sábado, junio 7, 2025

Los alquileres a un euro tienen los días contados en Egipto | Carta del corresponsal

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Tener que lanzarse al mercado de alquiler de vivienda en Egipto en los últimos años se ha convertido en una pesadilla indeseable. Desde principios de 2021, la moneda local se ha devaluado un 70% respecto al dólar y la inflación ha alcanzado picos históricos del 40%. Así que el mercado se ha llegado a transformar en una selva incoherente y en constante cambio donde nadie acababa de saber cómo fijar los precios ni durante cuánto tiempo.

Por si la situación no fuera lo suficientemente inestable, el Tribunal Constitucional lanzó una bomba más en noviembre al juzgar inconstitucional la parte central de una ley que ha mantenido el precio de los alquileres antiguos congelados durante décadas y ha permitido que se hereden. Aunque la batalla legal se remontaba 37 años atrás, la corte solo dio de margen al Parlamento hasta junio para enmendarla; de lo contrario, esos alquileres se liberalizarán.

Los alquileres en Egipto se desregularizaron con una ley de 1996 que creó un sistema dual entre los contratos previos a ese año y los firmados a partir de entonces, sujetos al mercado. Según el último censo estatal, de 2017, solo el 14% de las familias del país viven de alquiler, así que no se trata de una opción muy popular. El problema, como ocurre a menudo en Egipto, son los números absolutos que esconden los porcentajes: en este caso, 3,3 millones de familias, incluidas 1,6 millones con contrato antiguo y la mayoría —1,1 millones— concentradas en el área metropolitana de El Cairo, donde este tipo de contratos cubre el 25% del total de hogares.

Una de las principales peticiones de los propietarios es que con el paso del tiempo la diferencia de precio entre los alquileres antiguos y los nuevos ha superado lo absurdo, sobre todo en la capital: en unos 600.000 hogares se pagan alquileres de menos de 50 libras al mes (unos 90 céntimos de euro) y en los casos más caros apenas 900 libras (16 euros). Aunque existe mucha variación, el precio de los alquileres nuevos puede ser fácilmente hasta 100 veces superior. Esta situación ha provocado que muchos edificios se encuentren en condiciones deplorables porque los propietarios no quieren o no pueden realizar un mantenimiento correcto. También ha llevado a que algunos propietarios opten por dejar sus pisos vacíos durante décadas. Y en los casos más extremos, a que recurran a actos vandálicos para vaciar pisos o desalojar edificios y vender los terrenos.

Los defensores de este modelo señalan que garantiza la estabilidad y seguridad de los inquilinos y de las redes comunitarias de sus barrios. Y recuerdan que muchos han asumido durante años los costes de mantenimiento de los pisos y edificios donde viven, han invertido en ellos y han realizado pagos extra a los propietarios para obtener o mantener sus contratos.

Cuestión espinosa

Por otra parte, hay una cuestión más espinosa, sobre todo para el Gobierno: muchos de estos inquilinos son familias de ingresos bajos que no pueden afrontar el precio de mercado del alquiler ni pueden comprar. Si sus contratos se liberalizan de forma abrupta, el resultado podrían ser cientos de miles de desalojos a la vez. Y es que el salario mínimo en el sector privado de Egipto, que en muchos casos ni siquiera se cumple, ronda solo los 125 euros al mes, por lo que muchos se preguntan cuáles han sido las políticas de las autoridades durante estas décadas para conseguir que la mayoría pueda asumir, al menos, el coste de la vivienda.

Ante esta tesitura, el Gobierno, de corte marcadamente liberal, ha llevado al Parlamento en las últimas semanas una propuesta de ley que prevé que el precio de los alquileres antiguos aumente de golpe por 20, con una base mínima de 1.000 libras (18 euros) en la ciudad y la mitad en el pueblo. Luego incrementarían un 15% anual durante cinco años y, cumplido el periodo, el proyecto de ley contempla que estos contratos pasen a estar liberalizados como el resto. La propuesta incluye un artículo para garantizar que quienes se expongan a ser desalojados reciban acceso prioritario a vivienda social. Pero estas pueden ubicarse en zonas muy alejadas de donde han vivido siempre los inquilinos.

Aquí puede consultar las últimas Cartas del corresponsal



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