La mañana del 19 de marzo un buque cisterna atracó en el puerto de Tampico (Tamaulipas) con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. La embarcación, con bandera de Singapur, fue asegurada por autoridades mexicanas luego de que se detectaron irregularidades en su documentación aduanal. El Gobierno confirmó, días más tarde, que el barco provenía de Texas e ingresó a los puertos mexicanos del Golfo de México con papeles falseados que supuestamente transportaban toneladas de aditivos para aceites lubricantes. En realidad, venía cargado de combustibles.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó el decomiso como “un golpe histórico” al llamado huachicol fiscal, el contrabando de combustibles bajo una fracción arancelaria distinta para evadir el pago de los impuestos que aplican para gasolinas y diésel. La embarcación, aun en costas mexicanas y objeto de investigación, es un botón de muestra de la importación ilegal de gasolinas al país, un delito que alimenta un mercado negro de combustibles, que resulta en un quebranto para el Estado mexicano de unos 177.000 millones de pesos al año, unos 9.200 millones de dólares, al año, de acuerdo con los cálculos de especialistas.
El huachicol fiscal, un delito derivado del robo físico de combustibles a Pemex, supone un lastre para las finanzas públicas en México. Si en un inicio, el huachicol comenzó con el pinchazo de ductos para sustraer el combustible y revenderlo, ahora, el contrabando de gasolinas y diésel ha escalado a un complejo entramado de papeles falseados, corrupción en aduanas y estaciones irregulares a través del que se venden estos litros de gasolinas y diésel que cruzan las fronteras del país, evadiendo el pago del el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre combustibles. Este año, este impuesto va de 5,4 pesos a 7 pesos por litro, dependiendo del tipo de petrolífero.
El contrabando técnico de combustibles no es un problema nuevo, tiene más de una década en México, sin embargo, ha ido en ascenso. La apertura del sector energético, la competitividad de precios en EE UU en los últimos seis años y la falta de inspecciones en las aduanas han incentivado el delito. De acuerdo con la consultora Petro Intelligence, el boquete fiscal provocado por la importación ilegal de gasolinas y diésel fue de unos 93.000 millones de pesos en 2018, y en un lapso de seis años este agujero se duplicó a 177.000 millones de pesos en 2024. Aunque la Secretaría de Hacienda de este Gobierno ha asegurado que tiene en la mira este delito, declinó a dar más detalles sobre el quebranto para el erario y de su estrategia de combate. El diario también solicitó el diagnóstico a Pemex sobre este mercado negro de combustibles, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
Fluvio Ruiz, exconsejero de Pemex y experto en temas energéticos, explica que la diferencias en el pago de impuestos, por el pago de IEPS, se ha convertido en un incentivo para la importación de combustibles disfrazados de otros productos libres de este impuesto, por ejemplo, aditivos, lubricantes y residuos, productos libres de este gravamen. “Además, se comete el error de que el IEPS se integra en la frontera, en realidad, se debería integrar en las gasolineras, para tener un mayor control. Con el huachicol fiscal pierde todo el mundo, pierde ingresos el Estado, pierde ingresos Pemex y pierden ingresos los distribuidores legales”, zanja.
En 2013, tras la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto, en el país se vivió un furor por la apertura en la comercialización de combustibles, un área que antes era exclusividad de la petrolera estatal Pemex. En ese entonces, la intención era atraer nuevos jugadores para elevar la competencia y lograr una reducción en los precios de las gasolinas. Alejandro Montufar, director ejecutivo de Petro Intelligence, advierte de que la llegada de nuevos comercializadores e importadores no estuvo aparejada con un marco regulatorio acorde a este nuevo juego.
