El campo de extermino ubicado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, condensa el enorme reto que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en la agenda de las desapariciones forzadas, tragedia en la que ni su predecesor ni ella dan prioridad a las víctimas.
Las imágenes de zapatos y mochilas abandonadas en lo que fue un espacio de reclusión forzada, vejaciones y con toda seguridad homicidios, provocaron un shock nacional e internacional en la segunda semana de marzo.
A pesar de que México lleva sumergido más de tres sexenios en una vorágine sangrienta, y a pesar de horrores como la guerra intestina que tiene secuestrados a los sinaloenses, el rancho Izaguirre logró conmover a la opinión pública como hacía mucho no ocurría.
Y si bien la presidenta Claudia Sheinbaum se vio forzada a reaccionar el lunes en la mañanera con respecto al predio jalisciense, pidiendo investigar lo ocurrido, no debe pasar por alto que la mandataria tiene un frío libreto sobre las desapariciones, uno que le ha sido criticado.
El lunes volvió a ese guion cuyo arranque consiste en, al tiempo que declara su solidaridad con las víctimas, minimizar la cantidad de desapariciones: desde la más importante tribuna se cuestiona la magnitud del problema. Lo mismo hizo en su paso por la CDMX.
Cuando Sheinbaum fue jefa de gobierno tuvo conocimiento de que un cálculo extraoficial de las personas desaparecidas en la Ciudad de México era de 30 mil. Que esa cifra sea similar a la que las Madres de Mayo reclaman a la dictadura argentina le parecía inconcebible.
Claudia, que por aquel tiempo veía aparecer informes sobre la CDMX de un incremento de más de mil por ciento en las desapariciones, pidió cotejar el registro de personas desaparecidas, y no solo terminó por depurarlo, sino que diezmó las relacionadas con temas de violencia.
De lo primero ella misma dio cuenta durante una gira hace justo un año por Durango, ya como candidata a la presidencia de la República: “siempre dije como jefa de Gobierno, si esto fuera una realidad esto fuera un movimiento de 30 mil personas con sus familias, entonces nos metimos a ver aparte de recibir a los colectivos qué estaba en esa lista”.
A la postre, el sucesor de Sheinbaum en la capital Martí Batres reportó que 93.2% de las personas del listado revisado “no se ausentaron por (ser) víctimas de algún delito”, y que solo el 2.4% fueron víctimas de homicidio, y el 4.6% “fueron víctimas de algún delito de alto impacto”.
El método Sheinbaum resultó de interés a López Obrador. A la secretaría de Gobernación le fue encargada una depuración similar. Cuando se presentaron los datos de ésta, hubo cuestionamientos de especialistas y colectivos de víctimas.
Al cierre del 2023 AMLO pretendió que se diera por bueno que, de un universo de más de 110 mil desaparecidos, se fijara en 12,377 la cifra como denuncias confirmadas. El problema es que múltiples casos que la Segob dio por localizados fueron desmentidos por los familiares.
Mas el antecedente ahí está y es tan vigente que el lunes mismo de nueva cuenta Sheinbaum, obviamente ya como presidenta, dedicó varios minutos a explicar el problema de identificar en un país sin un documento de identidad único, y las deficiencias en los reportes de desaparecidos: “recuerden que muchas personas que se consideraban desaparecidas en el sexenio anterior —me tocó como jefa de gobierno—, al hacer el cruce de las bases de datos de las personas que se vacunaron con el COVID, de las personas de Registro Civil, de otras bases de datos, fueron identificadas y después, se fue a visitarlos a sus casas y resultó que habían regresado a su casa, pero nunca le habían avisado a la Fiscalía correspondiente que, al haberse levantando la carpeta de investigación como desaparecidos, nunca habían informado a la Fiscalía que ya habían regresado”.
Cuando hace un año dijo en Durango que era inconcebible el tener 30 mil personas desaparecidas en la Ciudad de México porque supondría enfrentar un movimiento de igual número de familias, colectivos se sintieron agraviados y le contestaron a la entonces candidata.
“No son números, tienen un nombre y una historia, ella dice que si hubiera 30 000 desaparecidos, hubiera 30 000 buscadoras, hay quienes ya murieron, hay quienes por el recurso no lo buscan”, dijo entonces al Sol de Durango Ma Guadalupe Delgado, coordinadora regional de Grupo VIDA en la Región Lagunera.
Un año después, la presidenta Sheinbaum propone ir con tiento a la hora de sacar conclusiones sobre lo que pasaba en Teuchitlán, diciendo que no bastan las imágenes ni los testimonios para ya saber bien a bien qué sucedió con las personas retenidas en ese rancho.
Tiene razón la presidenta, pero acaso su petición sea un intento de mantener la situación política bajo control para evitar que la indignación por los desaparecidos se desborde y su gobierno se vea obligado a atender de manera distinta esa problemática.
Porque hasta hoy todo indica que con respecto a los colectivos de madres de desaparecidos, lo que Sheinbaum ha decidido es una continuidad sin cambio: marginación de esos colectivos en Palacio Nacional, derivarlos, cuando mucho, a la Secretaría de Gobernación.
Si el primer paso del método Sheinbaum para lidiar con la desaparición forzada es desinflar las cifras que dimensionan el problema en más de un centenar de miles de casos, el segundo consiste en que reducirle la visibilidad, mandándolo a Bucareli.
Se trataría de una estrategia que supone, con bastante sentido común, la imposibilidad de la gobernante de salir bien librada de una promesa de justicia cuando lo real es una inveterada incapacidad institucional e incluso la colusión de no pocas autoridades y criminales.
Sheinbaum no quiere un Ayotzinapa a su nombre. Y dado que hubo instancias federales en el cateo de septiembre en el rancho Izaguirre, que a todas luces quedó sin resguardo, el reclamo por lo que las autoridades no hicieron desde entonces alcanzaría a la Federación.
Quizá a estas alturas incluso la presidenta lamente el haber involucrado al Fiscal General de la República, que el martes en la mañanera declaró que evaluaría si se involucra en el caso. Antes de tener toda la información, lo convirtió en un tema federal. Días después, la misma Sheinbaum mejor pedía no adelantar conclusiones.
Un método periodístico señala que en ocasiones resulta más efectivo exponer un problema generalizado enfocándose en un solo evento o ejemplo. Teuchitlán se convirtió desde la semana pasada en un caso así.
Tuvieron que ser las madres de “Guerreros Buscadores” las que alertaran sobre un predio que los gobiernos de México y de Jalisco ya habían detectado seis meses atrás. O lo que es lo mismo, la autoridad ni cuando encuentra indicios criminales los investiga debidamente. Y esa pasividad oficial es parte de lo que enardece hoy.
El gobierno de Sheinbaum quiere dedicarse fundamentalmente a complacer a Donald Trump para que no imponga al país aranceles u otras sanciones. Estados Unidos podría usar a Teuchitlán para exhibir indolencia e ineficiencia mexicana ante quienes reclutan ejércitos ilegales.
Teuchitlán se salió del control mediático del régimen. Ahora este actúa como quien pretende impedir que se constituya en el mentís sobre la dimensión que Palacio da a la desaparición forzada. El gobierno no quiere, igualmente, que se convierta en la chispa que active una ola de denuncias sobre campos de exterminio en toda la República.
El método Sheinbaum para lidiar con esta problemática supone que no existen decenas de miles de familias movilizándose para encontrar a sus seres queridos. Teuchitlán, y desde hace años Tala, solo por mencionar dos municipios con denuncias de desaparición forzada masiva en el mismo rumbo jalisciense, podrían tener otros datos.
