En el año en que Estados Unidos celebra su 250.º aniversario, el 20 de febrero resonó una de las frases icónicas de su Declaración de Independencia: “Todos los hombres son creados iguales”. Aunque la escribió Thomas Jefferson —quien llegó a poseer hasta 700 esclavos—, esa idea ilustrada fue clave en la construcción de la nación americana.
La vigencia de ese principio quedó clara cuando, el año pasado, un pequeño fabricante de juguetes educativos cuyos costes de insumos se multiplicaron por diez debido a los aranceles, inició junto a otras empresas una batalla legal contra las medidas de la Administración Trump.
El argumento era simple: la IEEPA —la Ley de Poderes Económicos de Emergencia— no autoriza al presidente a imponer aranceles pues no hay una habilitación expresa. El Tribunal Supremo coincidió y, por 6 a 3, anuló la base legal utilizada por Trump. El impacto es notable: cerca del 60% de la recaudación arancelaria dependía de esta ley, unos 175.000 millones de dólares hasta febrero, lo que equivale a un 0,6% del PIB.
No obstante, la sentencia deja sin resolver la vía por la que se devolverán los aranceles. Para entender la complejidad, conviene familiarizarse con el procedimiento de cobro. Cuando una mercancía entra en Estados Unidos, el importador paga una liquidación preliminar. Después, el Customs and Border Protection (CBP) revisa los datos y emite una liquidación definitiva, tras la cual el importador dispone de 180 días para recurrir.
Con este marco, la vía que elija el Gobierno marcará el ritmo y alcance de las devoluciones. Mientras unos 1.000 importadores concentran el 80% de los aranceles pagados, los otros 299.000 soportan 35.000 millones. Para muchos de ellos, los costes de reclamación podrían limitar su capacidad para recuperarlos.
Existen tres posibles vías:
- Ajustes administrativos impulsados por el Gobierno, tanto para importaciones sin liquidación final como para las que estén dentro del periodo de reclamación. Hasta diciembre, se habían registrado 34 millones de entradas, de las cuales 19 millones seguían pendientes de liquidación definitiva.
- Un procedimiento administrativo específico.
- Reclamaciones caso por caso ante los Tribunales de Comercio Internacional.
Pese a la incertidumbre operativa, el fallo trae efectos positivos. El arancel efectivo, que rondaba el 17%, cayó al 10%–11% con la entrada en vigor de la Sección 122 —temporal por 150 días y pendiente de prórroga por el Congreso—. Asimismo, limita la agresividad arancelaria de Trump, ya vigilada tanto por jueces como por el ciclo electoral. Además, las devoluciones funcionarán como un estímulo fiscal que apoyará el crecimiento, aunque a costa de aumentar el déficit federal, que podría volver al 6,3%, niveles no vistos desde 2021.
En resumen, el Estado de Derecho se ha impuesto. Una pequeña juguetera logró llevar al Gobierno a los tribunales y obtener un fallo del Supremo —de mayoría conservadora— contra un presidente del mismo signo. Jefferson, sin duda, habría sonreído ante este desenlace, prueba de que sus principios siguen vigentes. Mercados, empresas y economía también lo agradecen.
