La alerta a la población para advertir de la dana en la Comunidad Valenciana —que dejó 228 muertos el pasado 29 de octubre— se envió tarde y mal según ha expuesto este jueves la catedrática de Geografía Física de la Universidad de Valencia, Ana Camarasa, ante la jueza que investiga la inundación. A su juicio, el aviso masivo a los teléfonos para informar de la magnitud de la tragedia se debió enviar a las 15.00 horas del día de la riada, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.
Son cinco horas antes de que el Ejecutivo que pilota Carlos Mazón, del PP, decidiera remitir la notificación, que llegó a los móviles cuando ya se amontonaban los fallecidos, había desaparecidos y numerosas personas estaban atrapadas en plantas bajas y garajes. “La alarma llegó más tarde que la crecida”, ha indicado la catedrática en alusión al aumento de caudal. La profesora ha sostenido también que el retraso en el aviso impidió a los vecinos salvarse y proteger sus bienes.
Camarasa, considerada la máxima experta en barrancos mediterráneos, ha comparecido este jueves ante la jueza que indaga penalmente la riada, Nuria Ruiz Tobarra, en calidad de perito, una condición que le obliga a decir la verdad. La experta ha indicado que el contenido de la alerta masiva fue “confuso”. Una tesis que coincide con la mantenida durante meses por la instructora. La jueza ha reprochado que el aviso no pidiera a los vecinos subir a las primeras plantas —el 70% de los muertos fallecieron en las plantas bajas— en una línea argumental que destaca que, de haberse enviado antes la notificación, se habrían salvado vidas.
En su relato en el juzgado, la perito ha defendido que la Generalitat Valenciana manejaba información de primera mano del riesgo de la tromba a través del 112, la centralita telefónica autonómica que ese día recibió casi 20.000 llamadas de auxilio y desde las 16.41 horas registró comunicaciones de desesperación desde poblaciones donde nace el barranco del Poyo, detonante de la tragedia, como Chiva o Cheste.
También ha destacado Camarasa la decisión de la Universitat de València de suspender las clases el pasado 29 de octubre tras analizar información pública de organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o servicios de Emergencias autonómicos. El president Mazón, la misma mañana de la tragedia, calificó de exagerada esta medida en un encuentro con empresarios.
La catedrática ha considerado que el Cecopi —el órgano de emergencias que coordinó la crisis— se debió convocar la mañana de la jornada de la dana y no a las 17.00 horas, cuando el desbordamiento del barranco del Poyo era una realidad. La experta ha reiterado ante la jueza que se debió reforzar la vigilancia del incremento del caudal de los barrancos durante la emergencia. Los bomberos del Consorcio Provincial se retiraron de la rambla del Poyo a las 15.00 horas. José Miguel Basset, su entonces jefe, ya jubilado, justificó que los efectivos se fueron anticipadamente “porque había ganas de comer” y, posteriormente, el exmando enmarcó la retirada en un descenso del caudal.
