El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había marcado el Comité Federal celebrado ayer como un punto de inflexión en la respuesta del partido al trauma abierto por el caso Ábalos y, sobre todo, por el encarcelamiento de quien hasta hace menos de un mes era su secretario de Organización, Santos Cerdán. Esa respuesta, más dirigida a la militancia que a la ciudadanía, fue insuficiente. No logró restablecer la credibilidad dañada y está lejos de cerrar una crisis cuya trascendencia, ya enorme, crece cada día.
Tras su resurrección política en 2017, que impulsó después la del partido, uno de los objetivos de Pedro Sánchez fue hacer imposible una rebelión del aparato como la que le había defenestrado un año antes. Para ello, con Ábalos como brazo ejecutor, impulsó la transformación del PSOE en una organización ahormada en torno a su liderazgo. La gran pérdida de poder que siguió a los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2023 tuvo como consecuencia un control de las agrupaciones territoriales que se ha traducido en la consagración de cinco ministros como candidatos para el ciclo electoral que se abre el año que viene con las elecciones andaluzas. Ese poder omnímodo fue el que permitió a Ábalos y Cerdán operar sin contrapesos. Y esa anomalía en un partido con vocación federal fue la que implícitamente reconoció Sánchez al anunciar medidas para reforzar el diálogo, la descentralización y el equilibrio de poderes.
La elección de Rebeca Torró —secretaria de Estado de Industria, pero poco conocida fuera de la Comunidad Valenciana— como sucesora de Cerdán es una clara señal de que los tiempos de la secretaría de Organización todopoderosa se han terminado. Si el hecho de que Torró vaya a contar con dos adjuntos refuerza esa idea, la renuncia del tercero, Francisco Salazar, apenas horas después de ser propuesto y a raíz de la publicación de acusaciones de acoso sexual, subraya la necesidad de extremar los controles. Que además Salazar fuera un estrecho colaborador del presidente —que no citó el caso en su discurso— demuestra otro grave error de selección.
Los pasos anunciados ayer en Ferraz —que el propio Sánchez reconoció como técnicos y burocráticos— son probablemente necesarios, pero no suficientes. La respuesta debe estar a la altura de la crisis, agravada por el ingreso en prisión de quien era su mano derecha en el PSOE y su voz en negociaciones decisivas para la configuración de sus Gobiernos. La estructura radicalmente piramidal del partido concedía a Pedro Sánchez todo el poder y con ello, la responsabilidad política última.
No basta con actuar en el caso de Santos Cerdán con una celeridad que se echó de menos en el de José Luis Ábalos —cuyo expediente duró abierto más de lo aconsejable (también eso se corrigió ayer)— ni reducirlo todo a un problema del aparato. Actuar así es no ser consciente de la gravedad del momento. Pese a los intentos de encapsularla en torno al llamado triángulo tóxico formado por Cerdán, Ábalos y Koldo, la conmoción durará como mínimo mientras la instrucción judicial, todavía muy abierta, no despeje hasta la última duda sobre el alcance de la trama de corrupción, cuyo sustento en la concesión irregular de obra pública a través del Ministerio de Transportes apela también al Gobierno y a la Administración.
Ganar tiempo no equivale a ganar crédito. La catarsis escenificada ayer por la cúpula socialista no puede ser el final del proceso sino su comienzo. La justicia, que tiene sus propios ritmos, establecerá la responsabilidad penal correspondiente; la respuesta política no depende solo de aquella y no puede ser meramente táctica. La tibia respuesta de Pedro Sánchez ante el Comité Federal corre el riesgo de frustrar las expectativas de los ciudadanos y, como demuestran las encuestas, beneficiar a la ultraderecha.
Pedro Sánchez, que acude el miércoles al Congreso para rendir cuentas, ha de lograr cuanto antes el respaldo de sus socios en el Parlamento si quiere demostrar que el programa social que desplegó ayer cuenta con bases sólidas y que la legislatura tiene un horizonte más allá de la mera resistencia ante un panorama electoral adverso. Las reticencias de quienes contribuyeron a llevarlo a La Moncloa son otra demostración de que la crisis de confianza sigue abierta.
