El bufete americano Baker McKenzie estudia un recorte de su plantilla de hasta el 10% de su fuerza laboral. La noticia fue adelantada hace un mes por el portal británico de información legal RollOnFriday, y más tarde recogida por la agencia Bloomberg y por medios como Law.com. Pero los candidatos a recibir la temida carta de despido no son abogados, sino los trabajadores de apoyo documental y administrativo. De acuerdo con estas informaciones, el ajuste podría implicar la salida de entre 600 y 1.000 profesionales, sobre todo localizados en las oficinas de Londres y Belfast, pero con efectos también en sedes extranjeras.
La información confirma la previsión de los analistas. Inspirado en la estrategia de grandes tecnológicas como Amazon y Microsoft, el sector legal coquetea con la idea de recortar personal que puede ser sustituible por las máquinas. Y el contexto es idóneo: si se tiene en cuenta que la inteligencia artificial (IA) permite elaborar en segundos documentos (contratos, informes…) que antes requerían horas o días de trabajo, plantear estas reestructuraciones se antoja inevitable.
El personal de apoyo está en el punto de mira. Puestos en áreas como marketing, gestión de conocimiento, paralegales o secretariado quedan expuestos. El goteo de noticias en este sentido comenzó el año pasado. En septiembre, el diario londinense CityAM recogió que la firma Freshfields acometería un recorte de la mitad de sus paralegales júnior en su oficina de Manchester. En noviembre, Clifford Chance recortó el 10% de su personal de servicios empresariales en el Reino Unido, según ha recogido la prensa extranjera especializada.
Es un cambio de era. El crecimiento de las plantillas, tradicionalmente considerado un síntoma de buena salud del negocio, deja de ser un objetivo estratégico. Hace unos meses, PwC, una de las cuatro grandes auditoras globales, renunció de forma discreta a su promesa de incorporar 100.000 trabajadores a nivel mundial para mediados de 2026. El nuevo contexto de mercado exigía una redefinición de objetivos, alegó uno de sus portavoces. La big four más bien prescindió de 5.600 personas en ese ejercicio, según sus propios reportes fiscales; y en el mismo periodo elevó su inversión en inteligencia artificial hasta los 1.500 millones de dólares.
La automatización disipa el furor de contratación al mismo ritmo que las máquinas asumen roles tradicionales de juniors, documentalistas, paralegales, revisores de texto o traductores. La cuestión es si esta tendencia, que es evidente en Estados Unidos y el Reino Unido, llegará a España. Los analistas descartan un ajuste brusco. Por un lado, por razones económicas: la legislación laboral española hace que despedir en masa sea caro. En segundo término, por factores culturales, pues el tejido empresarial español es más conservador en este sentido.
Expertos consultados por este medio hablan de un efecto de “erosión silenciosa”. Es decir, vendrán años de freno en la contratación de perfiles administrativos, dicen las fuentes consultadas. Pero será una reconfiguración discreta y progresiva de roles, más que una sucesión de despidos masivos. Así lo anticipa José Luis Pérez Benítez, socio de la consultora Black Swan. Una cascada de despidos sería escandaloso y caro, por lo que las firmas tenderán poco a poco a no cubrir vacantes, externalizar funciones o reducir equipos mediante rotación natural. “El resultado neto será parecido en cinco años al de otros países, pero sin grandes titulares”, señala el experto.
El fenómeno de las máquinas que fagocitan roles administrativos abre un debate de fondo. Existe el peligro, señalan fuentes expertas, de que la inteligencia artificial sea utilizada como excusa para adelgazar las plantillas y engordar beneficios, más que como una respuesta a una necesidad corporativa. “Los grandes despachos internacionales citados responden a una convergencia de tres factores que no deben confundirse: la IA como sustituto del trabajo de soporte; también como coartada conveniente para reestructuraciones que podrían ser necesarias; y la presión permanente sobre márgenes para maximizar el beneficio por socio”, señala el consultor.
Encaje laboral
Pero, ¿es posible echar al personal de apoyo con la excusa de la implementación de herramientas de inteligencia artificial? La respuesta dista de ser sencilla. Cabe recordar que, en España, el despido objetivo —basado en causas de negocio, distinto del disciplinario— solo es procedente si concurre alguna de las causas previstas por la ley. Hay cuatro tipos: económicas, técnicas, organizativas o de producción (en el argot legal son conocidas como las causas ETOP).
Pues bien, a la luz de la última jurisprudencia, invocar motivos económicos no es suficiente para justificar estos recortes. Los jueces, incluido el Tribunal Supremo, han dejado claro que debe acreditarse una necesidad empresarial real, es decir, no valen las excusas apoyadas puramente en la rentabilidad. De lo contrario, la decisión puede ser declarada improcedente por la vía judicial.
“No sería legal plantearlo en la idea de ‘hemos implantado IA y ahora somos más eficientes, y por tanto amortizamos puestos’”, apunta el abogado Omar Molina, socio de Augusta Abogados. El letrado confirma que hay bufetes que ya se plantean este tipo de recortes en España. Pero serán, en todo caso, ajustes graduales.
Lo que es claro es que los tribunales analizarán caso a caso con lupa. “Si el relato empresarial es usar IA para ahorrar costes, sin caída de demanda, sin pérdidas, sin necesidad organizativa acreditada, sin amortización real del puesto en su integridad y sin proporcionalidad, el juez puede verlo como excusa comercial y no como causa ETOP”, advierte Molina. El abogado cree que este tipo de litigios ganarán un notable protagonismo en los próximos meses. Lo mismo que ocurrió con los despidos ligados a la pandemia, judicializados por cientos.
Dos casos de interés
En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró procedente el despido de una trabajadora de una empresa de gestión de litigios, sustituida por un sistema automatizado capaz de conseguir en 11 días tareas que antes requerían 287 jornadas. En este caso, el tribunal consideró que sí concurría una causa organizativa de peso. En cambio, en 2019, un juez de Las Palmas declaró improcedente el despido de una administrativa porque la compañía solo alegó “mejora de eficiencia” por automatización. El fallo subrayó que las empresas deben acreditar necesidades reales, no caben excusas vagas, para justificar el despido.
