El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este miércoles al Congreso de los Diputados con un objetivo: demostrar ante la mayoría que lo invistió en 2023 que ha reaccionado al encarcelamiento de quien hasta hace semanas era el secretario de Organización de su partido, Santos Cerdán, por armar una supuesta red de corrupción que incluye también a su antecesor en el cargo y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Aunque solo parcialmente, lo consiguió.
El pleno, en realidad, fueron tres: uno en el que Sánchez se explicó ante unos socios —que no se dieron por enteramente satisfechos— y otro en el que el PSOE y el PP —extremadamente bronco este miércoles en su ansia por forzar un adelanto de las elecciones— se echaron a la cara sus respectivos casos de corrupción presentes y pasados. El tercero lo protagonizó Vox, que acudió a la Cámara exclusivamente a repetir su discurso extremista y a mantener viva la disputa preelectoral con los populares en la que se hallan inmersos.
Ante los grupos que le apoyaron tras el 23-J, Pedro Sánchez pidió disculpas por el caso Cerdán y se hizo cargo de la decepción de la ciudadanía, pero defendió la obra de su Gabinete. También presentó una batería de 15 medidas contra la corrupción elaboradas siguiendo los patrones de la OCDE.
Aunque son de aplaudir todas las reformas que refuercen la limpieza de la democracia española, no bastan para resolver a corto plazo la crisis que viven los socialistas y, más concretamente, su secretario general y presidente del Gobierno. Su criterio a la hora de elegir y sostener a sus personas de confianza, así como la capacidad del partido para servirle de contrapeso, han quedado en entredicho con Cerdán y Ábalos. El fiasco del nombramiento frustrado de Francisco Salazar como adjunto a la nueva secretaria de Organización no ha hecho sino confirmar esas dudas.
El mensaje que salió del pleno de este miércoles es que la mayoría de los que votaron la investidura de Pedro Sánchez —Podemos sigue en su particular batalla con Sumar y Junts, en la suya con ERC— prefieren evitar las elecciones anticipadas, pero flotando sobre toda la sesión estuvo siempre la investigación judicial en curso. Si aparecieran indicios de financiación ilegal del PSOE o de participación en la trama de más altos cargos, el coste de sostener al Ejecutivo sería insoportable para ellos.
Sin embargo, y aunque la mancha del caso no se extienda, los socios parlamentarios del Gobierno le exigen más. En especial el PNV, que acertó a dibujar la gravedad del momento para, sin dejar de afear a Feijóo su agresividad, recordarle a Sánchez que su confianza va “camino de la UCI”. Por eso le pide que se adelante a la justicia y comparta con la Cámara toda la información que tenga sobre el comportamiento tanto de Cerdán como de Ábalos. Empezando por las razones, nunca explicadas, por las que 2021 destituyó a este último como ministro para incluirlo dos años más tarde en las listas electorales.
Pese a la contundencia de quienes le siguen sustentando, el Ejecutivo sale vivo de esta primera fase de la crisis, y eso ya es de por sí un refuerzo. Ahora le toca al Gobierno demostrar que tiene una mayoría para hacer algo más que sobrevivir. Sea por la aprobación de los presupuestos o por alguna otra iniciativa que pruebe que la legislatura tiene futuro y no será una agonía diaria, los ciudadanos se merecen saberlo cuanto antes.
