El Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha dado el último espaldarazo a la Administración de Donald Trump para que siga adelante de manera oficial con lo que hasta ahora había intentado hacer por encima de la ley: expulsar a los migrantes a terceros países sin permitirles una defensa y sin importar si estarían expuestos a algún tipo de riesgo. A pesar de las críticas de los abogados, activistas y la opinión internacional cuando el Gobierno del republicano envió a más de 200 venezolanos a El Salvador, un centenar de asiáticos a Panamá, o a cubanos y mexicanos a África, el alto tribunal ha dado luz verde este lunes para que Trump deporte a extranjeros a países distintos al de origen.
La corte levantó así una orden judicial dictada el pasado 18 de abril por el juez federal de distrito de Boston Brian Murphy, que exigía que se le diera la posibilidad y el tiempo necesario a los migrantes para discutir sus casos antes de ser deportados a países donde podrían enfrentar tortura.
Los tres jueces liberales de la corte de mayoría conservadora, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discreparon. Sotomayor calificó la orden como una “recompensa a la ilegalidad” y un “abuso flagrante”. “Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas al ordenar al gobierno que proporcione la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió. “Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable”.
En su fallo de abril, el magistrado Murphy abogó por el respeto al debido proceso, tan violado en varias de las expulsiones llevadas a cabo bajo el Gobierno de Trump, en las que no solo no se les avisa a las personas con antelación sobre cuándo serán deportadas, sino que pierden sus citas ante los tribunales de inmigración, llegan a terceros países y muchos se encuentran totalmente incomunicados, sin la posibilidad de tener contacto con sus familiares o abogados.
Así sucedió con los venezolanos enviados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), o con los ocho hombres deportados en un avión a Sudán del Sur, pero cuyo vuelo aterrizó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. Fue este último caso el que desató la lucha en los tribunales contra el envío de migrantes a terceros países. Murphy dijo que con estos procedimientos el Gobierno estaba “fabricando el caos que ellos mismos denuncian”.
Desde la Casa Blanca, a Murphy lo nombraron a través de un comunicado como “un juez activista de extrema izquierda”. El magistrado también ha estado peleando en los juzgados el caso del migrante guatemalteco identificado con las iniciales O.C.G., quien en febrero fue deportado por error a México. O.C.G. formó parte en una demanda colectiva que llevan adelante grupos defensores de derechos humanos en contra de la deportación a terceros países sin respetar el debido proceso.
La decisión del Tribunal Supremo llega como otra victoria para Trump de la mano del Poder Judicial, que en los últimos meses ha estado del lado del Gobierno del republicano en el intento de quitar la protección a millones de migrantes en el país, tal como sucedió con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a venezolanos, o los beneficios antes concedidos a quienes llegaron con programas humanitarios.
