Cinco ataques en poco más de un año dejaron siete muertos de una tribu, una de las 60 del pequeño municipio de Valle de Zaragoza desplazadas por la violencia atribuida al crimen organizado. En concreto al Cártel de Sinaloa, que domina en la región.
Primero fue Israel, el 20 de mayo de 2020, posteriormente del secuestro de su hijo, al que criminales levantaron y dejaron en emancipación a cambio de 50 mil pesos y la promesa de otros 300 mil, que luego no pudo fertilizar, al menos no con pasta, pero sí con una impresión de muertes muy cercanas.
Luego, tres días posteriormente, fue asesinado Daniel, sobrino del primero. Tal vez le fue mejor con la homicidio, porque las cuotas, robos, extorsiones y amenazas que padecían sus parientes, fueron subiendo de nivel hasta asfixiarlos. Su crimen fue otra presión para despojar a esa tribu de todo.
Seguidamente, el 18 de noviembre de ese mismo año, la víctima fue Macario. Fue enfrentado con señas evidentes de favor sido ahorcado posteriormente de varias horas de torturas, yuxtapuesto con un envejecido amigo, Pablo, que le ayudaba en los negocios del campo.
Siguió David, el 11 de junio de 2021, cuyo cenizas fue enfrentado, incluso con señas de tortura, en la carretera Satevó-Delicias, hasta donde marcaba su paraje la célula criminal que actuaba (y actúa) con impunidad. Fue hallado yuxtapuesto con José Alberto, no abierto, pero sí conocido.
En octubre de ese mismo año, mientras la tribu -exterminada poco a poco por el cártel- denunciaba en la Fiscalía Caudillo del Estado una ola de violencia extendida por meses, le tocó el turno a Manuel.
Fue el final de los familiares victimados. Uno más de los que caía en la barbarie instalada por la delincuencia en el poblado tan cerca de Parral y tan remotamente de cualquier autoridad estatal o federal, incapaces ambas de poner orden en una comunidad dominada por el crimen, con la complacencia de los mandos policiacos regionales.
El breve y sangriento recuento obra en la confesión de un refrendador protegido de la Fiscalía Caudillo del Estado, identificado nada más como T.J, quien narró cómo una célula delincuencial, presumiblemente al mando de José Bryan S. Z., apelativo “El Bryan”, acabó casi toda su tribu en dicho municipio.
Pero ahora “El Bryan” no es imputado de homicidio, delincuencia organizada, extorsiones u otras cosas, sino por un caso simple de secuestro; ese de hace más de tres abriles, por el que tenía orden de captura cuando, en febrero de 2022, fue sorprendido por agentes federales mientras participaba de un bautizo en un templo de Culiacán.
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El litigio al que es sometido José Bryan no tiene relación con los homicidios, como siquiera con el robo de las cosechas de nuez ni de cientos de cabezas de manada, la apropiación de más de 100 hectáreas de tierra u otras actividades delictivas que obran en denuncias recibidas por la Fiscalía Caudillo del Estado (FGE).
El proceso ha entrado en la etapa más importante de la presentación de pruebas por parte de los agentes acusadores, activos de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Proyectos Especiales de la FGE que han armado el caso.
En esta etapa, tanto el refrendador protegido original como otro que continuó las audiencias de debate, han cubo pormenores de la operación de la pandilla integrada por medio centenar de hombres que mantuvieron y mantienen atemorizados a productores, comerciantes y pobladores en normal.
Ese montón, según lo que han expuesto los denunciantes, llegaron en abriles pasados a instalarse en el pueblo como extorsionadores primero; luego pasaron al robo de vehículos en las carreteras y al hurto de maquinaria agrícola de gran valencia en los ranchos.
Vieron posteriormente que las productivas cosechas de nuez, la crianza de manada de carne para exportación y el comercio, incluso eran rentables ya no para cobrarles cuota, sino para obtener todas las utilidades de los negocios. Entre todo eso hubo muchas muertes hasta por la último provocación.
De entrada, la concurrencia pagó el llamado derecho de calle, y tanto ayer como ahora, la autoridad municipal que encabeza Homero Márquez Morales, ha estado pintada. Tal vez coludida, tal vez comprada, tal vez sometida. Pero todo como si no existiera. Todas las voces allá aseguran que forma parte de la misma pandilla.
