Las arcas públicas tienen un fino escape por el que se cuelan millones de euros. El pinchazo procede de los intereses de demora y los gastos de cobro asociados a los impagos de las administraciones. La ley fija que los pagos a proveedores deben saldarse en 30 días desde la presentación de la factura. Los datos del Ministerio de Hacienda señalan que, en general, se cumplen esos plazos, pero hay ayuntamientos y gobiernos autonómicos que superan incluso los 150 días para solventar los abonos. Con una deuda por impagos que supera los 6.600 millones entre todas las administraciones, la pérdida puede ser enorme. “Es algo que hay que corregir. Todo se resiente, el gasto público, la economía de los empresarios y los servicios al ciudadano”, advierte Pablo Artiaga, abogado especializado en pedir intereses por impagos.
