Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha declarado ilícitos la mayoría de los aranceles que ha impuesto la Administración de Donald Trump al resto de países del mundo. La medida representa una dura bofetada para la política exterior del republicano, que ha recurrido a esos gravámenes para renegociar acuerdos comerciales, pero también como herramienta de presión ante gobiernos extranjeros para obtener objetivos no necesariamente económicos. De momento, no obstante, los aranceles continuarán en pie hasta mediados de octubre.
Los jueces del tribunal de apelaciones han determinado, por una mayoría de siete contra cuatro, que el presidente se ha excedido en su uso de los poderes de emergencia para aplicar aranceles. “Las leyes conceden una autoridad significativa al presidente para que adopte una serie de acciones como respuesta a una declaración de emergencia nacional, pero ninguna de esas acciones incluye explícitamente la imposición de aranceles o impuestos”, apunta la corte.
Con esa decisión, el tribunal mantiene el dictamen que había emitido en mayo la Corte de Comercio Internacional, que también había encontrado que Trump no debió haber invocado una ley de poderes de emergencia de 1977, conocida como Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IIEPA, por sus siglas en inglés) para imponer las tasas, una tarea que corresponde al Congreso. La corte respondía a una demanda presentada por un grupo de Estados bajo gobierno demócrata y empresarios perjudicados por esos gravámenes.
El caso no afecta a los aranceles sectoriales para productos como los automóviles, el aluminio o el acero, aplicados mediante otra normativa y que seguirán en pie decida lo que decida el Supremo para este caso. Sí concierne a otras tasas, como las impuestas contra México o China como represalia por lo que considera la inacción de esos países para detener el tráfico de fentanilo que entra en Estados Unidos.
También afecta a los aranceles que proclamó el 2 de abril, el día que calificó como “día de la Liberación”, y que alcanzan un mínimo del 10%.
Tras proclamar esos aranceles, Trump los suspendió casi de inmediato ante la tormenta que habían desatado en los mercados y para abrir negociaciones con los diferentes países. Aunque ha cerrado desde entonces una serie de acuerdos, entre ellos con la Unión Europea -a cuyos productos aplica una base del 15%, con muchos otros aún tiene pendiente cerrar un trato. El 1 de agosto esos “aranceles recíprocos” entraron en vigor.
En virtud de la decisión judicial de este viernes, los aranceles siguen en pie hasta mitad de octubre, para dar tiempo a las partes a presentar una apelación ante el Supremo.
El presidente estadounidense ha reaccionado de inmediato a la decisión de la corte. En un mensaje en redes sociales, ha escrito que “¡Todos los aranceles siguen en pie!” “Un tribunal de apelación enormemente partidista ha dicho incorrectamente que habría que cancelar nuestros aranceles, pero ellos saben que al final ganará Estados Unidos. Si desaparecieran esos aranceles, sería un desastre total para el país”, ha agregado.
Trump también insiste en que la desaparición de los gravámenes “nos haría financieramente débiles”. “Si se mantuviera esta decisión, destruiría literalmente a Estados Unidos”, agrega.
El inquilino de la Casa Blanca apunta también que su Administración apelará y la cuestión acabará en el Tribunal Supremo, donde la mayoría conservadora (seis de los nueve jueces) suele ponerse de su lado. “Con la ayuda del Supremo, usaremos (los aranceles) en beneficio de nuestra Nación, y Haremos a Estados Unidos Rico, Fuerte y Poderoso de Nuevo”.
La legislación estadounidense otorga al Congreso la potestad de aprobar aranceles. Según recuerda el tribunal en su decisión anunciada este viernes, cuando el legislativo opta por transferir esa capacidad al presidente, “lo hace de manera explícita”. “Eso no debería sorprender, pues el poder fundamental del Congreso de aprobar impuestos, tales como los aranceles, corresponde exclusivamente al poder legislativo, según nuestra Constitución”.
Antes de que el tribunal emitiera su decisión, los abogados del Estado habían enviado un pliego en el que advertían que un dictamen contra los aranceles tendría “consecuencias catastróficas”. También pedían que no se paralizaran las tasas aunque se declarasen ilegales.
Los letrados recordaban que Estados Unidos ya mantiene en pie acuerdos comerciales con la UE, Japón, Indonesia y Filipinas. “Nuestro país no podría devolver los billones de dólares que otros países se han comprometido a pagar, lo que provocaría la ruina financiera”, apuntaban. “El presidente opina que disolver esos acuerdos a la fuerza desencadenaría una crisis como la de 1929”.
El congresista demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones, Richard Neal, ha declarado la decisión del tribunal “una victoria para el Estado de derecho, para la Constitución y para las familias estadounidenses que han pagado el precio de la agenda comercial de Donald Trump”. El diputado recuerda que las competencias sobre aranceles recaen sobre el Congreso: “la Constitución es clara, y ningún presidente, ni Donald Trump ni nadie, se puede inventar poderes que no tiene”.
