El derecho a vivir en la ciudad debe incluir a las zonas periféricas, han defendido históricamente urbanistas como Jordi Borja. Hoy parece complicado. Hará cerca de un mes, Luisa López, vecina del madrileño barrio de Argüelles, contaba con tristeza que en su calle, “en lo que va de año, han cerrado varios negocios, casualmente los que acaban con [el sufijo] -ería: mi mueblería y, por encima de todo, la Cafebrería ad Hoc, unos locales especiales con actividades interesantes y diferentes. Y cruzando la calle de la Princesa, también ha bajado persianas la hojaldrería. Todo va cambiando deprisa”, lamenta. Aunque no dijo nada, en agosto le vence a ella su contrato de inquilina —temporal, aunque lleva ya ocho años viviendo en la misma casa— y desconoce también por dónde saldrá su casero. Es la foto común de las ciudades grandes: inmuebles para negocio o vivienda con precios imposibles, que obligan a sus inquilinos a mudarse a la periferia en busca de suelo más barato, o bien a replegarse a sus orígenes como, indica López, han hecho los hojaldreros: “Han vuelto a trabajar solo en su horno original de San Sebastián de los Reyes”, localidad ubicada al norte de la capital.
Los márgenes del sistema
Así se autodenominan los integrantes de la Red de Vivienda Cooperativa, modelo residencial basado en el régimen de cesión de uso: los socios viven de forma permanente en un inmueble de dicha red, pagando una entrada y una mensualidad asequibles. Una vía con un crecimiento exponencial (216 proyectos nacionales, en centros urbanos y zonas metropolitanas) y con mucha lista de espera. “Normal, ya que el coste viene a ser la mitad de lo habitual en el mercado. Estamos contentos con la mención que se hace de ello en el Plan Estatal de Vivienda, sin embargo, no se nos ha asignado una cuota y estamos lejos de que se saquen concursos específicos para esta alternativa, que ya no es para un grupo de amigos ni tampoco es obra social, aunque también se incluyan experiencias de inclusión y vulnerabilidad, por supuesto”, declara Javier Blanco, abogado de Aquo en Grupo Tangente Cooperativo. Y es que la vivienda se consolida como motor de la pobreza según el XVI Informe de EAPN España, y “no solo para quienes se sitúan en la normalidad y que solemos identificar con tal problema social, sino sobre todo para los vulnerables [rentas que no superan el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples] y los pobres extremos [por debajo de dicho umbral], con quienes trabajamos, pues aparte de un techo requieren intervención social”, apela Carlos Piñeyroa, director de la fundación Provincia España Este Hijas de la Caridad, tras la publicación de su documento Improntas 2025, dedicado al “problema de la vivienda del que nadie habla”.
