Tres días llevaba Laudel Camacho Ricardo durmiendo en las calles de Tapachula, en el sur de México, cuando se decidió a vender su cadena de oro y un reloj por 20 dólares (poco más de 350 pesos mexicanos), una ganga. Un precio en que nunca los hubiese dado a no ser por el hambre, que le apretaba el estómago y ya comenzaba a arder. “Han sido días muy duros, a veces prefería morir”, confiesa. “Verme en un país ajeno, sin conocer a nadie, sin recursos y con hambre, significó un dolor tan grande que lo recordaré de por vida”. Ya no era el emigrante cubano, trabajador de un almacén de Texas, que hacía tan poco había sido. En una semana pasó a ser el deportado en Chiapas, sin dinero, teléfono o documentos de identificación, tal como lo dejaron los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) del otro lado de la frontera.
Tiene 55 años, el pelo entrecano y lleva tatuado en el centro del pecho la imagen de la Estatua de la Libertad, una silueta hecha a base de la tinta azulverdosa e inconfundible de la cárcel. Fueron 22 años en total los que pasó encerrado en los calabozos cubanos por su activismo político, por su trabajo como periodista independiente y por sus reclamos al castrismo. Sus tatuajes han sido lo único de lo que no han podido despojarlo: ni el Gobierno cubano cada vez que lo encerraba, ni el gobierno estadounidense cuando el 16 de septiembre de 2025 le notificó una cita con inmigración y lo dejó en uno de los centros de detención que hoy son las catacumbas de su política migratoria.
Luego, sin devolverle siquiera su pasaporte, lo dejaron en las manos de las autoridades mexicanas. El 23 de septiembre, un tiempo exprés comparado con los meses que algunos permanecen bajo custodia del ICE, Laudel fue deportado en un autobús a México, como están llegando la mayoría de los cubanos que el gobierno de La Habana no recibe.
En las negociaciones con Barack Obama, como parte del restablecimiento de relaciones diplomáticas hace diez años, Raúl Castro comenzó a admitir deportados, pero el Gobierno de la isla se atribuye el derecho de escoger a quién recibe de vuelta y a quién no. Hasta hoy resultan indescifrables las razones por las que un migrante cubano desembarca en La Habana, otro en Tabasco y otro en el lejano Esuatini.
Una de las tesis que circula es que el Gobierno cubano está aceptando mayormente a los ciudadanos de éxodos migratorios más recientes, que no tengan antecedentes criminales graves, pero es algo indemostrable. Hay personas que han terminado recalando en países africanos o México indistintamente. Laudel, por su parte, no cargaba con ninguna culpa criminal sobre sus hombros. Había sorteado el peligro del mar en una balsa rústica desde Cojímar, en La Habana, y había llegado hacía un año y ocho meses a Estados Unidos, donde vivía con el estatus de I-220 B u orden de deportación, el mismo con el que permanecen en Estados Unidos unos 42.000 cubanos.
Aun así, muchos agradecen ser deportados a México y no a Cuba, colapsado por la peor crisis económica de todos sus tiempos, e incluso lo prefieren antes que terminar en África. Alexander Rodríguez, un cubano de 52 años que estuvo preso unos diez en Estados Unidos y que hoy apenas sale de casa por temor a una detención, asegura que en caso de una expulsión lo mejor sería irse a su país, donde tiene primos y tíos, pero el gobierno de Miguel Díaz-Canel no lo acepta. “Es mejor estar ahí que en África. Si me mandan para México también está bien. Pero si me mandan a África, ¿qué hago con esta edad en uno de esos países?”.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado que hubiese algún tipo de negociación que convirtiera a México en ese “tercer país seguro” para deportados, lo cierto es que La Habana ha recibido desde enero unos mil cubanos de vuelta y el resto, en su mayoría, ha terminado expulsado a territorio mexicano. La revista The Economist reportó que “al menos 731 nacionales cubanos habían sido deportados a terceros países” hasta agosto de 2025, la cifra más alta registrada públicamente. Según los datos disponibles del Deportation Data Project, que recopila y publica conjuntos de datos anónimos del gobierno estadounidense obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA) o a partir de registros publicados de forma proactiva, desde el 20 de enero hasta finales de julio de este año unos 640 cubanos han sido deportados a México. Ese mismo mes, Sheinbaum declaró que habían recibido unos 6,525 extranjeros, sin especificar sus nacionalidades.
