La Fiscalía de Jalisco ha publicado una lista de 493 objetos hallados en el Rancho Izaguirre, sede del campo de exterminio y entrenamiento criminal ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), redescubierto la semana pasada por un grupo de familiares de personas desaparecidas. Entre los objetos hay playeras, mochilas, zapatillas, faldas, mallas, blusas… Anclas que el pasado ha lanzado al presente, trozos de vidas que alguna vez, posiblemente, pasaron por el rancho. El objetivo es que familiares de personas desaparecidas identifiquen los objetos, o que lo hagan antiguos cautivos que pasaron por allí y pudieron escapar.
No es común que una fiscalía en México publique una hoja de cálculo con prendas halladas en un centro de exterminio. Pero la magnitud del horror del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, a hora y cuarto de Guadalajara, la capital de Jalisco, ha obligado a las autoridades a tomar medidas extraordinarias. Mientras tanto, los gobiernos estatal y federal valoran la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga el asunto. Este miércoles, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha informado de que ya pidió a la FGR que se encargue del caso.
Las preguntas son múltiples y comparten espacio con la angustia. Las autoridades llegaron por primera vez al rancho en septiembre del año pasado. Un operativo allí de la Guardia Nacional acabó con diez detenidos, dos secuestrados liberados y el hallazgo de un cadáver. La fiscalía del Estado inspeccionó entonces el espacio con 10 agentes, “se contó con una retroexcavadora, medidores de compactación del suelo y binomios caninos”, ha explicado la dependencia en un comunicado. Pese a ello, no vieron ni uno de los 493 objetos encontrados allí estos días, ni se percataron de la presencia de un solo fragmento óseo. La Fiscalía ahora ya ha encontrado “seis lotes”.
Sorprende la falta de pericia, la negligencia, la omisión, el fracaso, en fin, de la Fiscalía de Jalisco, viendo además sus comentarios. En el comunicado, divulgado el martes por la noche, la dependencia asegura que el crimen no usó el rancho entre el operativo de septiembre y su redescubrimiento, la semana pasada, por voluntad del colectivo de familiares de personas desaparecidas, Guerreros Buscadores. Es decir, que no es que nadie haya colocado las prendas y los huesos en estos meses en el rancho: ya estaban allí. La pregunta, claro, apunta al motivo por el que nadie se preocupó entonces de rescatarlo.
Se impone ahora una espera dolorosa. ¿A cuántas personas corresponden los huesos hallados en el rancho? ¿Y la ropa? ¿Qué ha sido de ellas? Las fotos que han compartido tanto el colectivo como las autoridades estos días son impactantes. Más allá de las imágenes de la montaña de zapatillas, alegoría del horror, la Fiscalía habla de un “área de entrenamiento táctico y otra de acondicionamiento físico” para los reclutas, muchos de ellos supuestamente engañados y conducidos al rancho, mediante ofertas de trabajo falsas, punto de partida de su cautiverio.
Y como siempre ocurre en eventos así, las preguntas trascienden al caso concreto. El redescubrimiento del Rancho Izaguirre como presunto centro de adiestramiento y exterminio interpela al territorio y sus gestores políticos. Según ha documentado EL PAÍS estos años, el historial de espacios parecidos en la región es rico y profundo. En un reportaje de 2019, este diario informaba de un centro parecido en Tala, municipio vecino de Teuchitlán, que funcionó hasta 2017. En el texto se referían otros casos anteriores en zonas cercanas.
Ahora que ha reaparecido en el radar el caso de Teuchitlán, los Guerreros Buscadores reciben constantemente llamadas de personas que aseguran haber estado cautivos en el rancho. Indira Navarro, la vocera del colectivo, ha informado este miércoles, por ejemplo, de que la noche anterior recibió una llamada de una chica, que aseguraba que había estado retenida en el rancho, espacio que el crimen utilizaba desde 2012. ¿Cómo es posible que un espacio así, no demasiado lejos de la cabecera municipal, funcione por más de diez años y nadie haga nada?
La cadena criminal parece clara. Tanto la Secretaría de la Defensa, como consultoras independientes, señalan que la región Valles, donde figura Teuchitlán, además de la Sierra Occidental y la Costa Norte, donde está Puerto Vallarta, es parte del feudo del CJNG. Al menos desde 2022, el Ejército ha señalado que un lugarteniente del grupo, Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo, está a cargo del corredor. En el reportaje sobre los campos de entrenamiento de Tala que publicó este diario en 2019, sobrevivientes entrevistados señalaban a la misma persona. La cuestión ahora apunta a los responsables políticos y policiales, locales y regionales. La capacidad del Sapo y su grupo de imponer el horror en la región alumbra, como poco, su fracaso.
