En la hoguera final, los participantes de La isla de las tentaciones tienen que enfrentarse a la decisión definitiva: abandonar la isla solos, con la pareja con la que llegaron, o con el tentador o tentadora a quien han conocido en el programa. Durante las semanas anteriores han experimentado una realidad alternativa y, desde ahí, deciden la que será su nueva vida. Todo esto en apenas un mes. Los economistas definen esta situación como la construcción de un contrafáctico, y denominan aquello a lo que los concursantes renuncian en su elección como coste de oportunidad. Europa no tiene la opción de probar temporalmente una realidad alternativa, pero sí puede proyectarla. No responder a la gran pregunta de la relación con Mercosur ya supone un importante coste de oportunidad de lo que pudo haber sido y no es.
En un contexto donde el rápido se come al lento, la agilidad en la toma de decisiones es una ventaja incontestable. Esta no es la característica que mejor define a la Unión Europea y la gestión del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ejemplifica este problema. Las negociaciones comenzaron en 1999, pero no fue hasta 2019 cuando ambas regiones cerraron un pacto. Finalmente, Ursula von der Leyen y António Costa, presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo respectivamente, lo firmaron el pasado 17 de enero en Asunción, Paraguay, más de seis años después y en un mundo muy diferente al de la negociación. El pasado miércoles, el Parlamento Europeo decidió enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la UE. Es probable que este paso retrase la puesta en marcha, al menos, dos años más.
El acuerdo, que no está exento de rechazo por parte de algunos sectores agrarios, cuenta con análisis, evaluaciones, limitaciones y compensaciones que avalan sus beneficios para el conjunto de la Unión. En circunstancias normales, debería haber entrado en vigor en 2021. Si finalmente se aprobara en 2028, el coste de oportunidad de los ocho años de retraso equivaldría a 280.000 millones de euros en exportaciones y 447.000 millones de euros en Producto Interior Bruto (PIB). Cada mes de retraso en la aprobación supondrá 4.400 millones de euros de PIB no generado y 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas. El retraso en la puesta en marcha del acuerdo es un síntoma de una enfermedad más grave: la incapacidad de Europa para tomar decisiones entendiendo que, en toda elección, el camino elegido conlleva costes además de beneficios. Esta es la realidad tanto en La isla de las tentaciones como en los acuerdos comerciales. En el caso de Mercosur, es cierto que algunos productos agrícolas pueden verse afectados de forma negativa y, por ello, el acuerdo incluye cuotas, salvaguardas y un fondo de compensación para limitar y subsanar esas posibles pérdidas. Pese a ello, lo cierto es que, para la mayor parte de los sectores económicos, incluyendo también el alimentario, el acuerdo generaría un aumento de las ventas. Las dudas europeas, por tanto, tienen un coste directo, que se refleja en la riqueza que no se genera y en los beneficios comerciales que no se materializan.
Una Europa con miedo a tomar decisiones y aceptar las contrapartidas no es solo más pobre, sino también menos asertiva. En un mundo cada vez más polarizado, la Unión Europea debe ser capaz de defender sus intereses y su valía. Para ello, es necesario vencer las restricciones internas, que limitan o enredan la toma de decisiones. Esto no significa abandonar a los ciudadanos o sectores cuyos intereses se ven perjudicados, sino asumirlos y minimizarlos. En la hoguera final, Europa debería ponderar los dilemas implícitos de la elección, incluido el coste de postergar la decisión. Su elección debe buscar una nueva realidad que refuerce los valores europeos y avance hacia ellos con determinación, no solo en política comercial, sino en otras áreas de la política económica como la tecnología, la agricultura, la defensa, el transporte o la investigación.