Numerosas organizaciones han denunciado el peligro al que se exponen estos migrantes. “Son prácticas que dejan a muchas personas en un limbo legal, sin documentación ni acceso a servicios básicos, y las exponen a extorsión, violencia y trata, especialmente en el sur de México, donde los riesgos para los migrantes son altos”, asegura María José Espinosa, experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para la Participación y la Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (CEDA). “El costo humano es devastador y, en muchos casos, irreversible. Estas políticas desgarran familias”.
El camino a la legalización en México
Es la primera vez que la comunidad cubana se enfrenta a la dura política migratoria estadounidense, después de décadas viviendo bajo el amparo de la Ley de Ajuste cubano. En Florida, donde la mayoría apostó por llevar a Trump una vez más a la Casa Blanca, el terror de las deportaciones tomó el rostro de la cárcel de Alligator Alcatraz, pero lo cierto es que las calles de ciudades como Miami se han vuelto el principal peligro para los indocumentados.
Thomas Kennedy, activista de inmigración y analista de políticas de la Coalición de Inmigrantes de Florida, asegura que en el Estado el tipo de redadas son menos escandalosas que en Chicago o California. “Pero acá lo que pasa es lo que yo llamo una redada constante”, señala. El gobierno de Ron DeSantis, con el programa 287(g), que otorga a la policía local y estatal facultades federales de inmigración, ha empoderado a la patrulla de carretera para arrestar a muchas personas. En el Estado donde los cubanos son el grupo extranjero más grande, no obstante, no son ellos los más afectados por las detenciones del ICE, sino los guatemaltecos y mexicanos.
Aun así, los últimos diez meses de Gobierno republicano han sido devastadores para muchos cubanos cuyos familiares naturalizados no dudaron en darle su voto a Trump. En este tiempo, según Espinosa, la política migratoria de Estados Unidos “ha pasado de la protección al castigo”. “Se eliminó el programa de parole humanitario, se revocaron permisos de trabajo y se ampliaron las deportaciones a países como México e incluso a África. Cientos de miles de cubanos que entraron regularmente hoy corren riesgo de detención o expulsión, mientras otros viven con miedo a perderlo todo, y otros esperan en la isla poder reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Lo que estamos viendo es un retroceso histórico: después de décadas en las que los cubanos fueron acogidos en este país, ahora muchos viven en limbo, sin protección ni un camino claro hacia adelante”, sostiene.
Así sobrevive Laudel en México. Después de varios días en la calle, fueron otros cubanos los que lo ayudaron en Tapachula a sortear su primer tiempo como deportado. “Llegué a pedirle comida o dinero a algunos cubanos que veía pasar. Estaba sin bañarme y durmiendo escondido donde me cogía la noche”, cuenta. Después, esos mismos cubanos fueron quienes le ofrecieron techo, hasta que pueda encontrar un trabajo, algo que tampoco le resulta sencillo. “No tengo documentos y eso empeora mi situación. Hay trabajo, pero sin documentación es imposible para un migrante”, asegura.
Irene Pascual, abogada de inmigración en México, dijo a EL PAÍS que lo primero que debe hacer un deportado es presentarse antes de los 30 días ante las autoridades mexicanas de migración. La letrada también explicó que la ley mexicana establece tres formas de regularización, ya sea por vínculo familiar, por razones humanitarias o por documento vencido, que aplica a personas con historial migratorio previo.
“La mayoría de las personas no tienen familiares ni historial, entonces deben solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)”, sostiene Pascual. “Muchos cubanos cumplen con los requisitos de persecución y temor de vida o de ser privados de la libertad si regresan, pero cada caso es distinto. De igual forma, solicitar refugio es un derecho humano y constitucional. Es la autoridad, COMAR, la que decide en el proceso si la persona será reconocida como refugiada y gozará de los beneficios”.
Muchos migrantes desde Tapachula denuncian no solo largos periodos de espera o demoras por parte de COMAR, sino también denegaciones de trámites y corrupción. Algunos aseguran que han tenido que pagar hasta más de 1.000 dólares por sus documentos legales. Laudel, por el momento, ya se presentó ante COMAR, donde le han dicho que deberá aguardar entre cuatro y cinco meses por una respuesta a su caso. No piensa regresar a Cuba, donde las autoridades han amenazado a la familia con devolverlo a la cárcel. Tampoco hay posibilidad de un retorno a los Estados Unidos. El destino, incierto, ahora está en México.
