La constructora OHLA lleva tiempo como el protagonista de Matrix: esquivando balas. Lo ha hecho con eficacia, aunque la última ha dado en carne. La agencia de calificación Moody’s ha rebajado su nota crediticia de B3 a Caa1, lo que significa que el emisor podría tener dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. La rebaja es una cuestión delicada sobre la que la compañía no hace comentarios. Los litigios en torno a grandes proyectos de construcción en Kuwait y Catar, en general resueltos con fortuna, pero con flecos pendientes, han agitado la compañía participada por los mexicanos Luis y Mauricio Amodio desde 2020 (21%).
OHLA ha realizado tres ampliaciones de capital con éxito desde finales de 2024, la última de 50 millones de euros, para aliviar la presión sobre la caja; ha reducido y reestructurado la deuda bruta —rebajada a 339 millones— para alejar los vencimientos hacia 2029 y ha recosido el consejo de administración, del que dimitieron cuatro consejeros encabezados por el empresario José Elías Navarro (controla el 8,7% de las acciones) entre fuertes acusaciones y divisiones por la marcha de la sociedad.
La compañía mantiene la hoja de ruta hasta 2029 con hitos marcados: superar los 5.000 millones en ventas, alcanzar un beneficio de explotación (ebitda) superior a los 300 millones, duplicar la generación de caja y reducir costes en 40 millones. Ha dado pasos importantes y enfoca su actividad hacia mercados más estables, pero los inversores piden más. La cartera de pedidos está en máximos —9.200 millones—, la junta ha respaldado la gestión y el grupo guarda un as en la manga: la posible venta de la filial de servicios Ingesan y de la participación del 50% del Centro Canalejas en Madrid. Aunque la venta —con un importe estimado de 225 millones—es más complicada de lo que se preveía. Fuentes del grupo sostienen que espera “la ventana de oportunidad más beneficiosa” para concretar la venta.
Domina la cautela y, ante ella, la empresa coloca los números de los Amodio: desde 2020, el ebitda se ha más que duplicado, de 67 millones a 152; las ventas han aumentado en más de 1.000 millones, de 2.800 a 4.172, y se ha recuperado la generación positiva de caja. En Bolsa, la foto no es en color: la acción ha perdido más de un tercio de su valor en cinco años. “La actividad está evolucionando de manera favorable para alcanzar objetivos”, sostiene el analista de Renta 4 Ángel Pérez Llamazares. “No obstante, y aunque cuenta con activos netos disponibles para la venta…la dificultad para realizar alguna operación se está mostrando elevada, veremos si se da en los próximos trimestres”. Las últimas transfusiones de capital han aliviado la fiebre. Pero el estado todavía es delicado. La ratio de deuda sobre ebitda es de 2,2 veces, frente a las 3,8 veces de marzo de 2024 y el objetivo declarado del grupo es situarlo en el horizonte de dos años en 1,5 veces. Tendrá para ello que concretar las desinversiones de Ingesan y del 50% del Centro Canalejas y cumplir, en paralelo, su plan estratégico. Mucha tarea.
La senda de la recuperación aún tiene restos de minas en forma de litigios, reclamaciones y laudos de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). El pasado año, el Estado de Kuwait ejecutó dos avales vinculados por 40 millones al contrato de la carretera Jamal Abdul Nasser Street contra OHLA y su asociado Rizzani de Ecche. Las empresas recurrieron, perdieron y OHLA tuvo que ampliar capital por 50 millones para taponar el agujero. En otro caso, aún perdiendo, OHLA ha ganado enteros. La compañía había provisionado 28 millones para hacer frente a reclamaciones en el proyecto de construcción del Hospital de Sidra en Doha (Catar) y la Cámara de Comercio Internacional resolvió este verano que OHLA y sus socios deberán pagar 24,3 millones de euros a Qatar Foundation. Del mal, el menos. Un alivio: a OHLA le sobran 15 millones de las provisiones, aunque queda pendiente la determinación de costas e intereses finales.
Pero el gran triunfo, el que ha despejado mucha incertidumbre en el corto plazo en OHLA ha sido el laudo del pasado mes de febrero sobre el proyecto para construir varias estaciones del Metro de Doha (Catar), adjudicado a un consorcio liderado por Samsung C&T (51%), junto con OHLA (30%) y Qatar Building Company (19%). El contrato fue rescindido unilateralmente por Qatar Railways en 2016, lo que originó el arbitraje. Resultado: Qatar Rail ha sido considerado responsable de la terminación anticipada e ilegal del contrato. Tiene que indemnizar al consorcio con 315 millones de euros de los que 95 son para OHLA. Total: sumados los millones provisionados en exceso de Kuwait y la compensación de Catar, el grupo que dirige el mexicano Tomás Ruiz desde septiembre del pasado año, ha adornado la caja con más de 100 millones.
¿Éxito o carambola?
Un éxito, según la dirección de OHLA; una simple carambola, según fuentes cercanas a los accionistas más críticos de la compañía. “Es cierto que ha habido dos laudos, uno a favor y el otro suficientemente bueno, sí”, sostienen, “pero ¿qué tiene que ver eso con la gestión actual? El laudo hubiera venido igual”. Es una valoración dura, como dura fue la salida en marzo de cuatro consejeros, encabezados por el empresario José Elías Navarro (Audax Renovables, La Sirena). Los cuatro consejeros —el propio Elías, José Eulalio Poza, Josep Maria Echarri y Antonio Almansa— habían entrado en bloque en OHLA tres meses antes con una participación conjunta del 17% y dimitieron en bloque. La razón oficial de su marcha, expresadas en las respectivas cartas de dimisión, recogía discrepancias con la gestión financiera y las previsiones de caja, con su oposición al cese del director financiero de la sociedad —José María Sagardoy— y con la “existencia de deficiencias en los procesos de investigación interna sobre posibles irregularidades y conflictos de interés”. La CNMV abrió expedientes y los cerró sin consecuencias. Lo que no quiere decir que el asunto esté acabado por todas las partes.
Elías, que no acudió a la última ampliación de capital, mantiene un 8,7% de las acciones de la compañía. Su salida, junto a la del resto de consejeros, se interpretó como el fin de una etapa —corta— de bloqueo e inestabilidad que obstaculizaba decisiones clave (como ampliaciones de capital o cambios ejecutivos). El consejo se ha renovado con la incorporación de independientes —José Miguel Andrés Torrecillas, Socorro Fernández Larrea, Vicente Rodero— y, en principio, la permanencia del consejero delegado Tomás Ruiz permite dar continuidad al plan estratégico 2025–2027. Pero en el entorno de los consejeros salientes, nada se da por resuelto. Según afirman, la reestructuración de la deuda se debió a su buena labor — “tienen un colchón de tres o cuatro años por aquella negociación [con bancos y bonistas] aseguran—, pero los problemas no han desaparecido”. Ni las cautelas.
