El distrito textil de Los Ángeles está vacío. Los productores lecheros de Texas afirman que los trabajadores no se presentan a ordeñar las vacas. Un productor de cebollas de Idaho, que ya tiene dificultades para encontrar suficientes trabajadores, asegura que la escasez de mano de obra está empeorando. Y en Ventura (California), el vicealcalde, Doug Halter, reconoce que, tras las redadas de inmigración que se llevaron a cabo cerca de las tiendas Home Depot, todos los latinos parecen haber desaparecido. El otro día, al caminar por los pasillos, por lo que pudo ver, solo había gente blanca. “Si conoces esta zona, sabrás que es anormal”, recuerda.
El panorama laboral estadounidense se ve afectado por las redadas en los lugares de trabajo realizadas por agentes de inmigración vestidos con equipo militar, que ahuyentan a los trabajadores sin permiso para estar en el país y dejan a los empleadores con la incertidumbre de cómo se las arreglarán sin ellos. Se estima que los inmigrantes sin autorización representan el 5% de la fuerza laboral estadounidense, con una concentración particularmente alta en la construcción, el procesamiento de alimentos y otras áreas que sufren una escasez crónica de mano de obra.
Mientras el presidente Donald Trump busca cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, se avecinan las consecuencias económicas. La fuerza laboral estadounidense se redujo en mayo, en parte debido a la disminución del número de trabajadores nacidos en el extranjero. En California —el Estado más poblado y hogar de una proporción particularmente alta de inmigrantes—, las deportaciones masivas podrían eliminar 275.000 millones de dólares de la producción económica, reducir drásticamente la recaudación fiscal hasta en 23.000 millones anuales y afectar gravemente a sectores como la construcción y la agricultura, según un informe reciente elaborado por del Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía y la Universidad de California en Merced.
“Si deportáramos a todos los que están aquí indocumentados y trabajan en granjas, en los campos, nos moriríamos de hambre”, dice Shay Myers, que dirige Owyhee Produce, con sede en Parma (Idaho), una de las granjas de cebollas más grandes de Estados Unidos. Cada año, Myers necesita conseguir unos 90 peones agrícolas con visas federales de trabajador invitado, llamadas H-2A, de México y otros lugares, para atender sus 4.000 hectáreas en Idaho y Oregón. Pero conseguir suficientes trabajadores se ha convertido en un problema tan grande que ha tenido que renunciar a sembrar algunos cultivos. “No podremos alimentar a nuestra gente en este país sin estos trabajadores, así de simple”, afirmó.
40% de indocumentados
Las granjas estadounidenses funcionan con un ejército de trabajadores para sus cultivos. Más del 40% son indocumentados. Propietarios y trabajadores se han visto afectados al intentar descifrar la postura de la Administración de Trump hacia el sector agrícola. Hace unos días, el presidente pareció ofrecer un respiro al sugerir que las redadas en lugares de trabajo deberían evitar granjas, procesadoras de alimentos, hoteles y restaurantes. Pero tan solo unos días después la postura de la Administración cambió abruptamente, y el Departamento de Seguridad Nacional reafirmó que los agentes deberían reanudar las persecuciones contra cualquier persona sin permiso en el país, independientemente de su lugar de trabajo.
Esta volatilidad política es típica de la Administración de Trump —el plan del presidente para los aranceles también ha sido muy cambiante— y probablemente refleja opiniones encontradas dentro de la Casa Blanca. Mientras que figuras de línea dura como el asesor presidencial Stephen Miller han impulsado un programa de deportación agresivo, estableciendo un objetivo de al menos 3.000 arrestos diarios, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, se ha mostrado comprensiva con las preocupaciones empresariales sobre la escasez de mano de obra, según personas próximas a las deliberaciones de la Casa Blanca que pidieron no ser identificadas.
Trump “se dio cuenta de que podría haber un gran problema si los acorralaban y los expulsaban”, dijo Edward Ring, director del centro de estudios conservador California Policy Center, quien se reunió con el presidente en enero, pero afirma no tener conocimiento directo de ninguna discusión política. “Trump se enteró de eso y no quiere destruir toda una industria”. El presidente también se enfrenta a una feroz oposición a su campaña de deportación, en particular a las tácticas de mano dura que suele emplear y al carácter indiscriminado de las redadas.
