Una jueza federal ha ordenado paralizar con efecto inmediato la ampliación del programa de deportaciones rápidas puesta en marcha por la Administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. La magistrada ha encontrado que extender este programa, uno de los pilares de la política de expulsiones masivas de este Gobierno, crea un “riesgo significativo” de que inmigrantes que pueden tener derecho a quedarse en el país sean expulsados sumariamente sin tener ocasión de que se examine su caso como es debido.
En su decisión, publicada el viernes por la noche, la jueza Jia Cobb, nombrada para su puesto por el presidente demócrata Joe Biden, acepta el requerimiento de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes para suspender dos procedimientos en vigor desde la llegada de la Administración republicana en enero y que ha puesto a millones de personas en riesgo de deportación rápida.
Durante décadas, el proceso de deportación rápida solo se aplicó a los inmigrantes irregulares detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y que llevasen menos de dos semanas en el país. Pero en 2019, el primer Gobierno de Trump amplió ese procedimiento para cualquier persona en situación irregular que no pudiera demostrar que hubiera entrado más de dos años atrás, y con independencia de dónde se encontrara en Estados Unidos.
Durante su mandato, Biden canceló esa medida, pero a su regreso a la Casa Blanca en enero Trump la recuperó. Su Gobierno considera que el derecho a un juicio justo, garantizado en el artículo 5 de la Constitución, no se aplica a los inmigrantes irregulares. Ese artículo estipula: “ninguna persona será privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”
La jueza Cobb – la misma que, horas antes, examinaba en su juzgado la demanda de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook contra los intentos de Trump de despedirla- considera “chocante” que el Gobierno pueda opinar que extranjeros que han vivido durante años en Estados Unidos no tienen derecho a recurrir a los tribunales ni más opción para evitar la deportación que las vías que apruebe el Congreso.
“Cuando amplió de manera exponencial el número de gente que podía verse sujeta a este procedimiento, el Gobierno no lo adaptó a este nuevo grupo de gente”, escribe la magistrada. Y, cuando se trata de “gente que vive lejos de la frontera, priorizar la velocidad sobre cualquier otro factor llevará de modo inevitable al Gobierno a deportar gente de manera errónea mediante este proceso defectuoso”.
Cobb también arremete contra la práctica que ha empezado a aplicar el Gobierno, por la que cuando los inmigrantes acuden a sus audiencias ordinarias sobre sus casos quedan detenidos y sometidos al proceso de expulsión rápida. Esta táctica declara la magistrada, pone de manifiesto la necesidad de bloquear de inmediato el procedimiento.
A principios de este mes, esta misma jueza ya había paralizado la aplicación de las deportaciones rápidas a cientos de miles de inmigrantes que habían podido permanecer legalmente en el país durante años acogidos a los programas de parole, de libertad condicional a la espera de que los tribunales de inmigración vieran sus casos.
