Durante el mandato de Nicollino Cangiamilla como coordinador de las prisiones de Sonora ocurrieron algunos hechos brutales que continúan sin resolverse. Por ejemplo, la muerte de la joven Paula Josette Arizona durante una visita conyugal a un preso en una cárcel de Hermosillo para la que no tenía autorización. O, por ejemplo, la muerte de dos reos y la intoxicación de otros cuatro en otra prisión estatal de Ciudad Obregón, en Cajeme, por consumir un narcótico mezclado con fentanilo que alguien ingresó al lugar. Con al menos esas negligencias en su historial, el colectivo Ni Una Más Hermosillo intentó impugnar en febrero la candidatura de Cangiamilla a magistrado del quinto circuito de Sonora, pero no lo consiguió, pues las listas definitivas ya habían sido publicadas sin haber hecho una investigación previa de los candidatos. Ahora, la plataforma se enfrenta a una denuncia por calumnias del candidato ante el INE, que ha admitido la queja presentada por una publicación en Instagram del 18 de febrero en la que denunciaban que “fue responsable de un sistema penitenciario corrupto, violento e inhumano” y que “su gestión al frente del sistema penitenciario genera dudas sobre su idoneidad para el cargo”.
“Está haciendo esto para que nos callemos, para poder hacer campaña a gusto de aquí a junio”, dice Leslie Robles Valdez, integrante del colectivo, a quien le llegó el requerimiento del organismo electoral que ha conocido este periódico. El INE le solicita a Robles Valdez que indique si es integrante de la plataforma, si administra la cuenta de Instagram cuya publicación ha sido denunciada o, en caso negativo, que proporcione los nombres y la dirección de quienes sí. Además, le preguntan por su vinculación con algún partido político o candidato a la elección judicial del 1 de junio.
“Es preocupante que, en lugar de garantizar elecciones libres de violencia y verificar la idoneidad de los candidatos, el INE esté utilizando su facultad sancionadora para perseguir y hostigar a colectivos feministas que denuncian hechos de interés público”, expresa Robles Valdez en su respuesta al organismo electoral, que le dio de plazo 48 horas antes de aplicarle una amonestación pública. La vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, Verónica Sandoval, se ha defendido de las críticas y ha manifestado en una entrevista en Uniradio informa que el organismo electoral “únicamente investiga para integrar un expediente y remitirlo a la Sala Especializada del Tribunal Electoral”, que es quien tendrá la última palabra sobre la responsabilidad de las activistas.
Este caso evidencia uno de los problemas que han dejado al descubierto las fallas de los comités de evaluación que, en un proceso apresurado y basado en criterios imprecisos e insuficientes, a decir de los expertos, han colocado en las listas a candidatos cuyo historial no ha sido investigado previamente. Las organizaciones civiles y los ciudadanos han adoptado el rol de examinadores en el último mes, pero con las listas cerradas y las papeletas ya impresas, su margen de impacto se reduce a una labor titánica de pedagogía en la opinión pública. En este caso, además, el colectivo se enfrenta a una medida de presión jurídica por parte del candidato que coloca la investigación sobre quienes cuestionan la candidatura y no sobre quien aspira a ocupar el cargo de magistrado.
“Al principio me dio mucho miedo que supieran dónde vivía y que me estuvieran pidiendo el nombre y las direcciones de mis compañeras, porque siempre hemos intentado cuidar mucho nuestra identidad, pero siento que es nuestro deber decirlo y hablarlo, porque pues ahorita somos una colectiva que tiene apoyo, pero le podía haber llegado a una colectiva más pequeña”, dice Leslie Robles Valdez. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se ha solidarizado con ellas por lo que consideran una “criminalización de las compañeras por hechos que están probados”, en palabras de Guadalupe Cruz, abogada del organismo, y las están acompañando a través de la familia de Paula Josette, la joven que falleció en una cárcel de Hermosillo durante una visita a un preso.
El post por el que denuncian a Ni Una Más Hermosillo fue eliminado sin ninguna explicación por Instagram pocos días después de su publicación. Puesto que entonces les llegaron muchos mensajes por privado exigiendo que lo bajaran, creen que se debió a que muchas cuentas lo denunciaron a la vez. El 25 de febrero avisaron de la eliminación de la publicación y volvieron a subirla, y desde entonces se ha mantenido. El candidato Nicollino Cangiamilla no se ha pronunciado públicamente en ningún momento sobre las acusaciones de negligencia del colectivo. Muy al contrario, este domingo inauguraba en Facebook su campaña por el cargo de magistrado así: “La justicia no puede seguir siendo distante, fría o ajena a las necesidades del ciudadano común”. “¡Juntos vamos a transformar la justicia y ponerla al servicio del pueblo! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Juntos Sí podemos!”, concluye su publicación.
