México se encamina hacia unas elecciones inéditas en el mundo por multitud de razones. Apenas un puñado de países, como Bolivia y Estados Unidos, eligen a sus juzgadores mediante voto popular, y ninguno lo hace para todos los niveles. Este domingo, sin embargo, la población mexicana elegirá por primera vez en la historia a todos sus jueces federales, y a los locales en 19 de los 32 Estados de la República: son casi 2.700 impartidores de justicia que configurarán el Poder Judicial de la próxima década. Con estos comicios, que culminarán con una segunda convocatoria en 2027, México da un salto a lo desconocido que ningún país se ha atrevido a dar antes, no al menos para tantísimos juzgadores ni con la complejidad que ha revestido un proceso repleto de dificultades.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador se inspiró en la experiencia boliviana para lanzar su última gran apuesta antes de abandonar el cargo, una herencia que ha llevado a término finalmente su sucesora, Claudia Sheinbaum, y en la que se posan ahora los ojos del resto del continente y del globo. A ningún dirigente de la región se le pasa por alto el suceso del domingo. “América Latina está viendo que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas”, dijo el mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre la reforma en la que se embarcaba el país norteamericano hace unos meses. “A veces no se quiere escuchar el voto popular. México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya propuso la elección popular de jueces”, explicitó.
En 2013, el Gobierno argentino de Cristina Fernández ya impulsó una reforma que pretendía aplicar este método para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano de gobierno de los jueces, equivalente al Tribunal de Disciplina Judicial mexicano o al Consejo General del Poder Judicial en España. La iniciativa fue tumbada finalmente por la Suprema Corte del país, pero su ejemplo ilustró que la aventura boliviana no solo no era anecdótica sino que resonaba en la región. “En América Latina, siempre que se ha querido democratizar el Poder Judicial, los Gobiernos han creído que la forma de hacerlo es mediante el voto”, sintetiza Josafat Cortez, politólogo de la UNAM. México lo ha llevado hasta las últimas consecuencias y ha entrado en el selecto grupo de países que recurren a este método para nombrar a alguno de sus cargos judiciales, con modalidades y efectos muy dispares. Las principales incluyen a Bolivia, Estados Unidos, Suiza, Venezuela y Japón.
Bolivia: elección de 26 altos cargos
Las elecciones judiciales en Bolivia fueron introducidas en la Constitución en 2009 a propuesta del Gobierno y con la oposición en contra, al igual que en México. En este caso, donde no hay sistemas de justicia diferenciados entre el nivel nacional y estatal por tratarse de un país centralizado, las urnas se usan únicamente para los cuatro altos tribunales del Estado, nunca para las instancias inferiores. Son 26 cargos en total, entre el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, cuyos aspirantes son validados previamente por dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo que ha generado muchas críticas por la politización del proceso.
Hasta ahora se han celebrado tres elecciones, en 2011, 2017 y 2024. En las dos primeras, la oposición se organizó para boicotearlas y llenar las urnas de votos nulos o en blanco, que representaron el 58% y el 67% del total de boletas emitidas, respectivamente. “Cuando hablamos con los expertos del país, nos dijeron que no nos aconsejaban llamar a no votar, sino a votar de manera informada, porque allí hubo muchos votos nulos y blancos, y después se dieron cuenta de que habían llegado personas realmente problemáticas a los puestos más altos”, explica Laurence Pantin, coordinadora del Observatorio de Justicia del Tecnológico de Monterrey.
Quizá como consecuencia de esas conclusiones, en 2024, los votos válidos superaron por primera vez a los demás (64%) y la participación alcanzó el 82%, un 20% más que la primera vez, aproximadamente. La parte positiva, contrapone Josafat Cortez, es que en 2011 llegaron al cargo muchas más mujeres y abogados indígenas que antes de la reforma.
