya estén en otros sectores cuando un juez ordene su readmisión, si es que esta llega.
La semana pasada, el Supremo permitió a la Administración de Trump continuar con los despidos de los empleados federales a gran escala, y eso desembocó inmediatamente en la expulsión de centenares de funcionarios del Departamento de Estado.
Deriva autoritaria
En el último día del curso, a finales de junio, el alto tribunal dio la que seguramente sea la victoria judicial más importante para Trump en sus primeros seis meses en la Casa Blanca al acabar con el poder de los jueces federales de parar su agenda a golpe de suspensiones cautelares de la entrada en vigor de sus decretos presidenciales. En la práctica, el fallo amplió las opciones de Trump de avanzar con su agenda autoritaria y ponía en duda la separación de poderes.
Desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump se ha impuesto la misión e acabar con el Departamento de Educación, al frente del que puso a la executiva de lucha libre profesional Linda McMahon con el encargo de hacer “un gran trabajo”, lo que en su caso, dijo el presidente entonces, consiste en “quedarse sin trabajo”. El 20 de marzo, el republicano firmó un decreto en el que pedía a McMahon que iniciara el cierre de la agencia, que existe desde 1979, en tiempos de Jimmy Carter, y ha estado en el punto de mira de los republicanos desde hace décadas. “Vamos a cerrarlo, y lo haremos lo más rápido posible”, declaró Trump aquel día.
El juez Joun, un nombramiento de Biden, ordenó a la administración Trump que readmitiera a los empleados despedidos como consecuencia de esa orden ejecutiva, mientras se resolvía el caso. El 4 de junio, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito dio la razón a Joun. La Administración Trump se dirigió entonces al Supremo para pedirle que hiciera lo que finalmente hizo este lunes.
“La mayoría conservadora hace añicos [con esta decisión] la promesa de la educación pública en Estados Unidos”, considera Skye Perryman, presidenta y consejera delegado de Democracy Forward, organización que fue parte de la demanda en Massachusetts, en un comunicado remitido a este diario. “Una vez más, el tribunal emite un dictamen para anular la decisión de dos instancias inferiores, y lo hace sin ofrecer argumento alguno. Las acciones de la Administración de Trump-Vance para desmantelar un departamento creado por el Congreso es inconstitucional”.
Para acabar con esa agencia, hace falta la aprobación del Capitolio. Lo que sí puede hacer McMahon es reducirlo a su mínima expresión dentro de lo que permite la ley; es decir, despojarlo de algunas de sus funciones para que se gestionen a otras partes de la Administración.
Las atribuciones del Departamento de Educación no son tan amplias como las de los organismos europeos similares. No decide sobre los planes educativos, eso es cosa de los Estados, y tampoco ordena a los profesores qué deben enseñar. Sus responsables sí se encargan de la financiación federal de las escuelas de primaria y secundaria, aunque no fijan sus currículos educativos; gestionan los préstamos estudiantiles, investigan las quejas por discriminación y examinan el progreso a nivel nacional de las habilidades lectoras y con las matemáticas. También manejan subvenciones federales por valor 18.400 millones de dólares, y contribuyen a la financiación de escuelas primarias y secundarias en zonas pobres. Asimismo, cuentan con un programa (15.500 millones) para ayudar a la educación de los estudiantes con discapacidades.
Para justificar la orden de su cierre, Trump aseguró en marzo que el Departamento de Educación no cumplía con su misión. “Estados Unidos gasta más dinero en educación, con diferencia, que cualquier otro país, y gasta, igualmente, con diferencia, más dinero por alumno que cualquier país, pero ocupamos uno de los últimos puestos de la lista en términos de éxito”, dijo durante el acto de la firma. Este lunes, el Supremo le ha abierto la puerta para cumplir con su deseo de demoler otra agencia federal.
