Un juez federal ha ordenado la puesta en libertad de Kilmar Abrego García mientras espera el juicio por transporte ilegal de migrantes indocumentados. La decisión del juez de distrito de Nashville, Tennessee, Waverly D. Crenshaw, ha llegado minutos después de otra orden judicial que prohíbe su detención en caso de ser liberado.
Los fallos marcan un punto de inflexión en una saga legal que ha atraído la atención nacional, pendiente de los acontecimientos que giran en torno al salvadoreño. Abrego García, que fue deportado por error a El Salvador en marzo pasado, se ha convertido en un símbolo de las injusticias cometidas en la campaña de deportaciones masivas del Gobierno de Donald Trump.
“Estos fallos constituyen una contundente reprimenda a la conducta ilegal del Gobierno y una garantía crucial para el derecho al debido proceso de Kilmar”, declaró Simon Sandoval-Moshenberg, uno de sus abogados.
La magistrada Paula Xinis, de Maryland, que sigue un caso civil por la deportación del salvadoreño, emitió una orden que prohíbe a la Administración Trump poner bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a Abrego García tras su liberación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, ya había anunciado que, cuando el detenido fuera liberado, las autoridades migratorias lo arrestarían de nuevo con la intención de volver a deportarlo, esta vez a un tercer país, que podría ser México o Sudán del Sur.
La magistrada establece que las autoridades migratorias notifiquen a los abogados de Abrego García su intención de deportarle de nuevo con 72 horas de antelación, avisando a dónde lo enviarían. Xinis ordena, además, su regreso a Maryland, el Estado donde residía con su familia, tal y como solicitó su defensa.
“Tras su deportación ilegal una vez sin previo aviso, esta protección legal es esencial. Agradecemos que el tribunal haya reconocido que los derechos y la seguridad de Kilmar están en juego, y que las acciones pasadas del Gobierno son motivo de seria preocupación”, añadió Sandoval-Moshenberg.
En su decisión de ponerle en libertad, Crenshaw argumentó que el Gobierno “no logra demostrar con una preponderancia de pruebas —y mucho menos con pruebas claras y convincentes— que Abrego represente un peligro tal para los demás o la comunidad [y] que dichas preocupaciones no puedan mitigarse con las condiciones de su liberación”.
Anteriormente, la jueza Barbara Holmes, de Nashville, había otorgado la libertad a Abrego García, pero lo mantuvo bajo custodia a petición de la defensa por el temor a que, al ser liberado, el ICE lo detuviera. Con su fallo, Crenshaw rechaza la moción que había presentado la Administración Trump y que pedía anular la puesta en libertad del salvadoreño concedida por Holmes hasta la celebración del juicio.
Abrego García, de 29 años, fue deportado por error a El Salvador en marzo y encarcelado en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot) junto con más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños. La Administración Trump los acusó sin pruebas y sin juicio previo de pertenecer a las pandillas criminales Tren de Aragua y MS-13. El caso de Abrego García se volvió célebre porque el propio Gobierno admitió haberlo deportado por un error administrativo, puesto que el salvadoreño contaba desde 2019 con una protección judicial que impedía su deportación al país centroamericano por el temor fundado a que sufriera represalias por parte de las pandillas.
Abrego García salió de su país a los 16 años huyendo de la violencia de esos mismos grupos. En Maryland trabajaba como obrero metalúrgico y residía con su mujer, estadounidense, y tres hijos.
El 6 de junio el Gobierno de Trump sorprendió regresando al salvadoreño a suelo estadounidense. Desde su deportación, el republicano había rechazado iniciar las gestiones para su retorno, a pesar de que la jueza Xinis e incluso el Tribunal Supremo ordenaron que “facilitase” su vuelta.
El regreso de Abrego García no se produjo, sin embargo, para enmendar el error de la Administración, sino para que enfrentara cargos penales. El Gobierno acusó al salvadoreño de ser un criminal peligroso que traficaba con migrantes indocumentados y fue detenido nada más aterrizar en Estados Unidos. Desde entonces, se mantenía bajo custodia en Tennessee, donde espera su juicio.
“Las decisiones de los tribunales brindan a Kilmar cierta protección y a su familia cierta tranquilidad”, declaró Ama Frimpong, directora legal de la organización CASA, que ha mantenido una campaña de apoyo al salvadoreño desde que fue deportado. “Sabemos que esto no elimina la amenaza de deportación, pero reafirma la importancia de la supervisión y la rendición de cuentas en el proceso. Este no es el final de nuestra lucha popular; sin embargo, es un momento de rendición de cuentas. Nuestra lucha por la verdadera justicia para Kilmar continúa, y seamos claros: cuando luchamos, ganamos”, apuntó.