Estados Unidos: comicios estatales y dispares
Las elecciones en Estados Unidos se configuran a la inversa. Mientras que los cargos federales son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, es en el terreno estatal donde la ciudadanía gana peso, de formas muy distintas según la normativa de cada lugar. Actualmente, explica Alejandro Díaz, del Tec de Monterrey, 38 de los 50 Estados eligen mediante urnas a sus Tribunales Superiores de Justicia, las instancias más altas de cada entidad. En los 12 restantes, es el gobernador quien propone y el Parlamento quien finalmente decide.
Dentro de los 38 que eligen mediante voto popular, clasifica el experto, en ocho Estados, los candidatos están asociados a algún partido; en otros 14 se presentan sin etiquetas partidistas; y en los otros 16 se recurre a elecciones de retención (retention election), que sirven para revalidar o apartar a un juez que ya está en el cargo, no para nombrarlo, como ocurre en Japón. En la segunda instancia ―tribunales de apelación y jueces de distrito―, dice el especialista, “casi todo se vota en muchísimos de los Estados”, y se van combinando los sistemas dentro de cada entidad.
A diferencia de lo que ocurrió en Bolivia, en Estados Unidos a las mujeres les resulta más difícil acceder a los cargos a través de este método, indica Díaz. “Si hay una vacante, las mujeres tienen más oportunidades solo si compiten contra candidatos hombres muy mediocres”, apunta, y agrega: “También sabemos que la comunidad que más se interesa en las elecciones judiciales es la de negocios”.
Japón (y Estados Unidos): elecciones para revalidar el cargo
En Japón, con una jurisdicción centralizada como en Bolivia, la ciudadanía no interviene en el nombramiento de los jueces —que son elegidos por el gabinete presidencial— sino solo para revalidar el cargo de algunos de ellos. Es lo que se conoce como elecciones de retención, similares a las de revocatorio de mandato, que en el país nipón se aplica a los jueces que componen la Suprema Corte.
Después de haber sido nombrados por el Ejecutivo, sus puestos son sometidos a refrendo popular en la primera elección legislativa que tenga lugar después de haber accedido al cargo. El procedimiento se repite 10 años después y, en caso de que la mayoría de los electores voten a favor de remover al juez, este es separado de su cargo. En la práctica, este método se ha convertido en una formalidad, pues de las 25 veces que se ha llevado a cabo, en ninguna se ha destituido a ningún juez, indica Óscar Torres, especialista en Derecho comparado de la UNAM.
En el caso japonés, a pesar de la intervención clara del poder político, los requisitos para acceder al cargo de juez son muy exigentes. Para poder siquiera postular, primero deben aprobar un examen judicial con casos prácticos y conocimientos de legislación, y más tarde deben completar un periodo de formación y capacitación en el Instituto Judicial del país (el Instituto de la Judicatura mexicano). En ese sentido, dice Torres, “se preserva la racionalidad”.
Suiza y Venezuela: los jueces de paz
Suiza y Venezuela, países tan distantes y distintos para todo lo demás, comparten sin embargo un tipo de elección que, aunque atañe a la justicia, es de una naturaleza diferente a la de la judicatura constitucional. Se trata de los llamados jueces de paz, que en realidad realizan funciones más propias de un mediador en comunidades pequeñas y para conflictos pequeños. En Suiza, donde los jueces federales son elegidos por el Parlamento, esta figura gana presencia en los cantones, las entidades en las que se subdivide el territorio. En Venezuela comenzaron a elegirse mediante urnas el año pasado: 15.000 titulares y otros 15.000 suplentes, siempre con la oposición en contra.
“La elección popular de jueces de paz está bastante justificada por la proximidad con la ciudadanía”, explica Óscar Torres. “Es una cuestión más municipal, muchísimo más micro”, puntualiza. Esta figura ha intervenido históricamente en conflictos menores tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, por ejemplo, por ver a quién le pertenece una gallina o un kilo de maíz. Eso no quita, dice el experto, que “la justicia no es solo aplicar el derecho, sino también resolver conflictos, y estos jueces de paz contribuyen decididamente a ello”.
