Ningún niño, niña o adolescente debería estar preso. Esta es la convicción que guía el trabajo de Sheema SenGupta (Kuala Lumpur, Malasia, 57 años), directora de Protección Infantil de Unicef. “Las cifras están bajando pero no están donde deberían estar”, advierte durante una entrevista con este diario. La tasa de menores privados de libertad durante 2024 fue de 28 por cada 100.000 niños en todo el mundo, según los datos del informe Reimaginar la justicia para la infancia de la agencia de Naciones Unidas, presentado recientemente en Madrid, durante el V Congreso Mundial sobre Justicia con la Niñez.
En un escenario global marcado por conflictos armados, migraciones y la crisis climática, SenGupta asegura que es urgente que existan marcos legales especializados para menores. Según Unicef, únicamente 38 países cumplen con los seis elementos que proponen para alcanzar un sistema adaptado para la infancia, entre ellos, la edad mínima de responsabilidad penal de 14 años o más, una investigación y resolución judicial adaptada o procedimientos especiales para las víctimas menores. El escenario ideal: garantizar que los menores puedan reclamar sus derechos y acceder a resoluciones de conflicto sin permanecer detenidos.
Los países que no cumplen ningún elemento en materia de justicia juvenil son México, Arabia Saudí, Pakistán y Myanmar, según este informe. Los principales desafíos para que el resto de países implementen este tipo de estrategias incluyen la falta de personal capacitado y de presupuestos adecuados, señala SenGupta. Pero estos retos podrían ser aún más complejos en el contexto actual de recortes a los fondos para el desarrollo de Estados Unidos y de algunos países europeos.
Pregunta. Unicef informa que 28 de cada 100.000 niños están privados de libertad en todo el mundo. ¿Cómo se puede interpretar esta cifra? ¿Es un indicador de progreso o es una señal de alerta?
Respuesta. Entre 2018 y 2024 hubo 67.000 niños menos en centros de detención. Las cifras están bajando, pero no están donde deberían estar y siguen siendo enormes. El año pasado había unos 259.000 niños detenidos en el mundo. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg porque no todos los gobiernos informan.
P. ¿Por qué es urgente “reimaginar la justicia” para los niños?
R. Cuando lanzamos la estrategia [Reimaginar la justicia para la infancia en 2021], era urgente porque sentíamos que el acceso de los niños a la justicia estaba desapareciendo de la agenda. Uno de los principios fundamentales es que todos los niños que están en conflicto con la ley puedan ser derivados y no permanezcan detenidos. También es urgente que los niños sobrevivientes de violencia sexual, abuso o explotación reciban realmente justicia. Los niños tienen necesidades y derechos muy específicos. Si tenemos un sistema de justicia común, no se tienen en cuenta las necesidades específicas, como el derecho a la educación, al desarrollo, al juego, a ser criado por sus padres o a tener una familia.
Uno de los principios fundamentales es que todos los niños que están en conflicto con la ley puedan ser derivados y no permanezcan detenidos
P. ¿Cuál considera que es el desafío más importante para la justicia infantil en la actualidad?
R. Aunque hemos visto muchos avances en los últimos cuatro años en la legislación para niños, la implementación es a menudo un problema. Para abordar las necesidades de la infancia es necesario tener policías y personal judicial capacitados, trabajadores sociales, psicólogos… Y esa capacitación no siempre está disponible porque los países no siempre tienen el presupuesto adecuado. Los niños deberían estar en el centro de todo esto. Deben saber cuáles son sus derechos y cómo acceder a ellos. Hay niños que no saben cómo expresarse o no saben que tienen derecho a hacerlo. No solo hablamos de niños en conflicto con la ley, también hay testigos de un delito o aquellos que han sido abusados, y no pueden alzar la voz porque no se sienten seguros o no saben cómo hacerlo.
P. Un total de 38 países cumplen con los seis elementos que propone Unicef para un sistema de justicia especializado para la infancia. ¿Qué transformaciones concretas necesitarían el resto de países para implementarlos de manera efectiva?
R. El mejor resultado de eso sería que ningún niño estuviera detenido. Ese sería el mundo ideal. Si todo se implementara, entonces todos los niños estarían protegidos contra cualquier tipo de detención. En su lugar, habría programas de reinserción, mecanismos de derivación, familias alternativas o de acogida. Por ejemplo, los niños en tránsito no acompañados en España no son detenidos. Tenemos que buscar alternativas como esa. ¿Qué es seguro para los niños? Porque hemos visto que, si se ofrecen alternativas, la tasa de reincidencia es mucho menor.
Los niños no son los infractores si son reclutados. La responsabilidad de ese reclutamiento recae en el reclutador, no en el niño
P. ¿Cómo se puede garantizar el bienestar psicosocial de los niños en zonas de guerras prolongadas y similares a las de una emergencia?
R. Garantizar es una palabra importante, es una palabra muy grande… Un trauma puede incluso convertirse en intergeneracional. Moldea la forma de vivir, la forma de pensar, cambia la personalidad, determina las reacciones y las relaciones. Creo que lo que sí ayuda son los servicios de salud mental y de apoyo psicosocial. Que los acompañen a lo largo del proceso. Y una de las cosas que estamos publicando hoy en nuestras guías técnicas es cómo brindar apoyo psicosocial y de salud mental dentro de ese sistema judicial en situación de conflicto. No lo debemos dejar para el final, debe acompañar al niño durante todo el proceso.
P. En países como México, la República Democrática del Congo o Sudán han denunciado el reclutamiento de niños por parte de grupos armados. ¿Cómo deben abordarse las situaciones en las que los niños son víctimas, pero, al mismo tiempo, son acusados de cometer delitos?
R. En todos los casos, los niños son víctimas. Los niños no son los infractores si son reclutados. La responsabilidad de ese reclutamiento recae en el reclutador, no en el niño. Eso es algo que hay que recordar en todos los casos.
P. ¿Cómo está afectando a la infancia el desmantelamiento de USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos, y los recortes que algunos países europeos han hecho a la cooperación y desarrollo?
R. Muchos de nuestros socios que llevan a cabo programas sobre el terreno han empezado a reducir su personal o a dejar de trabajar en ciertos países porque no tienen los fondos necesarios. Estamos viendo que las organizaciones que trabajan en favor de los niños se ven obligadas a priorizar, cerrar y reducir su presencia. Creo que en un año veremos impactos drásticos. Algunos países consideran que esto no es una prioridad, o que ciertos países no son prioritarios, por lo que la gente se marchará antes de que podamos consolidar, por ejemplo, los sistemas de protección infantil.
P. Entonces, ¿los niños son quienes quedan relegados?
R. Sí. Pero no se trata solo del recorte de fondos por parte del Gobierno de Estados Unidos o la USAID, sino también del efecto dominó de los demás gobiernos europeos que dicen: “Estamos recortando porque tenemos que priorizar la defensa”. Así que, en la escala de prioridad, los niños están quedando cada vez más relegados.
P. ¿Qué acciones son urgentes para cerrar esta brecha de países sin sistemas especializados para la infancia como México, Arabia Saudí, Pakistán y Myanmar?
R. Lo que tenemos que hacer en estos países es defender y recordar sus compromisos con la Convención sobre los Derechos del Niño. En algunos países hay sistemas duales, tienen sus propias leyes tradicionales para esto. Entonces se trata de interpretar y alinear ambos sistemas. Todos los gobiernos deben comprometerse a hacerlo. Y luego hay que aprender de lo que ya existe y trabajar con los niños, porque es muy importante escucharlos.