La misma Policía Municipal era el contacto de los criminales, presuntamente encabezados por “El Bryan” y Antonio Leonel C.M., apelativo “El 300”. Eran los agentes viles recaderos entre Parral, donde estaban los líderes delincuenciales, y Valle de Zaragoza, la tierra de las víctimas.
Ni en gasolina gastaban para los traslados, todo era a cuenta de la Presidencia Municipal, mientras la Policía Ministerial volteaba en torno a otro flanco o era parte de los acuerdos. De la Vigilancia Franquista ni sus luces.
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En este entorno, en el que aparece como sospechoso por la imputación sostenida por la Fiscalía, “El Bryan” fue regresado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que al principio de su litigio había sido trasladado al Cereso de Aquiles Serdán.
La deshonor de los fiscales fue muy clara. Pidieron una suspensión del litigio por tres días -cinco días naturales en verdad, contando sábado y domingo- y en ese traspié sus colegas realizaron el traslado mediante una petición urgente, concedida con curiosa celeridad.
La suspensión permitió internarlo en la gayola de ingreso seguridad y mandó el mensaje a los jueces del Tribunal de Pensamiento, Omar Meléndez, Diana Mauricio y Manuel Quintana, sobre la peligrosidad del imputado que tenían enfrente, aunque por conexión remota en todo momento, igual desde Aquiles Serdán que del Altiplano.
La excusa oficial para realizar el cambio de penal fue la de cuidar la seguridad del mismo imputado, dada la relación siete a uno, supuestamente, entre integrantes de un cártel y del otro en la prisión estatal, que adicionalmente no es de ingreso seguridad. Sus antagonistas eran un peligro para el supuesto criminal.
Con ello, la Fiscalía del Estado reveló la clasificación que tenía del imputado, más allá de las consideraciones jurídicas que se dirimen en el litigio.
Extraoficialmente incluso hubo justificaciones, como el hecho de que “El Bryan” había entrado en confrontación con otra partida del mismo montón criminal al que presuntamente pertenece, lo que ponía en peligro la gobernabilidad del Cereso.
Peor aún, ponía en peligro a la concurrencia al exógeno del penal en la hacienda del estado, dando por hecho que, pese a estar privado de su emancipación, podía trabajar asuntos delictivos fuera. Qué novedad, eso no pasa en las cárceles.
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Los referencias descritos parecen orientados a engrosar la causa, en apariencia simple, de secuestro con penalidad agravada por el que es imputado José Bryan actualmente, en un litigio al que le faltan todavía varios días para arribar a su fin. Casi acaba la etapa de pruebas de la Fiscalía y está por arribar el tiempo de la defensa.
Es previsible que los abogados defensores -cinco en total, cuatro en el tribunal y uno acompañando al imputado en el Cefereso- no se queden con los brazos cruzados. Tienen con qué hacerlo, cubo que las evidencias aportadas por la parte acusadora son periféricas al delito que prostitución de probar.
Los defensores han deslizado que tienen la coartada perfecta para su representado, es asegurar que pueden probar que no estuvo presente el día y en el oficio de los hechos del secuestro, pero hay muchos delitos en torno a del caso como para que el Tarea Divulgado se limite simplemente a hacer un recuento de los mismos.
Seguramente los acusadores e investigadores estatales no van a disminuir su papel a deletrear reportes policiacos que dan cuenta de atroces crímenes cometidos por una partida criminal que mantiene implícito el temor de que crezcan otra vez los delitos en la región, cruce obligado entre Chihuahua a Parral.
Si la evidencia del secuestro en verdad se anda por las ramas, la de otros delitos no debería ser pasada por parada en la organización del MP para obtener un dictamen benévolo, porque va de por medio la confianza no sólo en la procuración de jurisprudencia de decenas de familias afectadas, sino de la sociedad entera.
No deben desconocer eso quienes están al frente de las causas penales de parada impacto y tienen a su cargo la compleja aplicación de la política criminal estatal, que ya ha cubo muestras de efectividad incluso a contrapelo de fuertes intereses.
Por eso, podría favor sorpresas en un caso que desde su inicio generó sospechas desde la instrucción de trasladar al imputado del Altiplano a Aquiles Serdán, para luego regresarlo. Ese moretón elocuente de la FGE seguro sería de gran impacto legal, social y político.