El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha sido arrestado por la Policía este martes por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas. Grupos defensores de los derechos humanos aseguran que, durante dicha campaña, decenas de miles de personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial. El líder filipino, de 79 años, ha sido detenido tras regresar de un viaje a Hong Kong y se encuentra bajo custodia policial en la base aérea de Villamor, según ha comunicado la Oficina Presidencial. Su asesor jurídico, Salvador Panelo, ha calificado el arresto de “ilegal”, alegando, entre otros motivos, que Filipinas se retiró del tribunal internacional con sede en la Haya en 2019. De hecho, el país se había negado hasta el año pasado a cooperar con la investigación de la CPI, argumentando que no tenía jurisdicción sobre el caso.
“A primera hora del martes, la oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto”, informa el Gobierno del archipiélago asiático. “El expresidente y su equipo gozan de buena salud y un médico del Gobierno los está examinando”, prosigue el texto, recogido por la agencia de noticias filipina PNA. Las autoridades aseguran que los agentes de la Policía Nacional de Filipinas que ejecutaron la orden de detención iban equipados con cámaras corporales para garantizar la transparencia de la operación.
Duterte y sus acompañantes aterrizaron a las 09.20, hora local (las 01.20, hora peninsular española), en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila. En ese momento, el Fiscal General del país presentó la notificación de la CPI, y las fuerzas de seguridad nacional lo escoltaron fuera del aeropuerto. Minutos antes de su detención, el político se mostró desafiante, fiel a su estilo: “Tendrán que matarme primero”, declaró al bajar del avión, según recogen los medios locales.
FRANCIS R. MALASIG (EFE)
“Muéstrenme ahora la base jurídica por la que me encuentro aquí”, se escucha decir a Duterte en un vídeo publicado por el medio filipino Rappler, en el que se le ve sentado en un sillón y con semblante serio. El ambiente parece relajado. “Deben responder por esta privación de mi libertad”, prosigue.
Aunque Duterte abandonó la política en 2022, continúa siendo una de las figuras más influyentes de la nación (su hija Sara es actualmente la vicepresidenta) y ha disfrutado de relativa inmunidad a pesar de las múltiples acusaciones que pesan en su contra. En Hong Kong, ciudad que acoge a una gran comunidad filipina (es la minoría étnica más numerosa de la urbe, sumando aproximadamente 130.000 personas), Duterte había participado en un acto electoral previo a los comicios de mitad de mandato del próximo 12 de mayo.
La guerra contra el narcotráfico de Duterte se convirtió en la piedra angular de su Administración (2016-2022). Su mensaje populista y la promesa de ejercer mano dura para limpiar las calles de traficantes y toxicómanos le llevaron a la presidencia, pese a que múltiples expertos afirmaban que el país no enfrentaba un problema de drogadicción desproporcionado. En su mitin de cierre de campaña, llegó a instar a su electorado a “olvidar las leyes de derechos humanos”. “Traficantes, ladrones y vagos, será mejor que os larguéis, porque os mataré”, advirtió entonces.
Según datos oficiales de la Policía, en los operativos murieron unos 6.200 sospechosos, pero las oenegés locales e internacionales elevan la cifra a más de 30.000. En 2021, la CPI inició una investigación en su contra por las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 2011 y 2019, todas ellas bajo su mandato, primero como gobernador de Davao (2009-2015), la segunda ciudad más grande del país, y luego a nivel nacional.
Duterte retiró a Filipinas de la CPI de manera unilateral en 2019, un movimiento que diversos activistas criticaron por considerar un intento para eludir la rendición de cuentas. Pese a su salida de este organismo, Filipinas continúa siendo miembro de la Interpol, que tiene potestad para solicitar la detención de Duterte en nombre del tribunal. La abogada filipina Kristina Conti, asistente legal de la CPI, apunta que el expresidente debe ser entregado ahora a un Estado miembro del tribunal internacional y después a su sede en La Haya, cita Rappler.
El arresto de este martes supone un paso clave en la búsqueda de la justicia de miles de filipinos que llevan años reclamando responsabilidades por la muerte de sus familiares. Muchos de ellos fueron abatidos por policías, sicarios y grupos de vigilantes sin ni siquiera recibir un juicio, denuncian. Activistas locales aseguran que la mayoría de las víctimas de la cruenta campaña eran personas de pocos recursos económicos de zonas urbanas, muchos de ellos menores de edad y ciudadanos sin vínculos con el narcotráfico.
No obstante, aún no está claro si Duterte será entregado al tribunal internacional, una cuestión que podría desencadenar un enfrentamiento legal y político dentro de la propia Filipinas. El caso será, además, una prueba decisiva para la CPI, ya que medirá la capacidad del organismo para hacer valer su jurisdicción frente a mandatarios que han intentado eludir la justicia internacional. Este tribunal también ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el genocidio en Gaza; contra Vladímir Putin y los altos cargos que planificaron la invasión de Ucrania, y contra Min Aung-hlaing, el jefe de la junta militar de Myanmar y responsable del brutal golpe de Estado que ha sumido al país en el más profundo caos desde 2021.
en el Senado de Filipinas para responder sobre la guerra de su administración contra las drogas, el 28 de octubre.Ezra Acayan (Getty Images)
