A los seis meses de su segundo mandato, es justo decir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrasado en materia de política económica —al menos según los estándares que él mismo se ha fijado—. De hecho, ha impuesto su voluntad como ningún otro presidente desde la Segunda Guerra Mundial, con la posible excepción de Ronald Reagan.
Para empezar, Trump consiguió que se aprobara su Gran y Hermosa Ley, a pesar de una mayoría muy ajustada en la Cámara de Representantes y proyecciones creíbles de que su paquete de impuestos y gastos añadirá más de tres billones de dólares al déficit federal en la próxima década (salvo un auge económico milagroso impulsado por la IA). Y la frontera sur de Estados Unidos hoy está más controlada que en décadas.
En cuanto a los aranceles, Trump consiguió lo que quería. Europa y Japón capitularon en la práctica —al aceptar eliminar sus propias barreras comerciales y un arancel estadounidense del 15% sobre sus exportaciones—. Dadas estas condiciones humillantes, fue más que absurdo ver a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificar el acuerdo de éxito simplemente porque Trump se retractó de su amenaza inicial de un arancel del 30%. Tanto la Unión Europea como Japón se comprometieron a invertir cientos de miles de millones en la economía estadounidense, y Trump ejerció una influencia significativa sobre el destino de ese dinero. Su imagen de “hombre de los aranceles” puso claramente nerviosos a los líderes mundiales, muchos de los cuales no reconocieron que sus amenazas eran insostenibles a largo plazo. En retrospectiva, habrían hecho mejor en desenmascararlo. En cambio, un Trump envalentonado anunció nuevos aranceles a casi todos los países.
Además, impulsó una legislación destinada a incorporar a las criptomonedas al sistema financiero con una supervisión mínima. Sorprendentemente, a pesar de las multimillonarias tenencias de criptomonedas de la familia Trump, el Congreso ha mostrado poco interés en investigar el flagrante conflicto de intereses del presidente. De hecho, Trump se ha enfrentado a un mayor escrutinio público por retener los archivos de Jeffrey Epstein que por sus transacciones con criptomonedas.
Sin duda, la Ley Genius contiene algunas ideas valiosas. Una disposición, por ejemplo, exige que las stablecoins —criptomonedas vinculadas a una divisa o materia prima tradicional, normalmente el dólar— estén respaldadas por activos seguros y líquidos. Pero, en general, en lugar de establecer directrices claras para controlar el “salvaje Oeste” de las criptomonedas, la ley se reduce a poco más que un esqueleto regulatorio.
Como han señalado varios críticos, el marco de las stablecoins de Trump guarda sorprendentes similitudes con la era de la banca libre del siglo XIX, cuando EE UU no contaba con un banco central. Entonces, los bancos privados emitían sus propias monedas respaldadas por dólares, a menudo con consecuencias desastrosas como fraude, inestabilidad y frecuente pánico bancario. Con la previsión de que miles de stablecoins inunden el mercado, es probable que surjan problemas similares. Dicho esto, algunas críticas podrían ser exageradas, ya que los principales emisores actuales suelen ser más transparentes y estar mejor capitalizados que sus homólogos del siglo XIX.
Un problema más urgente y poco apreciado es que la nueva ley facilitará enormemente el uso de stablecoins basadas en dólares para la evasión fiscal. Si bien el papel moneda de alta denominación presenta desafíos similares, la magnitud de la amenaza que plantean las stablecoins es mucho mayor. Y, sin embargo, a pesar de estos riesgos, Trump, una vez más, consiguió exactamente la legislación que quería.
Afortunadamente, la economía estadounidense se ha mantenido resiliente en medio de la incertidumbre y el caos desatados por la guerra arancelaria de Trump. Aunque el crecimiento parece estar desacelerándose, y el informe de empleo de julio fue débil
—una dura realidad que el despido por parte de Trump del tecnócrata encargado de elaborar los datos no cambiará—, los datos del segundo trimestre muestran que el país aún no está en recesión.
Asimismo, el aumento de los aranceles aún no ha desencadenado un alza repentino de la inflación, y EE UU va camino de recaudar 300.000 millones en ingresos arancelarios en 2025. Hasta ahora, los importadores han sido reacios a trasladar esos costos a los consumidores, pero eso podría cambiar si la guerra arancelaria llega a su fin. Algunos analistas afirman que el aparente éxito de las políticas heterodoxas de Trump demuestra que los modelos económicos convencionales están equivocados. Lo dudo, aunque el jurado aún está deliberando.
Este optimismo a corto plazo, sin embargo, pasa por alto las consecuencias a largo plazo. Si bien algunas de las políticas del expresidente Joe Biden fueron perjudiciales, numerosos economistas han advertido que las acciones de Trump podrían resultar devastadoras para las instituciones estadounidenses y el orden económico global. Y lo que es más grave, el Estado de derecho se vería seriamente debilitado si se permite que los poderes presidenciales ampliados que Trump ha reclamado se vuelvan permanentes. Se avecina una gran prueba si el Tribunal Supremo finalmente decide que Trump carece de autoridad para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Si se mantienen, los aranceles generalizados podrían tener efectos a largo plazo en el crecimiento de EE UU. Es improbable que el resto del mundo tolere indefinidamente las políticas proteccionistas de Trump. Si empieza a mostrarse débil por cualquier motivo, cabe esperar que los gobiernos extranjeros tomen represalias radicales con sus propios aranceles. La Gran y Hermosa Ley podría agravar el daño, desencadenando un ciclo de tipos de interés más altos, inflación creciente y represión financiera.
Aun así, debemos reconocer que la segunda presidencia de Trump ha tenido un inicio mucho más sólido de lo que casi nadie —salvo el propio Trump y sus seguidores— podía imaginar hace seis meses. No debería sorprendernos lo que venga después —y eso podría ser lo más aterrador—.
