En las próximas semanas, una porción del futuro mexicano será definido en los tribunales estadounidenses. Estos hechos no pasan por la aceptación o por el rechazo de posiciones nacionalistas o antipatrióticas. Es un asunto de mera facticidad jurídica que romperá el modus vivendi que dio lugar a varios acomodos. La interesada reducción de las delincuencias al sicariato y a las violencias para dejar de lado las redes que las posibilitaban y protegían. Los intentos por distinguir entre las pulcras y enjundiosas actuaciones públicas encargadas de combatir a las delincuencias respecto de las delincuencias mismas. Los amenazantes pronunciamientos y las eventuales acciones de agencias estadounidenses necesitadas de administrar, simultáneamente, fenómenos delictivos, relaciones comerciales y crecientes flujos migratorios.
El cambio que se está dando frente a nuestros ojos en estos días proviene, por una parte, de la modificación de tres factores distintos, aunque relacionados. El primero de ellos es la magnitud de las actividades delincuenciales ejercida mediante la violencia y diversas actividades tanto comerciales como financieras. Ejemplos de este factor son la extendida presencia territorial de los cárteles en distintas partes del país en proporciones alarmantes; las actividades relacionadas con el fentanilo o el huachicol tienen efectos extraterritoriales y comprometen las relaciones bilaterales; así como los flujos de dinero ilícito son crecientes y complicados de rastrear.
El segundo factor que ha cambiado es la profundidad de las connivencias entre las autoridades nacionales —políticas, administrativas, judiciales, militares, etcétera— y los grupos delincuenciales y sus facilitadores. Las alarmas se han encendido aquí porque —y más allá de la veracidad de toda la información disponible— se estima que parte de las autoridades mexicanas están comprometidas con los delincuentes y utilizan sus cargos para la realización de actividades de esa naturaleza. Las acusaciones sobre las componendas y las corrupciones han cambiado de matiz. Ahora se considera que las elecciones, los nombramientos, las decisiones políticas y otra amplia gama de actuaciones públicas están sustentadas o dirigidas por motivos delincuenciales.
El tercer factor tiene que ver con lo ocurrido en los Estados Unidos a partir de la llegada del presidente Donald J. Trump: su administración, sus mayorías legislativas y la construcción de nuevas y agresivas narrativas. Lo que ha acontecido desde comienzos de su segundo periodo no tiene nada que ver con lo hecho en el primero. A partir del 20 de enero se emitieron órdenes ejecutivas relacionadas con la migración, los grupos terroristas, el fentanilo y otros temas vinculados con México y sus autoridades. Tanto las amenazas como las actuaciones sobre los aranceles se convirtieron en arma política y los migrantes dejaron de ser moneda de cambio.
Además del reacomodo de los tres factores mencionados, los cambios se han suscitado y acelerado por la presencia de diversos presuntos delincuentes ante las fiscalías y las cortes estadounidenses. Los principales líderes del Cartel de Sinaloa están sentenciados, procesados o en fase de serlo. Una parte de estas personas parece haber buscado o logrado acuerdos con las respectivas fiscalías para reducir sus sentencias a cambio de información sobre sus propias actividades delictivas y sus vínculos tanto con particulares como con autoridades mexicanas.
Sumando a las personas vinculadas con el Cartel de Sinaloa y sus escisiones, es importante recordar que otro número significativo de presuntos delincuentes se encuentran en situación semejante. Es decir, en posibilidad de llegar a acuerdos con las fiscalías estadounidenses una vez que, sin más, fueron expatriados de México a finales de febrero del presente año. Entre los afectados hay personas pertenecientes a diferentes organizaciones actuales y pasadas, que también se encuentran en posibilidad de colaborar con las autoridades para lograr beneficios de diverso tipo.
Si sumamos los distintos elementos señalados, es posible advertir que, en efecto, una parte importante del futuro de la política, los negocios y las finanzas mexicanas está siendo deliberada y será determinada por las autoridades estadounidenses gracias a la colaboración de diversos presuntos o confesos delincuentes mexicanos.
Más allá de los llamados nacionalistas y de las acusaciones de traición a la patria, lo cierto es que las autoridades nacionales, pasadas y presentes, se colocaron en la situación en la que actualmente nos encontramos. Por no querer procesar a quienes debían por los compromisos asumidos para con ellos. Por no poder procesar a quienes forman parte de sus propias filas, precisamente por ello. En los próximos meses veremos cómo es que desde fuera se harán ajustes —para bien y para mal— sobre lo que, en principio, debió haber sido tarea exclusiva de las autoridades mexicanas. Me parece que el tiempo mostrará que, como tristemente sucedió en otros momentos de nuestra historia, las omisiones nacionales posibilitaron las intervenciones extranjeras.
