El Tribunal Constitucional ha decidido paralizar la tramitación de los recursos presentados por los líderes del procès contra la inaplicación de la ley de amnistía. El tribunal considera que antes de tomar las primeras decisiones sobre dichas impugnaciones es necesario resolver las recusaciones del líder de Junts, Carles Puigdemont, contra tres magistrados del bloque conservador del órgano de garantías. Estos magistrados son Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José Mario Macías, todos ellos nombrados a propuesta del PP. La defensa de Puigdemont les ha recusado por estimar que por sus escritos y declaraciones han mostrado falta de imparcialidad para resolver sus demandas de amparo.
El recurso de Puigdemont planteaba la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse aplicado a su caso las previsiones de la ley de amnistía, manteniéndole acusado de malversación. Otras dos impugnaciones contra la inaplicación de la ley de amnistía, presentadas en el mismo sentido, pertenecientes a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, tampoco van a tramitarse hasta que se hayan resuelto las recusaciones contra los citados miembros del tribunal. Comín, a su vez, ha formalizado en la mañana de este martes otra recusación también dirigida contra Arnaldo, Espejel y Macías.
Fuentes del Constitucional no descartan que estas recusaciones sean inadmitidas de plano en el próximo pleno del tribunal, a finales de este mes. El retraso de la deliberación sobre el fondo de los recursos habría durado en este caso apenas un mes. Pero si las recusaciones se admiten a trámite, el tiempo de paralización de las impugnaciones de los líderes del procès para que se les aplique la ley de amnistía puede impedir que sus solicitudes de amparo se resuelvan en este trimestre, como tenía previsto el tribunal.
El exconsejero Lluís Puig no ha presentado ninguna iniciativa en el mismo sentido, pero el Constitucional ha considerado que es mejor resolver sobre la admisión a trámite de los tres recursos a la vez, posiblemente en un pleno de los correspondientes al mes de octubre.
Paralelamente, el Constitucional ha tenido conocimiento de que el Supremo ha archivado la querella presentada por la asociación Abogados Cristianos contra el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Dicha entidad acusaba al presidente del órgano de garantías de los presuntos delitos de prevaricación judicial y cohecho por no abstenerse en las deliberaciones de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley de amnistía. La Sala Penal ha estimado que no se aprecian indicios de delito en los hechos que se describen en la querella.
