Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el último año del sexenio del exgobernador Omar Fayad se registraron 21 feminicidios. Para 2022, antes de entregar la gubernatura a Julio Menchaca, la cifra fue de 12 feminicidios; sin embargo, tras la llegada de Menchaca, en el mismo año se sumaron 7 casos más.
En 2023, se contabilizaron 20 feminicidios; en 2024, 17 casos, y en enero de 2025, van tres feminicidios.
En contraste, la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac) indicó que, en 2021, último año de Omar Fayad, se registraron 35 feminicidios y 11 tentativas. En 2022, con la transición de gobierno, se reportaron 26 feminicidios y 21 tentativas.
Para 2023, la organización documentó 30 feminicidios y 17 tentativas. En 2024, la plataforma solo contabilizó seis feminicidios y tres tentativas.
Los municipios con mayor número de víctimas son: Pachuca, 23 casos; Tizayuca, 17; Ixmiquilpan, 12; Tula de Allende, 9; Tulancingo, 7; Actopan y Apan: 2 cada uno; Mineral de la Reforma y Atotonilco de Tula: 1 cada uno.
Reforma combatirá impunidad: Meza
En relación con estos datos y la marcha del Día Internacional de la Mujer, la legisladora Tania Meza reconoció las críticas de las colectivas feministas hacia algunas funcionarias y admitió que “las organizadoras tienen derecho a decidir quién participa”.
Meza destacó los esfuerzos legislativos para impulsar reformas, como la reciente iniciativa para tipificar la violencia por género en el Código Penal del Estado de Hidalgo.
“Esta reforma es medular, permitirá que las víctimas tengan un acceso real a la justicia y que los agresores no queden impunes”, señaló.
Sin embargo, admitió que el avance legislativo sigue siendo insuficiente ante el enorme rezago histórico en la garantía de los derechos de las mujeres.
Además, defendió su postura frente a las críticas por comentarios descontextualizados sobre un caso de feminicidio, subrayando la importancia de trabajar con ética periodística y perspectiva de género.
Por otro lado, una activista feminista resaltó la importancia de la marcha como un espacio de denuncia y unión frente a las múltiples violencias de género. En entrevista, la mujer, quien prefirió resguardar su identidad, expresó su indignación ante las omisiones de instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría, a las que señaló como responsables de poner en riesgo a las víctimas al no garantizarles protección efectiva.
Sobre la exclusión de ciertas funcionarias públicas en la marcha, argumentó: “Muchas han agredido o ignorado a las víctimas en lugar de ayudarlas, por eso no queremos que estén”.
También enfatizó la falta de protocolos efectivos en casos recientes de feminicidio, como los de Bárbara Cajero y Rosaura, en los que las denuncias y alertas previas no evitaron las tragedias.
“Las autoridades esperan hasta que lleguemos muertas para hacer algo”, expresó con contundencia, exigiendo una reestructuración urgente en la atención a las víctimas y en los procesos judiciales.
Ambas voces coinciden en la urgencia de transformar las instituciones y garantizar protección efectiva a las mujeres.
Mientras la activista resalta el papel de las colectivas y la necesidad de visibilizar la violencia, la diputada apuesta por reformas legislativas que traduzcan las demandas feministas en herramientas legales efectivas.