El experto afirma que solo el 5% de las importaciones son revisadas físicamente en aduanas y en estos lugares carecen de tecnología suficiente para realizar análisis químicos a los combustibles importados y así verificar su autenticidad. “Por supuesto que el contrabando está afectando a Pemex, a los importadores privados y a toda la cadena de valor que opera correctamente. Sí, hay un tema de corrupción, pero también de recursos humanos, porque el contrabandear no solo es disfrazarlo con otros productos, sino también reportar menos volúmenes y utilizar combustibles falsos”, indica.
Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó toda una estrategia de combate al robo físico de combustibles, el contrabando técnico, vía la importación ilegal de gasolinas siguió su curso. En esa Administración, uno de los empeños del presidente era lograr la sustitución de importaciones de gasolinas y diésel del extranjero por producción nacional y, como parte de este plan, se comenzó la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco. Pese a la narrativa de soberanía energética, heredada al actual gobierno de Claudia Sheinbaum, el país depende del extranjero para cubrir su mercado de gasolinas. México produjo en mayo 306.000 barriles diarios de gasolinas, mientras que el consumo ascendió a más de 762.000 barriles diarios. La diferencia entre la demanda y la producción se subsana con las importaciones, equivalentes a más de 400.000 barriles diarios, es decir, a un 60% de la demanda total, según datos de la Secretaría de Energía.
El nuevo botín del narcotráfico
Una fuente del sector que ha pedido el anonimato advierte de que el huachicol fiscal solo se puede dar cuando tienes un diferencial de precios entre los combustibles del extranjero y de México. “El producto es significativamente más barato en el extranjero que en México y lo es porque nosotros inventamos un IEPS. Una vez que cruza la frontera, los comercializadores ilegales buscan empresas factureras que se presten a emitir facturas de gasolina para poder comercializar el producto en el país, al tener estos documentos falseados puede venderse a otros distribuidores o gasolineras directamente”, indica.
El golpe ocasionado por este mercado negro de combustibles cruza toda la cadena de valor de combustibles, desde los comercializadores legales hasta el sector automotriz. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), afirma que la utilización de combustibles inadecuados, principalmente del mercado ilegal, produce daños a los motores de vehículos, un dolor de cabeza para su sector. “Hay una colusión tanto en los cruces fronterizos tanto en los buques y todo esto habla de una participación de múltiples actores, entre los cuales, hay funcionarios y transportistas”, menciona.
Los expertos coinciden en que un punto de inflexión en el combate al llamado huachicol fiscal ha sido el foco de alerta del Gobierno de Estados Unidos, quienes han alertado que el contrabando de combustibles se ha convertido en un codiciado botín para grupos del narcotráfico como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a un puñado de personas y empresas por su presunta participación en una trama de huachicol y, más recientemente, en mayo volvió a sancionar a un puñado de personas por este delito.
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en su más reciente informe sobre narcotráfico, denunció que el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo y la Familia Michoacana incurren en el contrabando de gasolinas y gas en la frontera entre México y EE UU, a través de un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio. “El contrabando de petróleo en el mercado negro es el principal medio por el cual los carteles del narcotráfico financian sus redes. Se estima que México pierde decenas de miles de millones de dólares anuales en ingresos fiscales, a la vez que les cuesta a las compañías estadounidenses de petróleo y gas miles de millones de dólares anuales debido a la disminución de las importaciones y exportaciones de petróleo durante este mismo período”, indicó la DEA en su documento.
En México, el secretario de Seguridad, García Harfuch, ha declarado a medios locales que en esta Administración se han decomisado millones de litros de gasolinas ilegales, se han inhabilitado más de 8.000 tomas clandestinas y se han detenido a 700 funcionarios implicados en el robo de combustibles. No obstante, el contrabando fiscal persiste en México debido a la debilidad institucional, la corrupción, la complejidad del mercado energético y la adaptación del crimen organizado. Con más de 3.000 kilómetros de frontera con EE UU, un país líder en refinación, el cruce ilegal de gasolinas sigue siendo un monstruo de mil cabezas, una trama en la que participan comercializadores, agentes aduanales, gasolineros, autoridades, e integrantes del crimen organizado.
