El cierre parcial del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, ha disparado las alarmas en el sector asegurador marítimo. Aseguradoras como Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han anunciado cancelaciones a partir del 5 de marzo. Según los avisos, la cobertura de riesgos de guerra quedará excluida en aguas iraníes, así como en el Golfo y aguas adyacentes. Skuld ha añadido en su aviso al mercado que estaba trabajando en una opción de recompra para restablecer la cobertura.
Por su parte, el grupo asegurador japonés MS&AD, en una información que publica Reuters, informa de que ha suspendido la suscripción de una serie de pólizas de seguro que cubrían los riesgos de guerra en las aguas alrededor de Irán e Israel y los países vecinos. En España, como explica Javier Hernández-Valenciano, socio de Clyde & Co, “el mercado asegurador no ha dejado de ofrecer cobertura, pero ha reevaluado el riesgo, ajustando la cobertura y el precio” mediante garantías específicas que se cancelan cuando el conflicto se materializa, pasando de riesgos hipotéticos a amenazas ciertas.
Esta reacción contractual, prevista en pólizas estándar, deja expuestas a las cadenas de suministro: retrasos, pérdidas de beneficios y reclamaciones de terceros no cubren daños directos, sino impactos indirectos que activan seguros de riesgo político. Paulino Fajardo, socio de Herbert Smith Freehills Kramer, advierte que “el principal problema no es el daño a barcos, sino interrupciones en las cadenas de suministro, efectos en financiación y crédito”, previéndose litigios millonarios en escenarios como el actual.
Las empresas españolas están descubriendo exclusiones amplias en pólizas de responsabilidad civil (RC) y daños que no contemplan interrupciones sin daño físico, como bloqueos o restricciones gubernamentales. Hernández-Valenciano destaca que las coberturas de business interruption requieren un daño material previo, dejando fuera paralizaciones como la de Ormuz o sanciones, lo que genera “pérdidas económicamente relevantes sin asegurar”. En responsabilidad civil, las cláusulas por sanciones —incrementadas un 44% desde 2017— permiten denegar pagos si violan embargos de la UE, EE UU o la ONU, redactadas de forma tan amplia que crean incertidumbre.
Fajardo precisa que estas exclusiones distinguen imposibilidades legales reales de riesgos teóricos, por ello recomienda coordinar los departamentos de legal, compliance y seguros para evitar que las pólizas se “vacíen de contenido”. Ante ciberataques híbridos a infraestructuras críticas —probables represalias iraníes—, muchos no encajan en categorías de guerra o terrorismo, lo que abre la puerta a denegaciones de cobertura. El impacto en precios es brutal: primas de guerra y ciberriesgos se duplican o triplican, con subidas del 50%-100% en renovaciones, endureciendo condiciones y franquicias. “Hay un escenario altamente probable de ataques híbridos, que no encajan bien en las categorías clásicas de guerra, terrorismo o ciberincidente”, remata Fajardo.
Grandes despachos expertos en aseguramiento han activado comités de crisis con equipos especializados para revisar mapas de riesgos y rediseñar cláusulas. Hernández-Valenciano confirma que Clyde, con 70 oficinas globales, coordina grupos de estas materias para analizar disrupciones marítimas, volatilidad de precios y fuerza mayor en suministros críticos y anticipa “litigios en renovables/offshore por sanciones (como ejemplo está el caso de Rusia)”. Se revisan cláusulas para “riesgos emergentes globales”.
En todo caso, el socio de Clyde & Co recuerda que “el sistema está diseñado desde hace décadas para adaptarse a cambios bruscos en el riesgo sin paralizar por completo la actividad económica”. Fajardo, por su parte, urge a las empresas a revisiones proactivas de pólizas, ya que en programas internacionales las aseguradoras pueden cancelarlas unilateralmente en crisis.
Impacto en España
El sector legal ya prevé litigios por interpretación de exclusiones de guerra, calificación de ataques híbridos o activación de non-damage business interruption, un tipo de cobertura de seguro que protege contra pérdidas financieras por interrupción de operaciones empresariales, sin requerir daño físico a la propiedad asegurada.
En España, el bajo impacto directo en suministro energético —existe poca dependencia de los productos petrolíferos del Golfo— no evita subidas de costes que presionan contratos y generan impagos, activando reclamaciones en crédito comercial y riesgos políticos. Brokers como Marsh y Aon España alertan de “turbulencia global” sobre infraestructuras y responsabilidad civil marítima, con primas “notablemente aumentadas” y exclusiones expresas para Ormuz.
La nueva planificación de riesgos dispara primas: los seguros marítimos de guerra se endurecen con plazos cortos y restricciones, mientras las ciberpólizas —ya deficitarias— suben hasta el triple por siniestralidad brutal y temor a ataques iraníes o de sus aliados.
En el horizonte asoman litigios millonarios por denegaciones de la responsabilidad civil sancionada, interrupciones sin daño o ciberataques estatales. Los despachos aconsejan verificar las cláusulas limitativas bajo la Ley de Contrato de Seguro, exigiendo justificación concreta de exclusiones. En un entorno volátil el blindaje asegurador protege balances, pero expone a empresas a rediseños costosos y juicios que redefinirán el mapa de riesgos geopolíticos. El consejo de Paulino Fajardo es anticiparse: “Revisar las pólizas y analizar cómo interactúan las diversas exclusiones”. En España, señala, “las cancelaciones unilaterales son raras, pero los riesgos en pólizas internacionales exigen vigilancia”.
La pandemia sacó de las bibliotecas universitarias una institución jurídica anclada en el Código Civil, la rebus sic stantibus, que permite, siempre que exista desproporción exorbitante, imprevisibilidad y ausencia de otras soluciones, la resolución no penalizada de los contratos, y que ha sido desarrollada jurisprudencialmente. En general, el sector legal ve difícil su aplicación, ya que el Tribunal Supremo mantiene una interpretación restrictiva y la mayoría de las disputas por subidas de precios, como en la covid o la guerra de Ucrania, se resuelven extrajudicialmente o no prosperan.
Petición de ayudas
Las empresas españolas reclaman medidas urgentes ante la crisis en el estrecho de Ormuz, que dispara los precios de los combustibles y la energía. El sector del transporte (CETM, Confebus, Astic) pide ayudas directas como bonificaciones al gasóleo, revisión de tarifas y fondo de cobertura. Juan Roig, dueño de Mercadona, reclama al Gobierno el IVA al 0% en alimentación para mitigar impactos en consumidores, “que serán inevitables si no se adoptan medidas”. El sector agrario también ha levantado la voz. COAG insta a la CNMC a investigar de oficio la fijación de precios. ASAJA reclama ayudas directas, bonificaciones al gasóleo agrícola y rebaja del IRPF.
