La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha presentado este lunes una acción de tutela para impedir la inminente detención de su cliente. En un escrito radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el abogado Jaime Granados ha argumentado que el fallo condenatorio del pasado viernes viola “los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”. Su objetivo, a través de este mecanismo excepcional, es obtener una respuesta rápida de la justicia mientras se tramita la sustentación de la apelación, que presentará el miércoles 13 de agosto. Advierte que la detención todavía no se ha concretado por cuestiones “de simple trámite”.
El viernes pasado, la jueza Sandra Heredia ordenó la detención inmediata de Uribe tras encontrarlo culpable de los delitos de manipulación de testigos y dictarle 12 años de prisión domiciliaria. Explicó que dejarlo en libertad era daría un mensaje de impunidad ante la sociedad y de que no existe la igualdad ante la ley. “[La medida] es necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”, se lee en el fallo. Asimismo, consideró que la detención “tiene un efecto disuasivo” para prevenir nuevos delitos y que hay riesgo de fuga por “su gran reconocimiento a nivel internacional”.
El fallo desestimó el argumento de la defensa de que había que valorar que Uribe compareció en el juicio. Aunque la jueza valoró su “actitud responsable y respetuosa”, evaluó que esta quedaba cancelada por diferentes artimañas para obstaculizar el proceso. “Desde la fase primigenia se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio, superando los márgenes legítimos de defensa”, se lee en la sentencia.
La tutela que presentó Granados contraargumenta que la privación de la libertad de los procesados debe ser excepcional cuando aún no hay sentencia en firme, como es el caso de la condena de Uribe en primera instancia. El abogado considera que el argumento de evitar futuros delitos es “una clarísima negación” de la presunción de inocencia y que la jueza fue “totalmente ambigua” respecto a cómo la libertad del expresidente afectaría la convivencia ciudadana. “No se puede poner la libertad de Álvaro Uribe al servicio de la ‘calma social’, pues ello constituiría una instrumentalización inaceptable de la persona en un Estado Social de Derecho”, se lee en su solicitud.
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