Multitud de manifestantes se han congregado en cientos de ciudades estadounidenses durante las últimas semanas para denunciar lo que, según ellos, eran las tendencias autoritarias del presidente. Eso ocurrió después de las manifestaciones en Los Ángeles, desatadas por redadas agresivas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se intensificaron tras su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina para ayudar a sofocar la violencia. En el Distrito de la Moda del centro de Los Ángeles, donde las redadas del ICE contribuyeron a impulsar las protestas, las fábricas, normalmente llenas del bullicio de las máquinas de coser, permanecieron en silencio, y las tiendas cerraron por falta de trabajadores. Muchas salas de exposición que atienden a compradores mayoristas están cerradas con candado. El Distrito de Mejora Comercial del Distrito de la Moda de Los Ángeles contabilizó un descenso del 40% en las visitas a la zona desde una redada de gran repercusión el 6 de junio, mientras que la asistencia de los empleados disminuyó casi un 24%.
“El presidente ha sido increíblemente claro. No habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan deliberadamente socavar los esfuerzos del ICE”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, en un correo electrónico respondiendo a preguntas para este artículo. “La aplicación de la ley en los lugares de trabajo sigue siendo un pilar fundamental de nuestros esfuerzos para salvaguardar la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica”.
El comisionado de Agricultura del Estado de Texas, Sid Miller, afirma que, si bien algunas granjas lecheras texanas han intentado usar tecnología para reducir la dependencia del trabajo manual, la represión migratoria sigue siendo dura. Algunos trabajadores indocumentados que esperan evadir a los agentes del ICE han dejado de acudir a trabajar, e incluso algunos trabajadores legales se mantienen alejados por temor a ser detenidos o interrogados, reconoce. “Esas vacas tienen que ser ordeñadas cada ocho horas, así que si no hay ordeñadores, ¿qué van a hacer?”, dice Miller. “Es puro pánico”.
Trump ha intentado previamente proteger a la industria agrícola de las dificultades económicas, destinando miles de millones de dólares en ayuda federal a los agricultores durante su primer mandato, principalmente para compensar las pérdidas derivadas de su guerra comercial con China. Durante la pandemia designó a los trabajadores agrícolas como esenciales y permitió cierta flexibilidad en las normas de visado, reconociendo su importancia para la cadena de suministro de alimentos del país.
En declaraciones a los periodistas hace unos días, Trump dijo que estaba explorando formas de permitir que los agricultores “con buena reputación” se responsabilicen de los trabajadores que contratan. “Hay gente que ha trabajado en granjas durante 20 años. Es muy difícil ir allí y decir: ‘Ya van a salir”, dijo Trump. “Vamos a dejar que los agricultores asuman la responsabilidad. Nuestros agricultores son gente excelente. Nos mantienen sanos, felices y con sobrepeso”.
Los 5,5 millones de inmigrantes que se incorporaron a la fuerza laboral desde 2020 han sido responsables de la mayor parte de la creación de empleo en Estados Unidos, pero Trump ha presentado la represión como una medida para restaurar la seguridad pública y proteger el empleo estadounidense. Si bien algunas de sus tácticas han suscitado críticas, la aplicación de las leyes migratorias aún cuenta con un amplio apoyo. Una encuesta del Pew Research Center realizada en marzo reveló que más del 80% de los consultados creen que al menos algunas personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización, especialmente aquellas con antecedentes penales, deberían ser deportadas.
El ICE informó en junio que promediaba más de 1.600 detenciones diarias, un ritmo más rápido que el promedio de 670 arrestos diarios entre la toma de posesión de Trump el 20 de enero y mayo. También representa un aumento de aproximadamente el 450% con respecto a las cifras habituales durante el último año de mandato del expresidente Joe Biden. El ICE no publica cifras diarias de arrestos y no respondió a una solicitud de datos actualizados por parte de Bloomberg.
Crear una vía legal
Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, afirmó no haber hablado con el presidente respecto a sus recientes opiniones sobre las industrias agrícola y hotelera, si bien reconoció las tensiones entre las demandas laborales y la política migratoria. “Llevo mucho tiempo diciendo que el Congreso necesita hacer algunos cambios. Necesitamos mano de obra para realizar ese tipo de trabajo y luego crear una vía legal”, declaró Homan a The Daily-Podcast, haciendo referencia a las preocupaciones de hoteles y agricultores. “El presidente entiende que aquí hay un sistema defectuoso, pero eso no significa que simplemente ignoremos la ley”. Homan afirmó que las redadas en lugares de trabajo siguen ocurriendo, aunque los agentes están priorizando a los delincuentes más graves.
Sid Miller, Myers y otros involucrados en la industria agrícola creen que facilitar el camino para las visas temporales para los trabajadores agrícolas ofrece una manera de abordar las preocupaciones sobre la inmigración ilegal y, al mismo tiempo, mantener la fuerza laboral.
