Para muchos autores, la avalancha de requerimientos regulatorios se ha convertido en un hándicap para la competitividad del sector financiero, pero, sobre todo, para la financiación de la economía real. La tesis sostiene que, tras años de endurecimiento normativo, los bancos operan en un entorno donde estabilidad financiera y crecimiento compiten, aunque también puedan ser dos caras de la misma moneda.
En esta línea, el Reino Unido anunció en 2022 las Reformas de Edimburgo, un paquete de modificaciones destinado a impulsar el crecimiento sostenible y la competitividad de sus servicios financieros. El planteamiento era sencillo: la reforma posterior a la Crisis Financiera Global había regulado para el riesgo, pero no para el crecimiento. La UE recogió esa preocupación en su agenda en 2024. Mario Draghi, con su llamada a un “cambio radical”, y Enrico Letta, al advertir que Europa debía ser “mucho más que un mercado”, situaron la competitividad en el centro del debate. La Declaración de Budapest de 2024 urgió un nuevo pacto para la competitividad basado en un mercado único integrado, del que deriva, entre otros, la Brújula para la Competitividad (2025).
Sin embargo, hasta hace poco, las referencias explícitas al impacto del marco regulatorio y de supervisión en la competitividad bancaria eran tibias. Bajo el enfoque de “mejor regulación”, que persigue simplificar sin desregular, la Autoridad Bancaria Europea y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel del BCE sobre Simplificación anunciaron en 2025 trabajos para mejorar la relación entre la estabilidad financiera y la competitividad.
A finales del pasado año se publicaron sus recomendaciones, articuladas en torno a tres pilares: simplificación regulatoria, supervisora y de reporting. El documento incluye 17 propuestas para su evaluación por la Comisión Europea. En paralelo, las patronales españolas AEB, CECA y UNACC presentaron sus iniciativas para reforzar la competitividad del sector bancario español y europeo. También la Unidad de Gobernanza Económica y Control de la UEM reconoció (2025) que Estados Unidos y la UE aplican enfoques distintos en políticas prudenciales, de gestión de crisis y resolución, así como en el apoyo a la competitividad bancaria, y formuló sus propias recomendaciones de políticas públicas.
Como culminación, en febrero, la Comisión lanzó una consulta pública sobre la competitividad del sector bancario europeo, con el objetivo de recabar evidencia sobre cómo ajustar el marco normativo y supervisor para favorecer la financiación de la economía. Frente a esta aproximación gradual, Estados Unidos optó ya en 2018 por aliviar los requerimientos aplicables al “community banking” y a las entidades con activos inferiores a 250.000 millones de dólares, con el argumento de eliminar trabas a la creación de empleo y al crecimiento económico. Para Europa, el debate sigue abierto, intensamente político, intensamente técnico.
