Nuestras sociedades envejecen a un ritmo sin precedentes. En España, como en gran parte del mundo desarrollado, la proporción de mayores de 65 años crece implacablemente, generando una transformación silenciosa pero profunda cuyas consecuencias apenas comenzamos a vislumbrar. La pregunta ya no es si este fenómeno afectará nuestra economía, sino cuán severo será el impacto y si estamos preparados para enfrentarnos a ello. La reciente publicación de un estudio clave y la continua y contundente advertencia de la AIReF han puesto sobre la mesa lo que muchos economistas llevamos tiempo señalando: estamos ante una amenaza estructural para nuestro modelo de bienestar que trasciende, con mucho, el debate sobre las pensiones.
La primera señal de alarma aparece en el mercado laboral. El modelo económico del siglo XX se sustentaba en una abundante población trabajadora que mantenía a una proporción menor de dependientes. Esta ecuación se invierte ahora de forma crítica. La tasa de dependencia —número de trabajadores por cada pensionista— no solo presiona nuestro sistema de pensiones hasta límites que no somos capaces de vislumbrar, sino que reduce nuestra capacidad productiva per cápita, socavando el crecimiento potencial de la economía. Pero la verdadera bomba de relojería, revelada por investigaciones recientes en Estados Unidos, es que el envejecimiento ralentiza significativamente el crecimiento de la productividad. No es solo que tengamos menos trabajadores; es que la innovación disminuye, la creación de empresas se contrae y la transferencia de conocimiento entre generaciones se interrumpe. Este efecto, menos visible pero más pernicioso, podría condenar a las próximas generaciones a un estancamiento secular del que sería extremadamente difícil escapar.
Sumemos a esto la presión sobre las finanzas públicas, que es quizás el tema sobre el que el debate es más intenso. Así, el aumento del gasto en pensiones coincide y por ello se suma con un incremento exponencial de los costes sanitarios asociados a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y cuidados de larga duración. Un doble desafío que debemos financiar con una base menguante de contribuyentes, mientras las bajas laborales se multiplicarán, ya lo hace, por el envejecimiento de la fuerza trabajadora. Sin duda, una tormenta perfecta para nuestro estado del bienestar.
¿Estamos por todo ello condenados a un declive inevitable? No necesariamente debe ser así, pero lo que no es menos cierto es que para evitarlo se requerirán cambios estructurales valientes que nuestros políticos, atentos a ciclos electorales cortoplacistas, han evitado sistemáticamente abordar.
Por lo tanto, es evidente que necesitamos una reforma integral de nuestro sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad y equidad intergeneracional —algo que la última reforma no solo no logró, sino que todo apunta a que empeoró, aumentando la potencial carga del sistema sobre las generaciones futuras—. En dicha reforma, aunque ya se están adelantando algunos pasos, debemos replantearnos el concepto mismo de jubilación, haciéndola más fluida, menos rígida, eliminando desincentivos a trabajar más allá de una edad arbitraria y adaptando los puestos, aunque de forma discriminada, a las nuevas realidades.
Pero no solo es jubilación. Además, la salud preventiva debe convertirse en una prioridad nacional, no solo por humanidad sino también por pragmatismo económico. Cada euro invertido en prevención ahorrará decenas en tratamientos futuros, aliviando la presión sobre un sistema sanitario que estando ya al límite se enfrenta a una perspectiva para nada alentadora. Las empresas, por su parte, deben abandonar prejuicios edadistas y reconocer el valor de la experiencia, adaptando entornos laborales y fomentando la transferencia intergeneracional de conocimiento. No es caridad; es supervivencia competitiva en un mercado laboral radicalmente transformado donde el conocimiento acumulado de años de experiencia es un intangible que debe seguir generando retornos.
Y sí, necesitamos una política migratoria racional y planificada como parte de una estrategia demográfica integral que reconozca la realidad ineludible: necesitamos nuevos contribuyentes. El envejecimiento poblacional es la mayor prueba que enfrentará nuestra economía en las próximas décadas. Mal gestionado, podría desembocar en un conflicto intergeneracional sin precedentes, con jóvenes que heredan deudas impagables y sistemas colapsados. Bien abordado, podría impulsar una revolución en productividad, innovación y organización social. La elección es nuestra, pero el tiempo se agota. Las generaciones futuras nos juzgarán por las decisiones que tomemos hoy. Y la historia no suele ser benévola con quienes, viendo venir la tormenta, decidieron no actuar mientras aún podían.