Es oneroso conseguir trabajadores temporales legales, ya que lleva 90 días o más, según los agricultores. Una granja primero debe solicitar al Departamento de Trabajo de Estados Unidos que certifique la necesidad de trabajadores que no puede encontrar en el país. Luego, la granja debe encontrar trabajadores extranjeros, pagar su traslado a EE UU y cubrir el alojamiento y la alimentación. Esto suma un total de 21.250 dólares por trabajador con visa H-2A por 125 días de trabajo de cosecha, según Philip Martin, profesor de la Universidad de California en Davis.
“La gente no entiende realmente de dónde proviene su comida ni qué se necesita para que les llegue”, dice Myers, la tercera generación de agricultores en su familia. Cree que el Congreso debería reformar la política migratoria estadounidense para brindar a los trabajadores agrícolas indocumentados que cumplen la ley una vía para obtener un estatus migratorio legal.
Katelyn Eames, quien dirige Burg’s Corner, una granja de melocotones en Stonewall (Texas), dice que depende de trabajadores con visas temporales. El programa le exige primero anunciar las vacantes a ciudadanos estadounidenses, pero en los años que lleva trabajando en la granja ningún estadounidense ha solicitado trabajo. El trabajo requiere personas dispuestas a recolectar melocotones en los veranos extremadamente calurosos del centro de Texas, donde las temperaturas suelen superar los 38°. “Si no fuera por ellos, no habría melocotones”, dice Eames. “Si crees que un ciudadano estadounidense quiso recoger 500 acres de melocotones de mi padre en los últimos 60 años, te equivocas muchísimo”, añade.
Los portavoces de la industria también se están movilizando. Representantes de la Asociación Ganadera de Kansas están presionando a la Casa Blanca, exigiendo que se les permita a los trabajadores indocumentados que cumplen la ley obtener un estatus legal, ya que no hay suficiente personal en Estados Unidos para cubrir todas las granjas, ranchos y plantas procesadoras de carne, según el director ejecutivo Matt Teagarden. “Podemos utilizar trabajadores extranjeros en nuestra producción de alimentos, o podemos importar alimentos”, dijo. “Y, desde el punto de vista de la seguridad nacional y la seguridad alimentaria, no queremos importar alimentos”.
El Instituto de la Carne, que representa a productores como JBS y Tyson Foods, instó a la Administración de Trump a incluir a las empresas empaquetadoras y procesadoras de carne y aves de corral en las iniciativas para mejorar los programas para trabajadores agrícolas.
Richard Kreps, presidente de American Pistachio Growers, afirma que su grupo comercial planea aprovechar la ofensiva migratoria de Trump para impulsar un programa de trabajadores temporales para empleados agrícolas, similar al Programa Bracero, una iniciativa de mediados de siglo que permitió a millones de mexicanos trabajar en la agricultura estadounidense.
La industria responde
La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento ha celebrado “numerosas reuniones con funcionarios de la Administración para transmitirles nuestros graves desafíos de escasez de fuerza laboral”, explica la directora ejecutiva Rosanna Maietta por correo electrónico.
Unas 70 millas al noroeste de Los Ángeles, en el condado de Ventura, la cosecha de fresas y coles de Bruselas está en pleno apogeo. Días después de las sonadas redadas de inmigración dirigidas a trabajadores agrícolas y que dieron lugar a vídeos de agentes persiguiendo a hombres por los campos, la mayoría de los trabajadores han regresado. Esta época del año significa mucho trabajo estable, e incluso los trabajadores preocupados por las redadas del ICE estaban dispuestos a correr el riesgo. Los trabajadores pedían a los desconocidos que se identificaran, nerviosos por ver una cámara o a alguien espiando los campos a través de las cercas metálicas.
“Los trabajadores agrícolas viven de crisis en crisis”, destaca Roman Pinal, vicepresidente nacional de United Farm Workers, y recuerda que los peones del campo en el condado de Ventura trabajaron durante días llenos de humo durante los incendios forestales de Los Ángeles en enero y las redadas de inmigración en el Valle Central ese mismo mes. Carolina, una ciudadana mexicana de 29 años que pidió ser identificada con un apodo para evitar contradecir a las autoridades, dijo que ha estado trabajando en los campos de fresas de California desde que llegó a Estados Unidos a los 12 años. Le preocupa ser blanco de la represión de Trump, a pesar de tener un permiso de trabajo válido para los próximos cuatro años. “No somos delincuentes”, indica Carolina. “Solo intentamos trabajar, no causar problemas”, concluye.
